El presidente José Antonio Kast descartó este jueves la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia en las calles, pese a las solicitudes formuladas por algunos parlamentarios y autoridades tras el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo. En su intervención en el Encuentro Empresarial de La Araucanía, realizado en la comuna de Lautaro, el Mandatario subrayó que la respuesta del Estado debe centrarse en fortalecer la institucionalidad y respaldar el trabajo de las policías, insistiendo en que un estado de excepción no constituye, por sí mismo, una solución permanente al problema de la seguridad pública.
A juicio del jefe de Estado, si bien la ciudadanía exige respuestas inmediatas frente al aumento de hechos violentos, el camino para abordar la crisis no pasa por una militarización generalizada del espacio público. Por ello, relevó la necesidad de dotar a las instituciones de herramientas adecuadas y de reforzar los mecanismos legales que permitan a las fuerzas encargadas del orden actuar con eficacia y dentro de un marco jurídico claro.
La postura del Ejecutivo, reiteró Kast, busca evitar decisiones de corto plazo que, sin un sustento normativo preciso, expongan a efectivos militares a situaciones complejas y a eventuales responsabilidades penales, al tiempo que no ofrecen una salida estructural a las causas y dinámicas delictivas.
“Las Fuerzas Armadas necesitan herramientas legales”
Kast recordó que el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley dirigido a ampliar las facultades de los militares cuando participan en estados de excepción constitucional. El objetivo, explicó, es dotarlos de herramientas operativas específicas y acotadas que permitan actuar con mayor claridad si son desplegados en zonas de resguardo.
“Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a los delincuentes”, afirmó. Con ello, el Ejecutivo busca subsanar lo que describió como una paradoja: la presencia de efectivos militares en determinados territorios sin atribuciones suficientes frente a hechos delictivos.
“Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”, agregó. En este punto, el Mandatario hizo hincapié en que cualquier despliegue debe reposar sobre una legislación clara, tanto para la protección de la ciudadanía como para la seguridad jurídica de los propios uniformados.
“Cada vez más personas piden militares en la calle”
El Presidente reconoció que existe una demanda creciente para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública, sobre todo tras episodios de alto impacto social. Sin embargo, planteó preguntas de fondo sobre el alcance real de esa solicitud: “Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”, expresó.
Durante su intervención, Kast recordó el caso del conscripto Carlos Robledo, condenado por la muerte del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz en el contexto del estallido social de 2019. “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”, cuestionó. Para el Mandatario, este antecedente evidencia los riesgos de ordenar salidas a terreno sin una estructura legal que delimite funciones, establezca protocolos y resguarde a los efectivos ante acciones que posteriormente serán revisadas por los tribunales.
“¿Quién responde después?”
Kast reforzó la idea de que toda decisión en materia de seguridad debe considerar sus consecuencias jurídicas. “Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie. Eso es algo que también nos tiene que llamar a la reflexión”, afirmó. El argumento central del Mandatario apunta a que, sin un marco de atribuciones y responsabilidades claramente definido, el Estado no solo arriesga la eficacia del despliegue, sino también la protección debida a quienes obedecen órdenes en contextos de alta tensión social.
Esta visión, subrayó, no niega la urgencia que plantean los hechos de violencia, sino que aspira a una intervención más sólida, donde la ley establezca con precisión los límites, deberes y facultades de cada institución, y donde la rendición de cuentas se base en reglas previamente conocidas y no en interpretaciones posteriores.
“El estado de excepción no es la meta”
El jefe de Estado reiteró que el estado de excepción constitucional constituye una herramienta extraordinaria y no una política permanente para enfrentar la delincuencia. “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción. Podríamos decretarlo en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero no es la solución institucional para un país”, sostuvo.
En contraste, insistió en que la estrategia principal debe centrarse en fortalecer a Carabineros y la Policía de Investigaciones, instituciones llamadas a mantener el orden público de manera cotidiana. “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, señaló. Con ello, el Ejecutivo busca reforzar capacidades, profesionalizar procedimientos y dar cobertura política y jurídica al trabajo policial, antes que acudir de modo extendido al recurso militar.
“La responsabilidad está por sobre el populismo”
En la parte final de su discurso, Kast insistió en que las decisiones de seguridad deben adoptarse con una perspectiva de Estado, midiendo riesgos y efectos. “La solución fácil, populista, es pedir hoy Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas, pero aquí, de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo; la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”, concluyó.
El mensaje busca establecer un criterio: enfrentar la delincuencia con medidas que tengan legitimidad democrática, solvencia jurídica y eficacia operativa, evitando respuestas inmediatas que, si bien pueden satisfacer la demanda emocional del momento, no se sostienen en el tiempo ni resisten el escrutinio legal posterior.
Contexto del anuncio en La Araucanía
Las definiciones del Presidente se realizaron en el marco del Encuentro Empresarial de La Araucanía, en Lautaro, instancia en la que enfatizó que el fortalecimiento institucional y el respaldo a las policías deben prevalecer por sobre salidas de corto plazo. En esa línea, vinculó la discusión a un debate mayor sobre el rol de las Fuerzas Armadas y el alcance de sus atribuciones cuando son convocadas a colaborar en situaciones excepcionales.
Reacciones tras el crimen en San Bernardo
La posición del Ejecutivo se conoció en un clima marcado por la conmoción que generó el asesinato de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo, hecho que motivó solicitudes de algunos parlamentarios y autoridades para desplegar a los militares en las calles. Frente a ese escenario, Kast reafirmó que, sin un marco legal robusto, tal medida no solo sería insuficiente, sino también riesgosa para quienes deban ejecutarla.
En un debate que cruza dolor social, exigencia de resultados y responsabilidades institucionales, el Gobierno opta por reafirmar la vía legal y policial antes que la militar. La discusión abierta por el Mandatario tensiona la inmediatez que exige la ciudadanía con la consistencia jurídica que precisa el Estado: un recordatorio de que, para ser efectiva y sostenible, la seguridad pública requiere tanto firmeza como reglas claras.
