El presidente José Antonio Kast descartó este jueves el despliegue de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia en las calles, pese a las solicitudes de algunos parlamentarios y autoridades tras el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo. En el Encuentro Empresarial de La Araucanía, realizado en la comuna de Lautaro, el Mandatario sostuvo que la salida pasa por fortalecer la institucionalidad y respaldar a las policías, no por convertir el estado de excepción en una política permanente.
Kast descarta militares en las calles como respuesta a la delincuencia
La posición del Jefe de Estado fue explícita: no habrá despliegue de militares para labores de seguridad ciudadana en las calles. A su juicio, esa medida no constituye una solución sostenible ni compatible con el marco institucional chileno. “El estado de excepción no es la meta”, subrayó, enfatizando que se trata de una herramienta extraordinaria, no de una política pública de aplicación general.
En su intervención, reconoció que la demanda por mayor presencia de uniformados ha crecido en la ciudadanía, pero insistió en que la respuesta del Estado debe preservar la arquitectura institucional y evitar atajos que, aunque populares, pueden acarrear riesgos jurídicos y operativos. “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, reforzó.
Un marco legal claro: “Las Fuerzas Armadas necesitan herramientas legales”
Kast recordó que el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas cuando estas actúan en contextos de estados de excepción constitucional. Según explicó, la iniciativa busca entregarles facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia, cerrando vacíos que hoy impiden su actuación frente a hechos delictivos fuera de su ámbito tradicional.
El Mandatario calificó como una paradoja la posibilidad de emplazar efectivos sin que cuenten con instrumentos normativos adecuados para intervenir. “Pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”, afirmó, subrayando la necesidad de alinear mandato y capacidades cuando la presencia militar sea requerida por razones excepcionales.
Demanda ciudadana y límites jurídicos: “¿Con qué herramientas?”
La autoridad planteó que “cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle”, pero advirtió que cualquier ampliación de su rol en seguridad pública debe apoyarse en definiciones jurídicas claras. En su lectura, el problema no se reduce a la presencia o ausencia de uniformados, sino a la responsabilidad del Estado para establecer reglas que definan su ámbito de acción, resguarden el debido proceso y eviten conflictos de competencias con las policías.
La misma lógica, sostuvo, aplica a eventuales decisiones extraordinarias: pueden adoptarse, pero solo si van acompañadas de un diseño legal robusto y un control institucional que permita evaluar sus alcances y límites. De lo contrario, el despliegue se enfrenta a una doble trampa: ineficacia operativa y exposición a responsabilidades penales por acciones fuera de marco.
Responsabilidad y costos penales: el caso de Carlos Robledo
Para ilustrar los riesgos de ordenar la salida de militares sin claridad normativa, Kast invocó el caso del conscripto Carlos Robledo, condenado por la muerte del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz durante los hechos del estallido social de 2019. “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”, cuestionó.
El Mandatario advirtió que, en ausencia de un marco que delimite atribuciones y responsabilidades, son los propios efectivos quienes asumen eventuales consecuencias penales de sus actuaciones. De allí su interpelación directa: “Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie”. Para Kast, este punto exige una reflexión institucional que evite exponer al personal a escenarios de indefensión jurídica.
Estado de excepción: herramienta extraordinaria, no política permanente
En línea con su llamado a la cautela institucional, el Presidente reiteró que el estado de excepción no puede erigirse como una respuesta estructural frente a la delincuencia. “Podríamos decretarlo en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero no es la solución institucional para un país”, dijo. Su énfasis estuvo en la temporalidad y el carácter excepcional de esta medida, reservada para situaciones específicas y acotadas.
En contraste, abogó por reforzar el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, organismos a cargo del mantenimiento del orden público. “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, remarcó, defendiendo un enfoque que privilegie la capacidad operativa y el apoyo político y social a las policías como pilar de la política de seguridad.
Institucionalidad versus populismo: “La responsabilidad por sobre el populismo”
En el cierre de su exposición, Kast advirtió contra “la solución fácil, populista” de exigir la salida inmediata de militares a las calles “en cualquier lugar”. Reconoció el caso particular de las instalaciones críticas, pero llamó a priorizar la responsabilidad y la coherencia institucional por sobre las respuestas de corto plazo. “La institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”, concluyó, defendiendo una estrategia que combine marcos legales claros, respaldo a las policías y uso excepcional de herramientas constitucionales.
La postura expuesta por el Mandatario instala un eje de discusión nítido: mientras la presión social y política por respuestas contundentes se incrementa, el Gobierno sostiene que el curso responsable obliga a blindar jurídicamente cualquier despliegue y a evitar atajos que comprometan el Estado de derecho. En esa clave, el proyecto para dotar de facultades específicas a las Fuerzas Armadas en estados de excepción busca resolver la “paradoja” de pedir su apoyo sin instrumentos eficaces de actuación.
El debate, así planteado, no elude el clamor ciudadano ante hechos violentos, pero sitúa el foco en reglas, atribuciones y control como condición para cualquier intervención militar, y en el fortalecimiento de Carabineros y la PDI como ruta principal. Entre el apremio por resultados y la exigencia de resguardo institucional, Kast insiste en que la seguridad pública debe construirse sobre legalidad, profesionalismo policial y responsabilidad política, evitando que una respuesta ardorosa derive en costos penales y vacíos operativos como los que, recordó, han marcado experiencias previas.
Puntos centrales del mensaje presidencial
- No habrá despliegue de Fuerzas Armadas en calles como política para combatir la delincuencia.
- El estado de excepción es una herramienta extraordinaria, no una solución permanente.
- El Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que otorga a los militares, en estados de excepción, facultades de control de identidad, registro y detención en flagrancia.
- Existe demanda ciudadana por presencia militar, pero se requieren herramientas jurídicas claras para cualquier despliegue.
- El caso del conscripto Carlos Robledo se invoca como advertencia sobre responsabilidades penales sin marco normativo adecuado.
- La prioridad es fortalecer a Carabineros y la PDI, con respaldo político e institucional.
- El Mandatario llama a anteponer la responsabilidad sobre el populismo en materia de seguridad.
Citas destacadas
- “Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a los delincuentes”.
- “Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”.
- “Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”.
- “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”.
- “Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie”.
- “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción”.
- “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”.
- “La solución fácil, populista, es pedir hoy Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar (…) la responsabilidad por sobre el populismo”.
