La posibilidad de una acusación constitucional volvió a instalarse en el Congreso luego de que la Contraloría General de la República concluyera que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes de una investigación penal en curso. La controversia se produce mientras parlamentarios discuten endurecer los requisitos para presentar este tipo de acciones, en medio de una seguidilla de libelos impulsados en los últimos meses contra exautoridades.
El pronunciamiento del organismo fiscalizador, divulgado este jueves, marcó dos puntos centrales: por un lado, resolvió que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, se ajustó a derecho; por otro, estableció que la entonces secretaria de Estado vulneró los límites de sus competencias al requerir información sensible sobre una causa penal apenas 48 horas después de asumir el cargo, el 11 de marzo. El oficio en cuestión —el oficio reservado N.° 28— solicitó a la Policía de Investigaciones una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen” en Iquique.
Oposición evalúa acusación constitucional contra Steinert
Desde la oposición, diversos diputados dejaron abierta la puerta a impulsar una acusación constitucional contra Steinert, amparándose en los hallazgos de la Contraloría. El debate se enmarca en una discusión mayor: si el Parlamento debe fijar umbrales más exigentes para activar este mecanismo de control político, luego de los recientes libelos dirigidos a otras autoridades.
La controversia no solo reabre una disputa sobre los límites del poder político en materias investigativas, sino que además obliga a revisar los criterios con que se exige responsabilidad a autoridades que, por mandato, deben dirigir y coordinar los esfuerzos de seguridad pública sin invadir esferas propias de la persecución penal.
Dictamen de Contraloría: exceso de atribuciones y acto ajustado a derecho
El organismo de control determinó que la salida de Consuelo Peña de la Subdirección de Inteligencia de la PDI “se ajustó a derecho”, despejando dudas sobre ese movimiento administrativo. Con igual claridad, el dictamen estableció que Trinidad Steinert actuó por fuera de sus atribuciones al requerir, mediante el oficio reservado N.° 28, antecedentes sensibles de una indagatoria en curso: una nómina de efectivos de una Brigada Antinarcóticos vinculados al caso del “Clan Chen” en Iquique.
El pronunciamiento subraya un aspecto institucional clave: la necesaria separación entre las atribuciones de conducción política de la seguridad —propias de la autoridad— y la autonomía técnica de organismos persecutores y policiales en causas penales vigentes. El punto de fricción surge precisamente cuando una solicitud de información, proveniente del nivel ministerial, alcanza ámbitos protegidos por la reserva de la investigación.
Raúl Leiva: “Vamos a perseguir la responsabilidad política”
El diputado Raúl Leiva (PS), quien elevó la consulta a la Contraloría, calificó de “gravísima” la conducta de la entonces jefa de Seguridad Pública. “La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país”, afirmó.
Respecto de los pasos a seguir, Leiva precisó: “Vamos a analizar los alcances de este dictamen y, de todas maneras, vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea”. La declaración deja en claro que, dentro del abanico de instrumentos disponibles, la posibilidad de un libelo permanece en evaluación.
Patricio Pinilla plantea evaluar un nuevo libelo
Una postura en sintonía expresó el diputado Patricio Pinilla (DC), quien consideró insuficientes las explicaciones del Ejecutivo. “No basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías”, sostuvo.
Pinilla fue más allá al comparar la situación con otras acusaciones recientes: “Por mucho menos se acusó al ministro Nicolás Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional”. De acuerdo con los plazos establecidos por la Constitución, los parlamentarios tienen hasta mediados de agosto para presentar un eventual libelo, fecha en que se cumplirán tres meses desde la salida de Trinidad Steinert del gabinete.
Johannes Kaiser descarta que exista un delito
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, relativizó el alcance penal del episodio. “Parece ser un error administrativo o político, no un tema penal”, señaló, marcando distancia de interpretaciones que ubican el hecho en el ámbito delictivo.
Kaiser defendió la razonabilidad de que una autoridad del área de seguridad solicite información para evaluar el desempeño institucional: “Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones”, indicó. Con todo, admitió que la calificación sobre una eventual infracción administrativa recae en el ente contralor: “Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República”.
El caso que encendió la alerta: antecedentes reservados de una investigación activa
La solicitud de información que motivó el reproche de la Contraloría se articuló en el oficio reservado N.° 28, y requirió a la PDI un detalle de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa específica: la indagatoria del “Clan Chen” en Iquique. El requerimiento ocurrió a 48 horas de que Steinert asumiera, el 11 de marzo, y fue calificado por el organismo fiscalizador como un actuar fuera del marco de atribuciones de la autoridad política, atendida la sensibilidad y reserva de los antecedentes solicitados.
Alcances del pronunciamiento fiscalizador
El dictamen publicado este jueves dejó zanjado que la remoción de Consuelo Peña se ajustó a derecho, al tiempo que cuestionó la solicitud de antecedentes sensibles por parte de la entonces ministra de Seguridad Pública. La Contraloría estableció que, en ese punto, Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al requerir información sobre una investigación penal en curso a través del oficio reservado N.° 28.
Plazos y escenarios posibles en el Congreso
Conforme a los plazos constitucionales, los parlamentarios disponen hasta mediados de agosto para presentar una eventual acusación constitucional contra la exautoridad. Mientras tanto, en la oposición se evalúan caminos que van desde una comisión investigadora hasta el libelo, tal como plantearon los diputados Raúl Leiva (PS) y Patricio Pinilla (DC). En paralelo, persiste el debate parlamentario sobre la necesidad de elevar los requisitos para activar estas acciones.
La controversia vuelve a situar en primer plano el equilibrio entre la conducción política de la seguridad y el respeto a la reserva de las indagatorias penales. Lo resuelto por la Contraloría, sumado a las posiciones divergentes en el Congreso, configura un cuadro en el que la rendición de cuentas y la precisión de atribuciones serán determinantes. En el corto plazo, la discusión legislativa y las eventuales acciones fiscalizadoras delinearán el alcance institucional de este caso y su impacto en la relación entre autoridad política y organismos encargados de investigar el delito.
