La posibilidad de una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quedó sobre la mesa tras el dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la exautoridad excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes de una investigación penal en curso. El debate político se instala mientras el Congreso discute la conveniencia de endurecer los requisitos para impulsar este tipo de acciones, en medio de una seguidilla de libelos recientes contra exautoridades.
Contraloría establece exceso de atribuciones y valida medida en la PDI
El pronunciamiento del organismo fiscalizador, publicado este jueves, entregó dos conclusiones relevantes para el caso. Por una parte, determinó que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, se ajustó a derecho. Por otra, sostuvo que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al requerir información sensible vinculada a una investigación penal en curso.
Según el dictamen, la solicitud de datos reservados ocurrió apenas 48 horas después de que la entonces ministra asumiera el cargo, el 11 de marzo, situación que el organismo consideró improcedente. La referencia temporal y las materias consultadas se transformaron en el eje del reparo administrativo descrito por la Contraloría.
El “oficio reservado N.° 28” y el foco en el caso “Clan Chen”
El documento analiza el oficio reservado N.° 28, mediante el cual la cartera encabezada por Steinert solicitó a la Policía de Investigaciones una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa específica. De acuerdo con el pronunciamiento, lo requerido se enmarcaba en la indagatoria del denominado “Clan Chen” en Iquique.
La calificación de “información sensible” en poder de la policía —por su carácter reservado y por corresponder a diligencias asociadas a una causa penal activa— es el punto en el que el órgano contralor sitúa el exceso de atribuciones de la exministra, en tanto la solicitud fue presentada desde el Ejecutivo en un momento inicial de su gestión y sobre antecedentes protegidos por el curso de la investigación.
Leiva: “Vamos a perseguir la responsabilidad política”
Desde la oposición, el diputado Raúl Leiva (PS) —quien acudió a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento— calificó como grave la actuación de la exsecretaria de Estado. “La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país”, afirmó.
Respecto de los pasos a seguir, el parlamentario sostuvo: “Vamos a analizar los alcances de este dictamen y, de todas maneras, vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea”. Sus palabras elevan la presión para considerar mecanismos de control político, en un escenario ya tensionado por procesos recientes de fiscalización a exautoridades.
Pinilla plantea evaluar un nuevo libelo y exige señales del Gobierno
Una postura convergente expresó el diputado Patricio Pinilla (DC), quien calificó de insuficientes las explicaciones conocidas hasta ahora. “No basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías”, sostuvo.
El legislador fue más allá y dejó abierta la puerta a nuevas acciones. “Por mucho menos se acusó al ministro Nicolás Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional”, manifestó. De acuerdo con los plazos establecidos por la Constitución, los parlamentarios tienen hasta mediados de agosto para presentar un eventual libelo, cuando se cumplirán tres meses desde la salida de Steinert del gabinete.
Kaiser descarta delito y lo circunscribe a un eventual error administrativo
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que el caso “parece ser un error administrativo o político, no un tema penal”. El exdiputado argumentó que resulta razonable que una autoridad encargada de la seguridad solicite información sobre el funcionamiento de las instituciones que persiguen el delito. “Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones”, indicó.
Con todo, Kaiser puntualizó que corresponde a la Contraloría determinar la existencia de una infracción administrativa. “Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República”, concluyó.
Congreso discute endurecer los requisitos para futuras acusaciones
El debate sobre el posible libelo contra Steinert coincide con una discusión más amplia en el Congreso acerca de la necesidad de elevar los estándares para la presentación de acusaciones constitucionales. La preocupación surge tras las recientes acciones impulsadas contra exautoridades, que han reabierto la conversación en torno al uso y al umbral de procedencia de estas herramientas de control político.
En este contexto, el nuevo fallo de la Contraloría alimenta la deliberación parlamentaria: mientras un sector plantea que el pronunciamiento refuerza la pertinencia de evaluar responsabilidades políticas, otro subraya que el caso se circunscribe a la esfera administrativa y que no debiese escalar a lo penal. El punto de equilibrio entre control y prudencia vuelve así al centro de la agenda legislativa.
Plazos y márgenes de acción
Con mediados de agosto como hito para la eventual presentación del libelo, la oposición dispone de una ventana acotada para estudiar el dictamen y definir si impulsa una comisión investigadora o una acusación constitucional. En paralelo, se mantiene la expectativa por una señal explícita del Ejecutivo respecto de la no intervención en investigaciones policiales, demanda que ha sido reiterada por sectores críticos.
Lo que define el dictamen
El pronunciamiento del órgano contralor sostiene dos elementos centrales: la legalidad de la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, y el exceso de atribuciones de la exministra al requerir información reservada —mediante el oficio reservado N.° 28— sobre funcionarios vinculados a la causa del “Clan Chen” en Iquique. Estas conclusiones ordenan el debate político y marcan el marco de responsabilidades administrativas y políticas que distintos actores buscan dilucidar.
El caso tensiona el borde entre la conducción política de la seguridad y el respeto a las reglas que protegen la reserva de las investigaciones penales. Con una oposición dispuesta a “perseguir la responsabilidad” y voces oficialistas que circunscriben lo ocurrido a un “error administrativo”, el desenlace dependerá de la lectura parlamentaria del dictamen y de las señales que emita el Gobierno en los próximos días. En cualquier escenario, el episodio vuelve a poner bajo la lupa el uso de las herramientas de fiscalización y los contrapesos institucionales en el ámbito de la seguridad pública.
