En Lautaro, durante el Encuentro Empresarial de La Araucanía, el presidente José Antonio Kast descartó la opción de desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles para enfrentar la delincuencia, pese a las solicitudes de algunos parlamentarios y autoridades formuladas tras el asesinato de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo. El Mandatario enfatizó que la respuesta estatal debe centrarse en el fortalecimiento de la institucionalidad y el respaldo operativo a las policías, y subrayó que el estado de excepción no constituye una solución permanente.
El énfasis en la institucionalidad por sobre el despliegue militar
Kast ordenó su mensaje en torno a una idea central: la seguridad pública se sostiene en instituciones robustas, no en medidas extraordinarias convertidas en regla. A su juicio, el país debe respaldar a las policías y dotarlas de mayores capacidades en el terreno, evitando confundir herramientas excepcionales con políticas públicas de largo aliento.
“La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, dijo, aludiendo explícitamente a Carabineros y la Policía de Investigaciones como los organismos responsables del mantenimiento del orden público. En esa línea, advirtió que insistir en la salida de militares a la vía pública supone respuestas inmediatas pero frágiles si no están amarradas a un marco normativo claro.
Proyecto de ley para dotar de herramientas legales a las Fuerzas Armadas
El Presidente recordó que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas cuando son desplegadas en estados de excepción constitucional. Según explicó, la iniciativa contempla permitir a los uniformados controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a personas que cometan delitos en las zonas donde operen.
Kast calificó la situación actual como paradójica: “Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”. Y subrayó que un despliegue sin herramientas concretas deja a los militares en una posición de débil capacidad de respuesta frente a hechos delictivos, restando efectividad a cualquier medida de control territorial.
Demanda ciudadana y la exigencia de respaldo jurídico
El Mandatario reconoció que “cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle”, reflejo de la creciente preocupación social por la seguridad. No obstante, planteó que un eventual involucramiento de los uniformados en tareas de orden público debe contar con respaldo jurídico adecuado y definiciones operativas precisas sobre sus competencias.
“¿Con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”, cuestionó, marcando distancia de respuestas que calificó como inmediatas pero faltas de institucionalidad. El énfasis en el marco legal atraviesa su propuesta: de no existir, el despliegue militar, ya excepcional por definición, quedaría expuesto a controversias y riesgos que, a la larga, debilitan la cohesión institucional que se pretende fortalecer.
Responsabilidades penales y el antecedente del conscripto Carlos Robledo
Para ilustrar los riesgos de ordenar salidas sin un marco claro, Kast aludió al caso del conscripto Carlos Robledo, condenado por la muerte del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz durante los hechos del estallido social de 2019. “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”, planteó.
El Presidente sostuvo que determinar un despliegue de militares en escenarios complejos, sin reglas certeras de actuación, implica exponerlos a eventuales responsabilidades penales por acciones vinculadas al control del orden público. “Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie. Eso es algo que también nos tiene que llamar a la reflexión”, afirmó, reforzando su alerta sobre las consecuencias institucionales y personales de decisiones apresuradas.
Estado de excepción: medida extraordinaria, no política permanente
Kast fue categórico al reiterar que el estado de excepción no debe transformarse en una salida de uso recurrente. “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción. Podríamos decretarlo en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero no es la solución institucional para un país”, señaló.
En su diagnóstico, insistir en declaratorias amplias solo desplaza el foco del problema: sin reforzar a quienes tienen la misión diaria de patrullar, investigar y prevenir, el país se queda con herramientas coyunturales que pierden eficacia en el tiempo. De allí su llamado a reafirmar la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones, y a sostener reformas legales específicas que eviten improvisaciones en materia de seguridad.
Responsabilidad por sobre el populismo en la agenda de seguridad
El cierre del discurso del Presidente enfatizó el eje político y ético de su postura. “La solución fácil, populista, es pedir hoy Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas, pero aquí, de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo; la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”.
En ese marco, Kast diferenció entre responder a la urgencia y consolidar una política pública sostenible. El primer camino, dijo, ofrece resultados inmediatos pero inciertos y genera costos institucionales; el segundo, aun siendo más lento, asegura reglas, controles y responsabilidades capaces de sostener en el tiempo la lucha contra el delito.
Declaraciones destacadas
- “Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a los delincuentes”.
- “Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”.
- “Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”.
- “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”.
- “El estado de excepción no es la meta (…), no es la solución institucional para un país”.
- “La solución fácil, populista, es pedir hoy Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar (…). La institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”.
Puntos clave del enfoque presidencial
- Despliegue militar descartado como política para enfrentar la delincuencia en la calle.
- Proyecto de ley en trámite para otorgar herramientas legales a las Fuerzas Armadas en estados de excepción: control de identidad, registro y detención en flagrancia.
- Advertencia sobre responsabilidades penales ante despliegues sin marco jurídico, con el caso de Carlos Robledo como referencia.
- Estado de excepción entendido como instrumento extraordinario, no solución estructural.
- Respaldo a Carabineros y PDI como eje estratégico de la política de seguridad.
- Responsabilidad por sobre el populismo en la toma de decisiones, con mención a las instalaciones críticas como consideración específica.
El mensaje presidencial, articulado desde La Araucanía en medio de la conmoción por el crimen ocurrido en San Bernardo, se ancla en una premisa: la urgencia no debe desplazar la coherencia institucional. Kast trazó una línea entre la presión ciudadana por respuestas rápidas y la necesidad de sostener reglas claras que blinden a las instituciones y a quienes las integran. La tensión entre esos dos planos —la inmediatez y la solidez jurídica— recorrerá, según su planteamiento, la discusión pública que sigue abierta sobre cómo enfrentar un fenómeno delictual que exige, al mismo tiempo, eficacia y responsabilidad.
