Diputados de oposición dejaron abierta la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes de una investigación penal en curso durante su gestión. El debate se produce en paralelo a la discusión en el Congreso sobre la necesidad de endurecer los requisitos para impulsar este tipo de acciones, tras las recientes acusaciones constitucionales promovidas contra exautoridades.
Contraloría cuestiona solicitud de información sensible
En un pronunciamiento dado a conocer este jueves, la Contraloría estableció dos puntos centrales. Por un lado, concluyó que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, se ajustó a derecho. Por otro, determinó que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al requerir información sensible sobre una investigación penal apenas 48 horas después de asumir el cargo, el 11 de marzo.
El dictamen analizó el oficio reservado N.° 28, mediante el cual la entonces ministra solicitó a la Policía de Investigaciones una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa específica: la investigación del denominado “Clan Chen” en Iquique. Se trata de antecedentes calificados como reservados y propios del desarrollo de una causa penal en curso, lo que —según el órgano contralor— excede el marco de atribuciones ministeriales en ese contexto.
Leiva (PS): “Vamos a perseguir la responsabilidad política”
El diputado Raúl Leiva (PS), quien solicitó el pronunciamiento a la Contraloría, calificó de grave la actuación de la exsecretaria de Estado. “La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país”, señaló.
Respecto de los pasos a seguir, el parlamentario adelantó que su sector revisará con detalle el contenido del dictamen para fijar eventuales responsabilidades. “Vamos a analizar los alcances de este dictamen y, de todas maneras, vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea”, afirmó.
Pinilla (DC) abre la puerta a un nuevo libelo
En la misma línea crítica, el diputado Patricio Pinilla (DC) consideró insuficientes las explicaciones entregadas hasta ahora por el Ejecutivo. “No basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías”, sostuvo.
El legislador también propuso evaluar la adopción de nuevas herramientas fiscalizadoras. “Por mucho menos se acusó al ministro Nicolás Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional”, planteó. De acuerdo con los plazos fijados por la Constitución, los parlamentarios tienen hasta mediados de agosto para presentar un eventual libelo, cuando se cumplirán tres meses desde la salida de Trinidad Steinert del gabinete.
Kaiser: “Parece ser un error administrativo o político”
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, desdramatizó la arista penal del caso y la circunscribió a un posible traspié de gestión. “Parece ser un error administrativo o político, no un tema penal”, afirmó.
En su análisis, defendió que una autoridad del área de seguridad busque conocer el estado de funcionamiento de las instituciones a su cargo. “Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones”, señaló. Con todo, reconoció que es la Contraloría la instancia competente para evaluar si existió una infracción en el plano administrativo: “Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República”.
Un debate que cruza el uso de las acusaciones constitucionales
La controversia estalla mientras en el Congreso se discute la conveniencia de endurecer los requisitos para la presentación de acusaciones constitucionales, a la luz de las recientes iniciativas impulsadas contra exautoridades. En ese marco, las declaraciones de los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla reabren la conversación sobre los límites entre la legítima fiscalización parlamentaria y el uso político de un instrumento que tiene consecuencias institucionales relevantes. La referencia de Pinilla a la acusación presentada contra el exministro Nicolás Grau ilustra el clima en que se inserta el análisis: un escenario de alta sensibilidad frente a los mecanismos de control político y a su eventual sobreutilización.
Límites institucionales y señales al sistema de seguridad
El dictamen de la Contraloría, al delimitar el alcance de la solicitud de información por parte de la exministra, incide en un aspecto neurálgico del sistema: la relación entre el Ejecutivo y las policías durante investigaciones en curso. Para la oposición, el episodio supone un antecedente grave que compromete la responsabilidad política; para el oficialismo, en cambio, se trataría de un error administrativo sin connotación penal. Entre ambos diagnósticos, el eje sigue siendo el mismo: dónde trazan su frontera las atribuciones ministeriales en materias sensibles y cómo resguardar el curso de indagatorias reservadas sin afectar la conducción estratégica de la seguridad pública.
El oficio reservado N.° 28 y el caso “Clan Chen”
La controversia se origina en la solicitud que la entonces ministra Trinidad Steinert realizó mediante el oficio reservado N.° 28, dirigida a la PDI. En ese documento pidió una nómina detallada de funcionarios de la Brigada Antinarcóticos asociados a una causa específica: la investigación del “Clan Chen” en Iquique. La Contraloría consideró que esa petición involucraba información sensible propia de una investigación penal activa, y que fue formulada 48 horas después de que la autoridad asumiera el cargo, el 11 de marzo.
Calendario y escenarios para un eventual libelo
Si la oposición opta por impulsar una acusación constitucional, el plazo para presentar el libelo se extiende hasta mediados de agosto, cuando se cumplirán tres meses desde la salida de Steinert del gabinete. En paralelo, voces como la del diputado Patricio Pinilla han sugerido evaluar una comisión investigadora, mientras que el diputado Raúl Leiva adelantó que buscarán establecer responsabilidades políticas y administrativas a partir de los alcances del dictamen del órgano contralor.
El episodio tensiona la delgada línea entre la conducción política de la seguridad y el resguardo de investigaciones reservadas. Con la Contraloría fijando criterios sobre los límites administrativos, y con un Congreso que discute el estándar para activar acusaciones constitucionales, el foco se desplaza ahora a la decisión que adopte la oposición dentro de los plazos vigentes. El desenlace —ya sea a través de un libelo, una comisión investigadora o la sola acción de control político— dejará una señal relevante sobre cómo el sistema equilibra la necesidad de rendimiento de cuentas con la eficacia y la reserva que exigen las indagatorias penales en curso.
