La posibilidad de una nueva acusación constitucional volvió a instalarse en el Congreso luego de que la Contraloría General de la República concluyera que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al requerir antecedentes de una investigación penal en curso, apenas asumido el cargo. Diputados de oposición afirmaron que evaluarán todas las herramientas que la Constitución otorga para perseguir responsabilidades políticas, en un debate que avanza paralelo a la discusión legislativa sobre el eventual endurecimiento de los requisitos para presentar este tipo de libelos.
Contraloría cuestiona solicitud de información reservada
El pronunciamiento del órgano fiscalizador, publicado este jueves, estableció que la exministra actuó fuera del marco de sus competencias al solicitar información sensible sobre una causa vigente. El dictamen se pronuncia sobre una gestión realizada 48 horas después de que Steinert asumiera el cargo, el 11 de marzo, y pone el foco en el alcance de las atribuciones de la máxima autoridad de Seguridad Pública para intervenir en causas penalmente activas.
Junto con esa observación, la Contraloría determinó que la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, “se ajustó a derecho”. Es decir, en ese punto, el organismo avaló la legalidad de la medida administrativa adoptada durante la gestión de Steinert, diferenciando ese acto del pedido de antecedentes sobre una investigación en curso.
Cronología y alcances del oficio reservado N.° 28
El caso se centra en el oficio reservado N.° 28, mediante el cual la entonces ministra solicitó a la Policía de Investigaciones un listado detallado de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa específica, correspondiente a la investigación del denominado “Clan Chen” en Iquique. De acuerdo con la Contraloría, la petición vulneró el principio de abstención al requerir información sobre una pesquisa penal activa, un ámbito regulado y con canales formales que buscan proteger el carácter reservado de los antecedentes y la autonomía de las instituciones operativas.
El análisis del dictamen sugiere que la intervención se produjo en un momento particularmente sensible, no solo por el corto tiempo transcurrido desde la llegada de la autoridad al gabinete, sino por la naturaleza de la información requerida: nombres y vínculos de funcionarios policiales asociados a una investigación específica. Ese hito, para el órgano auditor, traspasó la frontera de lo que corresponde a una conducción política de la seguridad y configuró una extralimitación administrativa.
Reacciones en el Congreso: “Vamos a perseguir la responsabilidad política”
El diputado Raúl Leiva (PS), quien recurrió a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento, calificó como grave la actuación de la exsecretaria de Estado. “La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país”, afirmó.
Consultado por los pasos a seguir, Leiva anticipó que su bancada revisará íntegramente los alcances del dictamen para definir cursos de acción. “Vamos a analizar los alcances de este dictamen y, de todas maneras, vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea”, señaló, dejando abierta la evaluación de eventuales medidas de control parlamentario.
Opción de un nuevo libelo: “Debe evaluarse”
En una línea similar, el diputado Patricio Pinilla (DC) estimó insuficientes las explicaciones entregadas hasta hoy por el Ejecutivo y pidió un pronunciamiento más explícito. “No basta con que se pidan disculpas ni se diga que la ministra ya no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno de que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que son llevadas a cabo por las policías”, sostuvo.
Pinilla fue más allá al plantear expresamente la posibilidad de impulsar acciones fiscalizadoras adicionales. “Por mucho menos se acusó al ministro Nicolás Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional”, indicó. De acuerdo con los plazos establecidos por la Carta Fundamental, los parlamentarios tienen hasta mediados de agosto para presentar un eventual libelo, cuando se cumplirán tres meses desde la salida de Trinidad Steinert del gabinete.
Oficialismo plantea error administrativo y descarta delito
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, desdramatizó el alcance penal del episodio y lo situó en el terreno de lo administrativo. “Parece ser un error administrativo o político, no un tema penal”, afirmó. En su interpretación, resulta razonable que una autoridad encargada de la seguridad solicite información para conocer el funcionamiento de las instituciones que combaten el delito. “Si no se ordena a las instituciones encargadas de la persecución del delito, no se sorprendan si no tienen mucho éxito en esa labor. Como exfiscal, la exministra Steinert evidentemente quería saber qué estaba pasando con las instituciones”, planteó.
Con todo, Kaiser subrayó que corresponde a la Contraloría calificar si hubo o no infracción administrativa. “Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República”, remarcó, reconociendo la competencia del organismo de control en esta materia.
Plazos y discusión sobre los requisitos para acusar
El debate político ocurre en paralelo a la discusión parlamentaria sobre la necesidad de endurecer los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, un mecanismo que ha sido utilizado con frecuencia reciente en contra de distintas exautoridades. En ese contexto, la controversia en torno a Steinert vuelve a poner en tensión el equilibrio entre control político y estabilidad institucional, a la vez que reaviva el escrutinio sobre los límites de la conducción ministerial en materias de investigación penal y coordinación policial.
Mientras algunos sectores argumentan que el libelo es una herramienta idónea para exigir responsabilidades políticas frente a extralimitaciones de autoridades, otros insisten en acotar su uso a supuestos estrictamente configurados, con el fin de evitar su empleo como instrumento de disputa coyuntural. La resolución de esa tensión, sostienen parlamentarios de distintos sectores, será determinante para el curso de los próximos pasos en este y otros casos.
Lo resuelto sobre la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI
El dictamen de la Contraloría no solo examinó el oficio reservado N.° 28, sino que también zanjó la legalidad de la remoción de Consuelo Peña como exsubdirectora de Inteligencia de la PDI. En este aspecto, el organismo concluyó que la medida se ajustó a derecho, diferenciando esa decisión administrativa de la solicitud de antecedentes sobre una investigación penal, que sí fue considerada una extralimitación de las atribuciones ministeriales.
Próximos pasos que evalúan los parlamentarios
En la oposición se abrió la puerta a comisiones investigadoras y a un eventual libelo dentro del plazo que vence a mediados de agosto. El diputado Raúl Leiva anticipó que se revisarán los alcances del dictamen para determinar eventuales responsabilidades, mientras que Patricio Pinilla sostuvo que es imprescindible un pronunciamiento claro del Ejecutivo sobre no intervenir en pesquisas en curso. Desde el oficialismo, en tanto, Johannes Kaiser descartó una arista penal, aunque reconoció que la Contraloría ya calificó el eventual exceso administrativo.
La controversia vuelve a interpelar el delicado punto de equilibrio entre la dirección política de la seguridad y la autonomía operativa de policías y fiscales. Mientras la Contraloría fijó límites al accionar ministerial en causas penales activas, el Congreso discute cómo y cuándo debe operar el control político. Lo que se decida en las próximas semanas no solo definirá el derrotero de la situación de Trinidad Steinert, sino que también marcará un precedente sobre el alcance de las atribuciones de futuras autoridades en el corazón de la política de seguridad pública.
