En medio del impacto público por el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, el presidente José Antonio Kast descartó este jueves el despliegue de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia en las calles. Desde el Encuentro Empresarial de La Araucanía, en la comuna de Lautaro, el Mandatario recalcó que la salida debe ser institucional: fortalecer y respaldar a las policías, y no convertir el estado de excepción en una política permanente.
El Gobierno descarta militarizar la seguridad ciudadana
En su intervención, Kast enfatizó que la acción del Estado frente al delito no puede descansar en una presencia militar que reemplace las labores de orden público. Aun cuando algunos parlamentarios y autoridades han solicitado la salida de efectivos a raíz del crimen del menor en San Bernardo, el Presidente sostuvo que esa vía no constituye una respuesta sostenible ni jurídicamente sólida. “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, subrayó, aludiendo a Carabineros y a la Policía de Investigaciones como órganos llamados a liderar el control de la criminalidad.
La postura oficial, según planteó, busca evitar decisiones reactivas que deriven en medidas extraordinarias aplicadas como regla general. En ese sentido, Kast remarcó que las urgencias del momento no deben abrir la puerta a mecanismos de excepción que, sin un armazón legal claro, terminen afectando tanto a la eficacia operativa como a la seguridad jurídica de quienes son ordenados a intervenir.
Un proyecto para dotar de herramientas legales a las Fuerzas Armadas
El Presidente recordó que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar las facultades de los militares cuando son desplegados en estados de excepción constitucional. “Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a los delincuentes”, afirmó.
Con ello, el Gobierno busca corregir lo que Kast describió como una “paradoja” vigente: se solicita el auxilio de las Fuerzas Armadas en determinadas áreas, pero sin que sus integrantes cuenten con atribuciones suficientes para actuar frente a hechos delictivos. “Pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”, señaló. La propuesta legislativa, según su planteamiento, apunta a cerrar ese vacío para que, en contextos excepcionales, la presencia militar tenga respaldo normativo claro y delimitado.
Demanda ciudadana en aumento y la pregunta por el marco jurídico
Kast reconoció que existe una creciente solicitud ciudadana para que las Fuerzas Armadas asuman un rol más visible en seguridad pública. “Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”, planteó, poniendo el foco en la necesidad de contar con reglas de actuación precisas.
A juicio del Mandatario, cualquier decisión en esa dirección debe considerar la protección de derechos, la cadena de mando y la responsabilidad penal que podría recaer sobre quienes operen sin un sustento legal robusto. Por eso, reiteró, su administración prefiere reforzar el trabajo de las policías y ordenar la contribución militar bajo marcos constitucionales acotados, en lugar de adoptar definiciones de alto impacto inmediato pero de incierta consecuencia jurídica.
Lecciones del estallido social y el caso Robledo
Para ilustrar los riesgos de ordenar despliegues sin definiciones claras, el Presidente evocó el caso del conscripto Carlos Robledo, condenado por la muerte del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz durante los hechos de 2019. Al respecto, Kast interpeló: “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”.
El Mandatario advirtió que enviar efectivos a las calles, sin un marco jurídico que delimite funciones y respalde procedimientos, implica exponerlos a eventuales responsabilidades penales. “Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie”, afirmó. De ahí que insistiera en que las definiciones de seguridad deben incorporar no solo eficacia operativa, sino también previsión de responsabilidades y reglas claras de uso de la fuerza.
Estado de excepción: herramienta extraordinaria, no política permanente
Otro eje del mensaje fue el alcance del estado de excepción constitucional. Kast recalcó que se trata de una medida “extraordinaria” y que su utilización no puede convertirse en la meta. “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción. Podríamos decretarlo en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero no es la solución institucional para un país”, señaló.
Para el Jefe de Estado, la estrategia sostenible pasa por fortalecer las capacidades de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, mejorar su respaldo operativo y legal, y ordenar las eventuales contribuciones militares solo en el marco de la excepcionalidad constitucional. En su visión, ello permite mantener el equilibrio entre la urgencia de enfrentar el delito y la preservación de un Estado de Derecho funcional.
Responsabilidad por sobre el populismo
En la parte final de su intervención, Kast reivindicó la necesidad de tomar decisiones “con consecuencias jurídicas e institucionales a la vista”. Si bien indicó que entiende la discusión en torno a la protección de instalaciones críticas, advirtió que “la solución fácil, populista, es pedir hoy Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar”. “Aquí, de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo; la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”, concluyó, abogando por un enfoque que privilegie el fortalecimiento de las herramientas legales y el rol primario de las policías.
Con estas definiciones, el Gobierno intenta marcar una línea entre la presión social por respuestas inmediatas y la necesidad de políticas que resistan el paso del tiempo —y el escrutinio judicial—. Al centrar el debate en el respaldo normativo, el Ejecutivo busca ordenar el campo de acción de cada institución: policías como protagonistas del orden público, Fuerzas Armadas como apoyo bajo reglas acotadas y excepcionales, y el Congreso como espacio para cerrar brechas legales que hoy dificultan una respuesta coherente en escenarios de alta demanda por seguridad.
Frases textuales del Mandatario
– “Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a los delincuentes.”
– “Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo.”
– “Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”
– “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”
– “Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie.”
– “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción.”
– “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales.”
– “La solución fácil, populista, es pedir hoy Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar… aquí, de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo.”
Puntos clave del anuncio en La Araucanía
– El Presidente descartó el despliegue de Fuerzas Armadas para labores de seguridad cotidiana en las calles.
– El Gobierno impulsa un proyecto de ley para ampliar facultades de militares cuando actúan en estados de excepción.
– Se advierte el riesgo de responsabilidad penal para efectivos sin un marco legal claro, ejemplificado con el caso de Carlos Robledo.
– El estado de excepción es definido como herramienta extraordinaria y no como política permanente frente a la delincuencia.
– La prioridad es fortalecer y respaldar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones como ejes de la respuesta estatal.
