La posibilidad de una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quedó abierta luego de que la Contraloría General de la República concluyera que excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes de una investigación penal en curso, apenas iniciada su gestión. El debate se instala mientras el Congreso discute elevar los requisitos para impulsar este tipo de acciones, en medio de una seguidilla de libelos recientes contra exautoridades que ha tensionado la agenda política y los mecanismos de fiscalización.
Contraloría cuestiona solicitud de información reservada
El pronunciamiento del organismo fiscalizador, publicado este jueves, estableció dos conclusiones centrales. Por un lado, determinó que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, se ajustó a derecho. Por otro, y de forma categórica, señaló que Trinidad Steinert actuó fuera de sus atribuciones al requerir información sensible de una investigación penal en curso durante los primeros días de su mandato.
Según el dictamen, la exministra solicitó antecedentes reservados 48 horas después de asumir el cargo, el 11 de marzo. La Contraloría estimó que la petición vulneró los márgenes propios de la autoridad política en materias sujetas al resguardo de la investigación penal, resguardos que recaen en las instituciones encargadas de su conducción y persecución. La observación del ente contralor encendió alertas en el Parlamento, donde emergieron voces que califican el hecho como grave y que ya adelantan eventuales caminos de responsabilidad política y administrativa.
El oficio reservado N.° 28 y el caso “Clan Chen”
El documento en cuestión, el oficio reservado N.° 28, fue dirigido a la Policía de Investigaciones y solicitaba una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa específica: la investigación del denominado “Clan Chen” en Iquique. El carácter reservado de la comunicación, así como la naturaleza de la información requerida, resultaron determinantes en el análisis del órgano contralor, que subrayó la improcedencia de la solicitud desde la perspectiva de las atribuciones ministeriales.
La referencia a una investigación en curso y a la identificación de funcionarios operativos en un ámbito de alta sensibilidad —como el combate al narcotráfico— situó el debate más allá de un mero trámite administrativo. Para la Contraloría, el estándar de intervención política en procesos penales activos es estricto y, en este caso, no fue observado. Este eje jurídico y procedimental es el que abre la puerta a nuevas acciones en el Congreso, donde la disputa por los límites y alcances de la fiscalización parlamentaria vuelve a escena.
Oposición evalúa un libelo: “Vamos a perseguir la responsabilidad política”
El diputado Raúl Leiva (PS), quien acudió a la Contraloría para solicitar el pronunciamiento, calificó como especialmente grave la actuación de la exsecretaria de Estado. “La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país”, afirmó.
Respecto de los pasos a seguir, Leiva adelantó que su bancada y otros parlamentarios estudiarán a fondo el dictamen para definir responsabilidades. “Vamos a analizar los alcances de este dictamen y, de todas maneras, vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea”, señaló. Con ello, dejó abierta la posibilidad de un libelo, en un contexto en que el Congreso evalúa endurecer los requisitos para su presentación.
Pinilla: “No basta con disculpas”; se abre la puerta a nuevas acciones
El diputado Patricio Pinilla (DC) también consideró insuficientes las explicaciones dadas hasta ahora por el Ejecutivo frente a los hechos acreditados por la Contraloría. “No basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías”, sostuvo.
El parlamentario fue más allá y planteó opciones de fiscalización adicionales en la Cámara. “Por mucho menos se acusó al ministro Nicolás Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional”, manifestó. De acuerdo con los plazos constitucionales mencionados en el Congreso, los diputados tienen hasta mediados de agosto para presentar un eventual libelo, cuando se cumplirán tres meses desde la salida de Trinidad Steinert del gabinete.
Visión desde el oficialismo: “Error administrativo o político, no penal”
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, relativizó la dimensión penal del episodio y acotó el hecho al terreno de la gestión. “Parece ser un error administrativo o político, no un tema penal”, afirmó. A su juicio, resulta razonable que una autoridad encargada de la seguridad procure información sobre el funcionamiento de las instituciones responsables de perseguir el delito. “Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones”, indicó.
Kaiser, sin embargo, reconoció el rol de la Contraloría como árbitro de lo ocurrido en el plano administrativo. “Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República”, concluyó.
Un debate que trasciende el caso: reglas y límites de la fiscalización
El episodio reavivó en el Parlamento la discusión sobre el equilibrio entre control político y conducción de investigaciones penales en curso. Mientras la Contraloría acota el radio de acción de las autoridades en causas activas, parte de la oposición insiste en que episodios como este requieren respuestas institucionales más contundentes. En paralelo, el Congreso mantiene en debate la necesidad de endurecer los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, un debate que se cruza con los plazos y definiciones que marcarán los próximos movimientos legislativos.
La reflexión que subyace al caso apunta a los límites del mando civil sobre organismos policiales cuando existe una investigación judicial en marcha, y a la vez interroga la eficacia de los mecanismos de control existentes. En ese cuadro, el dictamen de la Contraloría opera como señal de advertencia y como base para las decisiones políticas que podrían adoptarse en las próximas semanas.
El dictamen de la Contraloría, la evaluación de eventuales responsabilidades y los plazos que corren hacia mediados de agosto delinean un escenario de alta sensibilidad institucional. Lo que se resuelva marcará no solo el futuro inmediato de este caso, sino también el estándar con que se medirá la interacción entre autoridades políticas y organismos de persecución penal. La tensión entre la necesidad de información para gestionar la seguridad y el respeto estricto a los límites legales seguirá en el centro del debate parlamentario, junto con la definición de umbrales más exigentes para accionar herramientas como la acusación constitucional.
Claves del dictamen
– La Contraloría concluyó que la remoción de Consuelo Peña de la subdirección de Inteligencia de la PDI se ajustó a derecho.
– El organismo estimó que Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información sensible de una investigación penal mediante el oficio reservado N.° 28, emitido 48 horas después de asumir, el 11 de marzo.
Próximos pasos en el Congreso
– Diputados de oposición evalúan acciones fiscalizadoras, entre ellas una acusación constitucional o una comisión investigadora.
– Según los plazos mencionados en el Congreso, el eventual libelo podría presentarse hasta mediados de agosto, tres meses después de la salida de Steinert del gabinete.
