El presidente José Antonio Kast descartó este jueves la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia en las calles, pese a las solicitudes de algunos parlamentarios y autoridades tras el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo. La definición fue expuesta durante el Encuentro Empresarial de La Araucanía, realizado en la comuna de Lautaro, donde el Mandatario remarcó que la respuesta del Estado debe centrarse en fortalecer la institucionalidad y respaldar el trabajo de las policías, insistiendo en que un estado de excepción no puede erigirse como solución permanente.
En su intervención, Kast sostuvo que el desafío de la seguridad exige reglas claras y respaldo político y jurídico a las capacidades ya establecidas. “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, afirmó, enfatizando que la proliferación de llamados a sacar militares a la calle no sustituye el fortalecimiento de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Rechazo a militarizar la seguridad en las calles
El Jefe de Estado sostuvo que, aunque la presión pública ha aumentado luego de hechos de alta connotación, como la muerte del menor en San Bernardo, el camino no es la militarización de la seguridad pública. “Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”, planteó.
Según Kast, la participación militar en labores de orden interno debe regirse por un marco excepcional y acotado, y no convertirse en una política sostenida en el tiempo. En su visión, la reacción inmediata puede parecer efectiva, pero si carece de sustento legal y de definiciones operativas, genera más problemas de los que resuelve. “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción”, subrayó.
“Las Fuerzas Armadas necesitan herramientas legales”
El Presidente recordó que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar las facultades de los militares cuando participan en estados de excepción constitucional. “Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a los delincuentes”, afirmó.
Kast cuestionó el escenario en que, ante crisis de seguridad, se recurre a las Fuerzas Armadas sin dotarlas de atribuciones claras. “Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”, señaló. Para el Gobierno, el dilema no es si los militares deben o no apoyar, sino bajo qué supuestos legales y con qué salvaguardas se ejecuta ese apoyo.
Demanda ciudadana y límites jurídicos
Kast reconoció que existe una demanda ciudadana creciente para ver a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. No obstante, insistió en que ese despliegue requiere “respaldo jurídico adecuado” que establezca competencias, protocolos y responsabilidades. El Mandatario evocó la experiencia del estallido social de 2019 y mencionó el caso del conscripto Carlos Robledo, condenado por la muerte del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz. “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”, cuestionó.
Para el Presidente, el ejemplo ilustra el costo de ordenar acciones sin un diseño institucional robusto. La ausencia de herramientas explícitas expone a los efectivos a un margen de interpretación que incrementa sus riesgos penales y personales. De ahí la necesidad —reiteró— de que cualquier participación militar esté rodeada de reglas claras, tanto para proteger a la ciudadanía como a quienes cumplen funciones de resguardo.
¿Quién responde después? Responsabilidad política y penal
La advertencia del Mandatario apunta a la cadena de responsabilidades que se activa tras un operativo. “Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie. Eso es algo que también nos tiene que llamar a la reflexión”, afirmó.
En su análisis, ordenar despliegues sin delimitar atribuciones y controles no solo desprotege a los propios uniformados, sino que puede derivar en conflictos con el ordenamiento jurídico. La reflexión, enfatizó, debe ser institucional: más que privilegiar respuestas inmediatas, el Estado tiene la obligación de diseñar herramientas que resistan el escrutinio judicial y democrático.
El estado de excepción: herramienta extraordinaria, no política permanente
Kast reiteró que el estado de excepción constitucional es un mecanismo extraordinario, útil para emergencias específicas, pero insuficiente como respuesta estable a la delincuencia. “Podríamos decretarlo en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero no es la solución institucional para un país”, sostuvo.
En esa línea, subrayó que la estrategia debe enfocarse en robustecer a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, instituciones llamadas por mandato a mantener el orden público. “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, remarcó, reafirmando su prioridad por consolidar capacidades civiles especializadas, con formación, protocolos y control democrático.
“La responsabilidad está por sobre el populismo”
El Presidente reservó un tramo de su discurso para contraponer las decisiones con sustento institucional a las respuestas “fáciles”. “La solución fácil, populista, es pedir hoy Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas, pero aquí, de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo; la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”, concluyó.
Con esa frase, el Mandatario buscó ordenar la discusión pública: si bien la demanda por seguridad es legítima y urgente, el diseño de una política eficaz —sugirió— exige evitar atajos que pueden generar nuevos costos humanos y legales. Su mensaje, además, retoma una tesis insistente en su presentación: sin reglas claras, sin atribuciones definidas y sin respaldo a las policías, la acción estatal se vuelve frágil.
Claves del mensaje presidencial
– Rechazo a la presencia permanente de militares en tareas de seguridad ciudadana.
– Defensa de un marco legal explícito para cualquier despliegue bajo estado de excepción.
– Respaldo a Carabineros y PDI como eje de la estrategia contra la delincuencia.
– Llamado a ponderar responsabilidad e institucionalidad por sobre respuestas “fáciles”.
El debate tras un crimen que remeció a la opinión pública
– La discusión se reactivó tras el asesinato de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo.
– Kast ubicó el foco en fortalecer instituciones y evitar que el estado de excepción se convierta en política habitual.
En síntesis, el Gobierno reafirmó que la seguridad no se resuelve con atajos ni con despliegues militares sin reglas. La apuesta oficial —expresada por el Presidente— es avanzar en un andamiaje jurídico que, llegado el caso, permita a las Fuerzas Armadas actuar con herramientas definidas y controles claros; y, sobre todo, priorizar el fortalecimiento de las policías como columna vertebral de la respuesta estatal frente al delito. En un clima marcado por la exigencia de resultados, la autoridad busca encauzar el debate hacia soluciones que resistan el tiempo y las pruebas, con la institucionalidad como horizonte.
