El Gobierno de Chile concretó un nuevo operativo de expulsión de extranjeros, el tercero en un período de 40 días, con la salida del país de 80 ciudadanos de nacionalidad colombiana y boliviana. La acción combinó expulsiones administrativas y judiciales y se enmarca en el plan del Ejecutivo orientado a reforzar el control migratorio y acelerar procesos vinculados a permanencias irregulares y delitos asociados. Autoridades destacaron que el despliegue busca ordenar el sistema, mejorar la capacidad de respuesta y asegurar el cumplimiento de las resoluciones dictadas en sede administrativa y por los tribunales.
Tercer operativo en 40 días: foco en control y cumplimiento
De acuerdo con los antecedentes entregados, el procedimiento incluyó expulsiones administrativas y judiciales, en línea con las prioridades del Ejecutivo para agilizar casos pendientes y fortalecer la gestión de fronteras y de residencia. La salida del país de estas 80 personas forma parte de una estrategia que combina herramientas de fiscalización, coordinación interinstitucional y uso de facultades legales para enfrentar el incremento de ingresos irregulares y dar respuesta a la demanda ciudadana por mayor control. La medida se suma a dos operativos previos realizados recientemente, configurando un calendario sostenido de ejecuciones en las últimas semanas.
Detalle del procedimiento: administrativas y judiciales
Según precisaron las autoridades, del total de expulsados 20 correspondían a expulsiones administrativas y 60 a expulsiones judiciales decretadas por tribunales. Además, se confirmó que 32 personas mantenían antecedentes policiales y contaban con órdenes de expulsión vigentes por distintos delitos cometidos en el país. Este desglose refleja la coexistencia de vías de salida sustentadas en resoluciones del Servicio Nacional de Migración y en sentencias o medidas judiciales, con énfasis en casos en que ya existían antecedentes y determinaciones pendientes de ejecución.
Traslado aéreo con escala en Iquique antes de continuar a Bolivia y Colombia
El operativo se materializó mediante una aerolínea privada. El vuelo incluyó una escala técnica en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena, en la ciudad de Iquique, para luego continuar su itinerario hacia Bolivia y finalizar en Colombia. Este esquema logístico permitió articular el cumplimiento de las resoluciones de expulsión con los destinos correspondientes, asegurando el cierre administrativo y judicial de cada caso y la coordinación necesaria a nivel territorial y operativo.
Autoridades detallan casos y garantías de identificación
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que entre los expulsados se encontraba un ciudadano colombiano condenado por un homicidio ocurrido en Chile en 2015, causa que en su momento tuvo amplio impacto público. Por su parte, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Ernesto León, explicó que la legislación vigente permite la retención hasta por cinco días en recintos policiales para verificar plenamente la identidad de las personas sujetas a expulsión. De acuerdo con la autoridad, este procedimiento busca evitar errores en la ejecución y garantizar el estricto apego a las resoluciones administrativas y judiciales.
Balance 2026: 780 expulsiones y 3.229 salidas totales
El director del Servicio Nacional de Migración, Frank Sauerbaum, informó que en lo que va de 2026 se contabilizan 780 expulsiones ejecutadas. En paralelo, el plan migratorio del Ejecutivo registra la salida total de 3.229 personas, cifra que considera expulsiones y procesos de salida voluntaria. De ese total, 2.446 corresponden a abandonos voluntarios del país, mientras el resto se vincula a procedimientos administrativos y judiciales. Estos datos exponen el alcance de la política de gestión migratoria, que combina decisiones coercitivas con salidas voluntarias y la implementación de medidas de control y verificación.
Reforma a la Ley de Migraciones: medidas en discusión
En paralelo a los operativos, el Gobierno impulsa modificaciones a la Ley de Migraciones para agilizar procesos de expulsión y fortalecer los mecanismos de control. Entre las propuestas se contemplan:
- Implementación de control biométrico,
- restricciones de beneficios sociales para residentes irregulares,
- y obligación de entidades estatales de reportar situaciones migratorias irregulares.
El debate migratorio sigue situado entre los principales temas de seguridad y política pública en Chile, empujado por el alza de ingresos irregulares y la demanda social por controles fronterizos más estrictos. En este marco, el Ejecutivo ha insistido en que las medidas en curso son parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad pública, mejorar el control territorial y regularizar el sistema migratorio nacional.
Claves del operativo
El despliegue combinó 20 expulsiones administrativas y 60 judiciales, con 32 personas registrando antecedentes policiales y órdenes vigentes. El traslado se efectuó por vía aérea, con escala en Iquique y conexión hacia Bolivia y Colombia. Entre los casos destacados, se incluyó a un ciudadano colombiano condenado por homicidio en 2015. La PDI remarcó que la normativa permite retenciones temporales de hasta cinco días para corroborar identidades antes de ejecutar las resoluciones.
Aspectos en debate legislativo
La reforma en trámite busca acelerar expulsiones y reforzar el control mediante biometría, limitaciones a beneficios sociales para quienes residan irregularmente y el reporte obligatorio de situaciones por parte de organismos del Estado. Estas definiciones se discuten en un contexto donde, según el Servicio Nacional de Migración, en 2026 se registran 780 expulsiones y un total de 3.229 salidas, de las cuales 2.446 son voluntarias.
El actual ciclo de expulsiones y el impulso a cambios legales evidencian una política centrada en el cumplimiento efectivo de las resoluciones y en el ordenamiento del sistema migratorio. Mientras los operativos se sostienen en decisiones administrativas y judiciales, las medidas de verificación de identidad apuntan a reducir errores operativos. En paralelo, la discusión legislativa sobre biometría, reporte interinstitucional y acceso a beneficios para residentes irregulares marcará el alcance de la respuesta estatal en un tema situado en el corazón del debate público por seguridad, control fronterizo y gestión de flujos migratorios.
