La oposición abrió la puerta a una eventual acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, luego de que la Contraloría General de la República determinara que la exsecretaria de Estado excedió sus atribuciones al requerir antecedentes de una investigación penal en curso durante sus primeros días de gestión. La controversia estalla mientras en el Congreso se discute la posibilidad de endurecer los requisitos para iniciar este tipo de acciones, en medio del eco de recientes libelos impulsados contra exautoridades.
Contraloría cuestiona solicitud de información reservada
El pronunciamiento del organismo fiscalizador, publicado este jueves, zanjó dos puntos centrales. Por un lado, concluyó que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, “se ajustó a derecho”. Por otro, estableció que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al requerir información sensible sobre una investigación penal apenas 48 horas después de asumir el cargo, el 11 de marzo.
El dictamen analizó el oficio reservado N.° 28, mediante el cual la entonces ministra solicitó a la Policía de Investigaciones una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa específica, correspondiente a la investigación del denominado “Clan Chen” en Iquique. Esa petición, a juicio de la Contraloría, excedió el marco de competencias de la autoridad política y se adentró en un ámbito propio de la persecución penal.
Oposición evalúa acusación constitucional
Conocido el dictamen, diputados de oposición dejaron abierta la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la exministra. La discusión se produce en paralelo a un debate mayor en el Congreso: la conveniencia de endurecer los requisitos para interponer estos libelos, a fin de delimitar su uso y efectos, un asunto que ha recobrado fuerza tras las recientes acciones promovidas contra exautoridades.
En ese marco, el elemento temporal también incide en el cálculo político. De acuerdo con los plazos establecidos por la Constitución, los parlamentarios tienen hasta mediados de agosto para ingresar un eventual libelo, fecha en que se cumplirán tres meses desde la salida de Trinidad Steinert del gabinete.
Raúl Leiva: “Vamos a perseguir la responsabilidad política”
El diputado Raúl Leiva (PS), quien recurrió a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre el caso, calificó como particularmente grave la actuación de la exsecretaria de Estado. “La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país”, afirmó.
Respecto de las acciones futuras, el parlamentario fue categórico en señalar el camino que evalúa seguir la oposición. “Vamos a analizar los alcances de este dictamen y, de todas maneras, vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea”.
Patricio Pinilla plantea evaluar un nuevo libelo
Desde otra vereda opositora, el diputado Patricio Pinilla (DC) consideró insuficientes las explicaciones entregadas hasta ahora por el Ejecutivo. “No basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías”, sostuvo.
Pinilla fue más allá y dejó instalada la opción de impulsar nuevas herramientas de fiscalización. “Por mucho menos se acusó al ministro Nicolás Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional”, manifestó. En paralelo, recordó que el calendario constitucional fija la ventana para una eventual presentación hasta mediados de agosto.
Oficialismo: Kaiser descarta que exista un delito
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteó que el caso se encuadra en un eventual error administrativo o político, descartando un matiz penal. “Parece ser un error administrativo o político, no un tema penal”, afirmó.
El exdiputado defendió la razonabilidad de que una autoridad encargada de la seguridad solicite información sobre el funcionamiento de las instituciones abocadas a combatir el delito. “Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones”, indicó. Con todo, subrayó que es la Contraloría la que califica la eventual infracción: “Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República”.
Una controversia que tensiona la relación política-policial
El diagnóstico de la Contraloría tensó una línea siempre delicada: la que separa la conducción política del sector seguridad y la autonomía técnica de las policías en la tramitación de causas asociadas a investigaciones penales. Por un lado, existe la expectativa ciudadana de resultados concretos contra el crimen organizado; por otro, el resguardo de procesos reservados, cadenas de mando y límites competenciales al interior del Estado.
En ese cruce, los dichos de la oposición ponen el acento en la responsabilidad política y eventuales efectos administrativos, mientras que desde el oficialismo se insiste en que no hay elementos que apunten a un delito. El documento de la Contraloría, en tanto, delimita responsabilidades desde la perspectiva del cumplimiento estricto de atribuciones, particularmente frente a solicitudes de información sensible en etapas claves de causas penales.
El alcance del oficio reservado N.° 28
El caso se ancla en el oficio reservado N.° 28, ingresado apenas 48 horas después del 11 de marzo, cuando Trinidad Steinert asumió como ministra de Seguridad Pública. Según el dictamen, esa comunicación oficial solicitó a la PDI una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa específica: la investigación del “Clan Chen” en Iquique. La Contraloría estimó que dicho requerimiento excedió el marco de atribuciones, al involucrar información reservada propia de una investigación penal.
Plazos constitucionales y pasos en evaluación
Con el dictamen ya sobre la mesa, los diputados opositores anunciaron que “van a analizar los alcances” del pronunciamiento y que “van a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda”. En ese escenario, y conforme a los plazos establecidos por la Constitución, un eventual libelo podría presentarse hasta mediados de agosto, cuando se cumplan tres meses desde la salida de Trinidad Steinert del gabinete. Paralelamente, surgió la opción de una comisión investigadora, y desde el oficialismo se enfatizó que la calificación administrativa del caso ya fue resuelta por la Contraloría General de la República.
La resolución del organismo fiscalizador y las reacciones políticas que le siguieron dejan en evidencia una tensión de fondo: cómo compatibilizar el control político con la reserva de las investigaciones penales. De aquí a mediados de agosto, el debate mostrará si priman acciones formales, como una acusación constitucional o una comisión investigadora, o si se impone una lectura acotada a las infracciones administrativas consignadas por la Contraloría. En cualquier caso, el episodio reabre la discusión sobre los límites de la conducción del área de seguridad y el estándar de coordinación institucional en causas sensibles.
