En medio del debate público por el alza de hechos violentos, y tras el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, el presidente José Antonio Kast descartó este jueves la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la delincuencia. El Mandatario subrayó que la respuesta del Estado debe pasar por fortalecer la institucionalidad y respaldar a las policías, y no por convertir el estado de excepción en una herramienta de uso permanente.
Las declaraciones se produjeron durante su intervención en el Encuentro Empresarial de La Araucanía, realizado en la comuna de Lautaro, instancia en la que abordó el rol de las instituciones en materia de seguridad y el alcance de las medidas extraordinarias previstas en la Constitución.
Kast descarta militares en las calles para labores de seguridad pública
Ante solicitudes formuladas por algunos parlamentarios y autoridades para que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad en espacios urbanos, el Presidente fue tajante. Afirmó que la salida de efectivos a la vía pública no constituye la solución de fondo frente a la criminalidad y llamó a no confundir la urgencia por resultados con decisiones que no cuentan con sustento jurídico adecuado.
“Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado?”, planteó, remarcando la necesidad de asegurar un marco normativo que no exponga a los uniformados ni a la institucionalidad a consecuencias no previstas.
Fortalecer instituciones y respaldar a las policías
El jefe de Estado sostuvo que el camino debe centrarse en apuntalar a los organismos con atribuciones permanentes para la prevención e investigación del delito. “La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales”, señaló, aludiendo específicamente a Carabineros y a la Policía de Investigaciones como los cuerpos llamados a garantizar el orden público.
En esa línea, defendió la idea de priorizar mejores herramientas, coordinación y apoyo político a las policías, por sobre medidas que, a su juicio, son excepcionales y no constituyen una política pública sostenible.
Proyecto para dotar de facultades a las Fuerzas Armadas en estado de excepción
Kast recordó que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley para ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas cuando estas se despliegan bajo un estado de excepción constitucional. “Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley que le entrega a las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas zonas facultades para controlar la identidad, registrar y detener en caso de flagrancia a los delincuentes”, afirmó.
El Mandatario cuestionó el escenario en que militares son enviados a determinadas zonas sin contar con herramientas mínimas para actuar frente a hechos delictivos. “Se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control de identidad o registro de pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”, añadió, defendiendo la necesidad de eliminar ambigüedades operativas cuando se decreten medidas excepcionales.
Demanda ciudadana y límites jurídicos
Kast reconoció que existe una presión social creciente para que las Fuerzas Armadas colaboren en labores de seguridad pública. Sin embargo, advirtió que esa aspiración requiere garantías y definiciones claras para no exponer a los uniformados a responsabilidades posteriores. A su juicio, el dilema no se resuelve con decisiones reactivas, sino con reglas explícitas sobre qué pueden —y deben— hacer las instituciones en escenarios de emergencia.
“Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, ¿pero quién se hace responsable después?”, interpeló, insistiendo en que el enfoque debe poner por delante la consistencia institucional y el resguardo del Estado de derecho.
El caso Robledo como advertencia
Para ilustrar los riesgos de ordenar despliegues sin un marco normativo suficiente, el Presidente aludió al conscripto Carlos Robledo, condenado por la muerte del ciudadano ecuatoriano Romario Veloz durante los hechos del estallido social de 2019. “Las veces que han salido, y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena?”, cuestionó.
“¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie. Eso es algo que también nos tiene que llamar a la reflexión”, agregó, en referencia a la necesidad de fijar responsabilidades y salvaguardas cuando se recurre a las Fuerzas Armadas en escenarios internos de seguridad.
El estado de excepción no es la meta
Kast reiteró que el estado de excepción constitucional es una herramienta extraordinaria y de carácter transitorio, no una política pública de seguridad. “El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción. Podríamos decretarlo en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero no es la solución institucional para un país”, sostuvo.
De acuerdo con su planteamiento, cualquier decisión que involucre a las Fuerzas Armadas en tareas de orden público debe observar con rigor las finalidades y límites del estado de excepción, a la vez que se consolidan capacidades permanentes en las policías.
Claves de las declaraciones presidenciales
– Descartó el despliegue de militares en las calles como respuesta principal a la delincuencia.
– Reforzó que la prioridad es fortalecer la institucionalidad y respaldar a Carabineros y la PDI.
– Recordó un proyecto de ley para otorgar a las Fuerzas Armadas facultades específicas en estados de excepción.
– Advirtió sobre la responsabilidad penal de efectivos sin un marco legal claro, citando el caso de Carlos Robledo.
– Subrayó que el estado de excepción es un instrumento extraordinario, no una política permanente.
Marco legal en debate
– La discusión legislativa apuntaría a cerrar vacíos operativos cuando se activan estados de excepción, definiendo controles de identidad, registros y detenciones en flagrancia.
– El Ejecutivo sostiene que cualquier despliegue de Fuerzas Armadas debe considerar límites, atribuciones y responsabilidades precisas, tanto para resguardar derechos como para proteger a los propios uniformados.
En un escenario marcado por el impacto de crímenes violentos, las palabras del Presidente buscan ordenar el debate en torno a la seguridad pública: distinguir entre soluciones de emergencia y políticas de largo plazo. El énfasis de José Antonio Kast en la “responsabilidad por sobre el populismo” pretende fijar un estándar para decisiones que suelen estar sometidas a presiones coyunturales y a demandas inmediatas.
La posición expresada en Lautaro confluye en dos ejes: robustecer a las policías con respaldo político y herramientas suficientes, y precisar el rol de las Fuerzas Armadas exclusivamente en el marco del estado de excepción, con facultades definidas por ley. La tensión entre urgencia y legalidad, ilustrada por el recuerdo del caso Robledo, opera como advertencia sobre los costos institucionales de órdenes sin resguardo jurídico.
Mientras persista la preocupación ciudadana por la seguridad, el debate sobre el alcance de las medidas extraordinarias seguirá abierto. La apuesta presidencial por la “solución institucional” traza un camino que rehuye atajos y privilegia reglas claras, con el objetivo de enfrentar la delincuencia sin erosionar las bases del orden democrático ni exponer a los efectivos a dilemas legales irresueltos. Bajo ese prisma, el desafío es doble: responder a la urgencia del presente y, al mismo tiempo, asegurar que cada herramienta del Estado actúe dentro de límites precisos y con responsabilidades bien establecidas.
