Diputados de oposición dejaron abierta la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, luego de que la Contraloría General de la República concluyera que excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes de una investigación penal en curso durante su gestión. La discusión se instala en un contexto en que el Congreso debate endurecer los requisitos para estas acciones, tras una seguidilla de libelos ingresados en los últimos meses contra exautoridades.
Contraloría acredita extralimitación y valida remoción en la PDI
El pronunciamiento del órgano fiscalizador, publicado este jueves, abordó dos materias. Por un lado, determinó que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, “se ajustó a derecho”. Por otro, estableció que la entonces ministra Trinidad Steinert actuó fuera de sus atribuciones al requerir información sensible sobre una causa penal apenas 48 horas después de asumir el cargo, el 11 de marzo.
El dictamen analizó el oficio reservado N.° 28, por el cual la secretaria de Estado solicitó a la Policía de Investigaciones una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a un caso específico: la investigación del denominado “Clan Chen” en Iquique. La Contraloría sostuvo que esa petición excedió la competencia ministerial por tratarse de antecedentes reservados de una indagatoria en curso.
Oposición evalúa un libelo y fija el foco en responsabilidades
Tras conocerse el dictamen, en la oposición se consolidó la idea de revisar eventuales cursos de acción parlamentaria. Si bien no hay una decisión adoptada, los impulsores de esa línea recalcan que el fallo del ente contralor instala un estándar claro sobre los límites de la autoridad política frente a investigaciones penales en desarrollo. De acuerdo con los plazos establecidos por la Constitución, los parlamentarios tienen hasta mediados de agosto para presentar un eventual libelo, cuando se cumplirán tres meses desde la salida de Trinidad Steinert del gabinete.
En ese marco, emergen dos vías: activar una instancia de fiscalización previa —como una comisión investigadora— o dar paso directamente a la acusación constitucional. Cualquiera sea la alternativa, los diputados insisten en que el énfasis estará en la revisión de la responsabilidad política que, a su juicio, podría desprenderse de la actuación advertida por el órgano de control.
Diputado Leiva: “Vamos a perseguir la responsabilidad política”
El diputado Raúl Leiva (PS), quien recurrió a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento, calificó como grave la conducta atribuida a la exministra. “La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país”, afirmó.
Respecto de los pasos a seguir, Leiva sostuvo que su bancada revisará con detalle el alcance del dictamen y no descartó ningún mecanismo que la Carta Fundamental contempla. “Vamos a analizar los alcances de este dictamen y, de todas maneras, vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea”.
Diputado Pinilla exige definiciones del Gobierno y no descarta un nuevo libelo
En sintonía con ese diagnóstico, el diputado Patricio Pinilla (DC) juzgó insuficientes las explicaciones entregadas hasta ahora por el Ejecutivo. “No basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías”, señaló.
Pinilla fue más allá y planteó la evaluación de nuevas herramientas de control parlamentario. “Por mucho menos se acusó al ministro Nicolás Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional”, manifestó, aludiendo a los mecanismos disponibles y a la necesidad de fijar líneas rojas en la relación entre autoridad política y las policías operativas.
Kaiser descarta delito y habla de un error administrativo
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, relativizó el cariz penal del episodio. “Parece ser un error administrativo o político, no un tema penal”, afirmó. A su juicio, es razonable que una autoridad a cargo de la seguridad requiera información para conocer el funcionamiento de las instituciones que combaten el delito. “Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones”, señaló.
Con todo, el dirigente remarcó que la calificación del hecho corresponde a la Contraloría. “Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República”, cerró.
Un debate cruzado por la reserva de las investigaciones
El eje de la controversia vuelve sobre un punto sensible del sistema: la reserva de las investigaciones penales y los límites que rigen la coordinación interinstitucional. El dictamen pone el acento en la necesidad de resguardar antecedentes que, por su naturaleza, solo deben ser conocidos por quienes investigan operativamente, estableciendo que las instrucciones o requerimientos desde el nivel político no pueden vulnerar ese estándar.
Este caso, además, coincide con una discusión más amplia en el Congreso sobre la pertinencia de endurecer los requisitos de las acusaciones constitucionales, un mecanismo excepcional que busca hacer efectiva la responsabilidad de altas autoridades. La controversia actual vuelve a tensionar esa agenda: para algunos, las modificaciones deben evitar el uso instrumental de estas herramientas; para otros, es clave reforzar su eficacia ante eventuales extralimitaciones del poder político.
Claves del dictamen de la Contraloría
El fallo del órgano contralor, dado a conocer este jueves, contiene dos determinaciones centrales. Primero, ratifica que la salida de Consuelo Peña de su cargo en la estructura de Inteligencia de la PDI “se ajustó a derecho”. Segundo, estima que la exministra Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al requerir, mediante el oficio reservado N.° 28, una nómina detallada de funcionarios de la Brigada Antinarcóticos vinculados a la investigación del “Clan Chen” en Iquique, apenas 48 horas después de asumir, el 11 de marzo.
Plazos y escenarios en el Congreso
Los parlamentarios cuentan hasta mediados de agosto para ingresar una eventual acusación constitucional contra la exministra, plazo que coincide con los tres meses desde su salida del gabinete. En paralelo, algunos sectores evalúan activar una comisión investigadora como paso previo o complementario. El debate sobre el camino a seguir se dará a la luz del dictamen y de las señales que, a juicio de los legisladores, entregue el Gobierno respecto de la no intervención en investigaciones que lideran las policías.
El dictamen de la Contraloría reordenó el tablero político al fijar límites sobre la relación entre autoridad y policías en causas penales reservadas. Con la oposición dispuesta a “perseguir la responsabilidad política” y el oficialismo enmarcando el episodio como un eventual error administrativo, el desenlace dependerá de las definiciones que adopte el Congreso dentro de los plazos vigentes y de la capacidad del sistema para equilibrar coordinación institucional y resguardo estricto de la reserva investigativa.
