El presidente José Antonio Kast descartó desplegar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia en las calles, aun cuando distintos parlamentarios y autoridades lo han solicitado tras el asesinato de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo. Desde el Encuentro Empresarial de La Araucanía, en Lautaro, el Mandatario subrayó que la respuesta del Estado debe pasar por fortalecer la institucionalidad y respaldar a las policías, y no por convertir el estado de excepción en una política permanente.
Kast descarta militares en calles y enfatiza respaldo a las policías
En su intervención, el Jefe de Estado defendió una estrategia de seguridad basada en la consolidación de las instituciones y en el apoyo a Carabineros y la Policía de Investigaciones, al remarcar que “el estado de excepción no es la meta”. Según planteó, su uso es una herramienta extraordinaria y, por tanto, insuficiente como solución institucional para enfrentar la criminalidad de forma sostenida.
El Presidente insistió en que la prioridad debe ser dotar de capacidades y respaldo a los organismos responsables del orden público. “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, afirmó, en un mensaje orientado a despejar la presión por la presencia militar en labores de seguridad ciudadana cotidiana.
Proyecto para otorgar facultades legales a las Fuerzas Armadas en estados de excepción
Aunque cerró la puerta a un despliegue permanente en las calles, Kast recordó que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley para ampliar las atribuciones de los militares cuando actúan bajo estados de excepción. “Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a los delincuentes”, señaló.
Con ello, apuntó a lo que calificó como una paradoja: se solicita la intervención de las Fuerzas Armadas en determinadas áreas, pero sin herramientas legales suficientes para reaccionar frente a hechos delictivos. “Pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”, subrayó.
Demanda ciudadana creciente y el requisito del sustento jurídico
El Presidente admitió que “cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle”, un reflejo del clima de inseguridad que ha tensionado el debate público. Sin embargo, acotó que cualquier decisión en esa línea debe venir acompañada de herramientas normativas claras: “¿Con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”, interpeló, enfatizando que sin un soporte legal adecuado se generan espacios de incertidumbre institucional y operativa.
En esa dirección, el mensaje presidencial pone el foco en la coherencia entre mandato y facultades: si se invoca a las Fuerzas Armadas para apoyar la seguridad bajo un estado de excepción, estas deben contar con atribuciones explícitas que respalden su intervención ante situaciones de flagrancia, control e investigación inicial.
“¿Quién responde después?”: responsabilidades penales y el caso Robledo
Como advertencia de los riesgos de un despliegue sin marco legal claro, Kast evocó el caso del conscripto Carlos Robledo, condenado por la muerte del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz durante el estallido social de 2019. “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”, preguntó, reforzando la necesidad de reglas precisas sobre el uso de la fuerza y las competencias de quienes participan en operativos excepcionales.
“Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie. Eso es algo que también nos tiene que llamar a la reflexión”, remarcó. Con ello, el Mandatario subrayó el costo humano, jurídico e institucional que puede acarrear ordenar tareas policiales a las Fuerzas Armadas sin respaldo normativo inequívoco.
El estado de excepción no como fin, sino como herramienta acotada
El Jefe de Estado reiteró que el estado de excepción constitucional no debe ser entendido como una política permanente. “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción. Podríamos decretarlo en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero no es la solución institucional para un país”, sostuvo. En su visión, la lucha contra la delincuencia exige soluciones estables sustentadas en la ley y en las capacidades profesionales de las policías.
La idea de “institucionalizar lo excepcional” fue así desestimada por Kast, quien insistió en que el fortalecimiento operativo y el respaldo político a Carabineros y a la PDI deben articular la respuesta estatal frente al delito, en lugar de normalizar mecanismos extraordinarios que, por definición, son transitorios.
Responsabilidad por sobre el populismo: lineamientos del mensaje presidencial
En el cierre de su exposición, el Presidente advirtió contra las salidas fáciles en materia de seguridad. “La solución fácil, populista, es pedir hoy Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas, pero aquí, de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo; la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”, afirmó.
El énfasis en la responsabilidad política y jurídica tensiona la discusión hacia criterios de largo plazo: robustecer la labor de las policías, clarificar el papel de las Fuerzas Armadas bajo estados de excepción y evitar que decisiones de alto impacto se tomen sin el andamiaje legal necesario.
Frases textuales más destacadas
- “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción”.
- “Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas… facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia”.
- “Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”.
- “¿Quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie”.
- “La responsabilidad por sobre el populismo; la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”.
Ejes del debate que quedan en primer plano
- Rol de las Fuerzas Armadas restringido a marcos excepcionales con atribuciones definidas por ley.
- Reforzamiento de Carabineros y PDI como pilar de la seguridad pública cotidiana.
- Responsabilidad jurídica de quienes actúan en despliegues sin herramientas normativas claras.
- Evitar respuestas “populistas” que no consoliden soluciones institucionales sostenibles.
La intervención presidencial en Lautaro reordenó el debate hacia un punto de equilibrio: responder a la urgencia de la seguridad sin desbordar la institucionalidad. Al descartar la presencia permanente de militares en las calles, pero a la vez proponer un marco legal más claro para su actuación en escenarios excepcionales, el mensaje busca compatibilizar la demanda ciudadana con las reglas del Estado de derecho. En ese cruce, la prioridad declarada es fortalecer a las policías y acotar lo excepcional a su naturaleza extraordinaria, con la responsabilidad como criterio rector frente a soluciones de efecto inmediato pero de alto costo institucional.
