La posibilidad de una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quedó abierta luego de que la Contraloría General de la República concluyera que la exautoridad excedió sus atribuciones al requerir antecedentes de una investigación penal en curso a pocos días de asumir. El debate irrumpe mientras el Congreso discute si corresponde endurecer los requisitos para presentar este tipo de acciones, en un clima marcado por recientes libelos contra exautoridades.
Contraloría cuestiona solicitud de información reservada
El pronunciamiento del órgano fiscalizador, difundido este jueves, introdujo un doble eje: por una parte, determinó que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, se ajustó a derecho; por otra, estableció que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al solicitar información sensible respecto de una causa penal 48 horas después de asumir el cargo, el 11 de marzo.
La revisión se centró en el oficio reservado N.° 28, mediante el cual la entonces ministra pidió a la Policía de Investigaciones una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a un caso específico: la investigación del denominado “Clan Chen” en Iquique. Para Contraloría, dicha gestión desbordó las competencias que corresponden a la jefatura política del sector, al intervenir en información de carácter reservado propia de una indagatoria en curso.
Oposición abre flanco con eventual libelo
En la oposición se dio por iniciado el análisis político y jurídico. El diputado Raúl Leiva (PS), quien recurrió a Contraloría para solicitar este pronunciamiento, calificó lo sucedido como de máxima gravedad. “La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país”, afirmó.
Leiva adelantó que el paso siguiente será evaluar el espectro de responsabilidades: “Vamos a analizar los alcances de este dictamen y, de todas maneras, vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea”. Esta postura dejó abierta la puerta a un libelo acusatorio, en un escenario en que el Congreso, además, discute mecanismos para elevar el estándar de admisibilidad de estas acciones.
Pinilla pide señales del Gobierno y no descarta nueva acusación
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Patricio Pinilla consideró insuficientes las explicaciones entregadas hasta ahora por el Ejecutivo. “No basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías”, sostuvo.
El legislador fue más allá y planteó la necesidad de explorar herramientas de fiscalización parlamentaria. “Por mucho menos se acusó al ministro Nicolás Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional”, manifestó. De acuerdo con los plazos que fija la Constitución, los parlamentarios disponen hasta mediados de agosto para presentar un eventual libelo, fecha en que se cumplirán tres meses desde la salida de Trinidad Steinert del gabinete.
Oficio reservado y caso “Clan Chen”: los alcances del dictamen
El eje técnico del dictamen se concentra en el alcance del oficio reservado N.° 28, el instrumento administrativo mediante el cual la entonces ministra solicitó un listado pormenorizado de funcionarios de la Brigada Antinarcóticos presuntamente vinculados a la indagatoria del “Clan Chen” en Iquique. Para el órgano contralor, ese requerimiento extralimitó la potestad de supervisión política, al adentrarse en el contenido operativo y reservado de una investigación penal activa. En paralelo, la resolución afianzó la legalidad de la remoción de Consuelo Peña como exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, descartando que aquel acto administrativo se apartara del marco normativo vigente.
El resultado coloca en tensión el principio de coordinación del sector seguridad —que exige conducción estratégica— con la obligación de respetar la autonomía funcional de los órganos que investigan delitos, especialmente cuando se trata de antecedentes sujetos a reserva. Esa línea es la que, según Contraloría, fue sobrepasada a las 48 horas de asumido el cargo, el 11 de marzo.
Oficialismo: error administrativo, no delito
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, subrayó que lo ocurrido encaja más en un error administrativo o político que en una conducta penal: “Parece ser un error administrativo o político, no un tema penal”. A juicio del exdiputado, resulta razonable que una autoridad de seguridad requiera información sobre el desempeño de las instituciones encargadas de combatir el delito. “Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones”, indicó.
Con todo, Kaiser reconoció que es la Contraloría la llamada a definir si existió una infracción desde el punto de vista administrativo: “Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República”.
Debate en el Congreso: requisitos y límites a las acusaciones
El caso irrumpe mientras el Parlamento discute la necesidad de endurecer los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, tras una seguidilla de libelos contra exautoridades en meses recientes. La eventual acción contra Trinidad Steinert, sugerida por sectores de la oposición, podría convertirse en un caso testigo de esa discusión: por un lado, quienes demandan señales nítidas de no intervención en investigaciones en curso; por otro, quienes estiman que no corresponde judicializar errores administrativos y que se debe preservar el espacio de conducción política del área de seguridad.
La tensión política y procedimental se traslada ahora a los comités parlamentarios, donde se analizarán costos y efectos de abrir una nueva acusación, en paralelo a la exploración de alternativas como una comisión investigadora. El reloj constitucional, con límite en mediados de agosto, añade presión a las definiciones.
Claves del dictamen de Contraloría
— Se confirmó que la remoción de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, se ajustó a derecho.
— Se estableció que Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información reservada de una investigación penal en curso, a través del oficio reservado N.° 28, presentado 48 horas después de asumir, el 11 de marzo.
— La solicitud apuntó a una nómina de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos relacionada con la pesquisa del “Clan Chen” en Iquique.
Plazos y escenarios en evaluación
— La oposición, con voces como las de Raúl Leiva (PS) y Patricio Pinilla (DC), evalúa acciones fiscalizadoras, incluida una posible acusación constitucional o una comisión investigadora.
— El oficialismo, representado por Johannes Kaiser, ve el episodio como un error administrativo y no un delito, y remite la calificación a Contraloría.
— La ventana constitucional para presentar un libelo se mantiene abierta hasta mediados de agosto.
El pronunciamiento de la Contraloría reordena el tablero político en torno a los límites de la conducción del sector seguridad frente a las investigaciones reservadas. Con plazos corriendo y miradas divergentes sobre la proporcionalidad de las herramientas de control político, el Congreso deberá decidir si este caso amerita escalar hacia una acusación o si basta con trazar, con nitidez, el estándar que regirá futuras actuaciones de las autoridades en materia de seguridad pública.
