El Gobierno de Chile concretó un nuevo operativo de expulsión de extranjeros, el tercero en un período de 40 días, que culminó con la salida del país de 80 ciudadanos de nacionalidad colombiana y boliviana. La acción incluyó expulsiones de carácter administrativo y judicial y se enmarca en el plan del Ejecutivo para reforzar el control migratorio y acelerar los procesos vinculados a permanencias irregulares y delitos asociados.
Balance del operativo: cifras y alcances
De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, del total de expulsados, 20 correspondieron a expulsiones administrativas y 60 a expulsiones judiciales decretadas por tribunales. Asimismo, se confirmó que 32 personas mantenían antecedentes policiales y órdenes de expulsión vigentes por distintos delitos cometidos en territorio nacional.
Este operativo, el tercero ejecutado en poco más de un mes, se enmarca en una estrategia de incremento sostenido de estas medidas, con foco en las personas que registran infracciones a la normativa migratoria o participación en ilícitos. El Gobierno sostiene que el mecanismo combina resoluciones administrativas y fallos judiciales, de manera de dar cumplimiento a disposiciones ya firmes y acelerar los casos en tramitación.
Traslado aéreo y escala en Iquique
El procedimiento de traslado se realizó a través de una aerolínea privada e incluyó una escala técnica en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena, en la ciudad de Iquique. Posteriormente, la aeronave continuó su itinerario hacia Bolivia y finalizó el recorrido en Colombia, países de origen de las personas expulsadas.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que dentro del grupo se encontraba un ciudadano colombiano condenado por un homicidio ocurrido en 2015 en Chile, caso que en su momento generó amplio impacto público. La inclusión de perfiles con sentencias firmes se presenta por la autoridad como un componente esencial de la política de expulsiones, cuyo énfasis está en materializar resoluciones pendientes y priorizar situaciones con antecedentes penales.
Expulsiones en 2026: 780 casos y 3.229 salidas totales del país
En el plano general, el director del Servicio Nacional de Migración, Frank Sauerbaum, cifró en 780 las expulsiones ejecutadas durante 2026. Además, indicó que el plan migratorio impulsado por el Ejecutivo registra la salida total de 3.229 personas, sumando tanto expulsiones como procesos de salida voluntaria.
De ese universo, 2.446 corresponden a abandonos voluntarios del país, mientras que el resto se vincula a procedimientos administrativos y judiciales. La autoridad destacó que el avance en estos números responde a una coordinación interinstitucional para descomprimir los procedimientos y agilizar su cumplimiento efectivo, especialmente en los casos con sentencia o resolución firme.
Facultades de la PDI: retención temporal para verificar identidad
El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto inspector Ernesto León, detalló que la legislación vigente permite mantener a las personas con orden de expulsión retenidas hasta por cinco días en recintos policiales para verificar plenamente su identidad.
Según explicó, esta facultad busca evitar errores durante la ejecución de expulsiones y garantizar el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales. La verificación previa opera como un filtro que busca resguardar la corrección del proceso y la trazabilidad de cada expediente, elemento que las autoridades consideran clave para sostener la efectividad de los operativos y disminuir eventuales controversias.
Reforma en curso: hacia un marco migratorio más estricto
En paralelo a los operativos, el Ejecutivo impulsa modificaciones a la Ley de Migraciones con el objetivo declarado de agilizar los procesos de expulsión y fortalecer los mecanismos de control. Entre las herramientas propuestas destacan:
- Implementación de control biométrico para robustecer la identificación y el registro.
- Restricción de beneficios sociales para residentes en situación irregular.
- Obligación de entidades estatales de reportar situaciones migratorias irregulares.
Estas medidas buscan, según el Gobierno, estructurar un ecosistema normativo que permita a los organismos competentes actuar con mayor celeridad y precisión, tanto en el ingreso como en la permanencia y la salida de personas extranjeras, con especial atención a los casos que involucren delitos cometidos en el país.
Seguridad y control fronterizo: un debate en primer plano
El debate migratorio se mantiene como uno de los principales temas de seguridad y política pública en Chile, en un contexto marcado por el aumento de ingresos irregulares y la presión ciudadana para reforzar los controles fronterizos y los procesos de expulsión. En ese marco, el Gobierno ha insistido en que los operativos y las reformas legales forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la seguridad pública, mejorar el control territorial y regularizar el sistema migratorio.
La combinación de acciones administrativas y judiciales, junto con la ampliación de capacidades operativas de instituciones como la PDI y el Servicio Nacional de Migración, constituye el eje de una política focalizada en ejecutar las salidas del país cuando existan causales fundadas y decisiones firmes, a la vez que se promueve la salida voluntaria como mecanismo complementario dentro del plan oficial.
Puntos clave del operativo
- 80 expulsados de nacionalidad colombiana y boliviana.
- 20 expulsiones administrativas y 60 judiciales.
- 32 personas con antecedentes policiales y órdenes vigentes.
- Traslado por aerolínea privada, con escala en Iquique.
Cifras del plan migratorio en 2026
- 780 expulsiones ejecutadas en lo que va del año.
- 3.229 salidas totales del país, considerando expulsiones y salidas voluntarias.
- 2.446 abandonos voluntarios del territorio nacional.
La continuidad de los operativos y el impulso a reformas que endurezcan la normativa migratoria delinean un escenario en el que Chile busca afinar su respuesta frente a la migración irregular y los delitos asociados. Mientras el Ejecutivo enfatiza la necesidad de celeridad, control y trazabilidad en los procedimientos, el debate público se concentra en el equilibrio entre eficacia operativa, garantías legales y criterios de coordinación interinstitucional para sostener una política migratoria con foco en la seguridad y el orden público.
