Una médico ginecoobstetra fue destituida tras detectarse que continuó realizando partos y cesáreas en el Hospital San José de Santiago mientras se encontraba con licencia médica. Su defensa argumenta que la profesional mantuvo sus funciones ante la falta de especialistas para cubrir el turno. El caso, dado a conocer por Las Últimas Noticias, se remonta al 24 de abril de 2023, cuando la doctora —de 34 años— realizaba un turno de 24 horas en el recinto asistencial.
Paralelamente, la médica también cumplía funciones en el Hospital de San Fernando, donde debía presentarse durante la jornada siguiente. Sin embargo, no asistió a ese establecimiento al día siguiente debido a la licencia que le había sido otorgada, hecho que activó un proceso disciplinario.
La sanción por trabajar con licencia médica
De acuerdo con los antecedentes, una revisión posterior de la Contraloría General de la República detectó que la doctora registraba actividad laboral mientras mantenía una licencia vigente. Los antecedentes fueron remitidos al Servicio de Salud O’Higgins, organismo del cual dependía administrativamente el Hospital de San Fernando.
Como la profesional no acudió al recinto de la Región de O’Higgins el día posterior a su turno en Santiago debido a la licencia médica, se inició un sumario administrativo que concluyó con su destitución. Este episodio volvió a encender el debate sobre las fiscalizaciones de licencias médicas en el sector público, una discusión que, en Chile, ha tenido amplia visibilidad en los últimos años.
La defensa: estaba enferma y no había reemplazo
Según explicó la abogada Gabriela Muñoz, la ginecóloga comenzó el turno con un cuadro gastrointestinal que se fue agravando con el paso de las horas. A raíz de ello, acudió a una atención médica y recibió una licencia de dos días. Pese a esa indicación, continuó desempeñando funciones en el Hospital San José.
Para la defensa, el contexto operativo fue determinante: “En el área de la salud está normalizado que muchos médicos tengan que hacer el turno aunque estén enfermos, porque en la salud pública gestionar un reemplazo de un médico especialista es muy complejo”, sostuvo Muñoz. De acuerdo con su versión, durante ese turno la profesional atendió cuatro procedimientos de urgencia, incluyendo partos y cesáreas ocurridas durante la madrugada.
Contraloría anuló la destitución por un aspecto procedimental
Tras la sanción, la defensa presentó un reclamo ante la Contraloría. El órgano de control dejó sin efecto la destitución, aunque no se pronunció sobre el fondo de la denuncia. Según detalló la abogada, la conclusión fue que la competencia administrativa para revisar lo ocurrido correspondía al recinto donde se desarrollaron los hechos —el Hospital San José de Santiago— y no al Hospital de San Fernando.
En otras palabras, la anulación no responde a una evaluación del mérito de la acusación, sino a un vicio de competencia en el procedimiento disciplinario. Así, el caso deberá volver a ser revisado administrativamente por la entidad competente.
El proceso sigue abierto en el Hospital San José
Consultado por la situación, el Hospital San José confirmó mediante un comunicado que el procedimiento disciplinario continúa en curso. “Mientras el procedimiento permanezca en curso, esta institución se abstendrá de emitir pronunciamientos”, señalaron desde el recinto asistencial.
En este escenario, la situación de la médica permanece sujeta a lo que determine la nueva revisión administrativa. Hasta ahora, no hay un pronunciamiento final sobre su responsabilidad ni sobre eventuales sanciones, más allá de la anulación ya decretada por Contraloría por la cuestión de competencia.
Presión asistencial y déficit de especialistas en el sistema público
El caso ha reabierto cuestionamientos sobre las condiciones laborales en la salud pública y la dificultad para reemplazar a médicos especialistas durante turnos críticos, especialmente en áreas de urgencia y especialidades complejas. De acuerdo con el académico David Torres, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes, muchos médicos se ven impulsados a priorizar la continuidad del cuidado de pacientes críticos cuando no existe recambio.
“No pueden dejar a un paciente de urgencia sin tratamiento si no existe alguien que pueda reemplazarlos”, explicó. No obstante, el especialista advirtió que esta realidad “no justifica jornadas laborales abusivas ni la normalización de trabajar estando enfermo”. Y añadió: “Si la institución no puede generar condiciones adecuadas para el médico, es un problema institucional y no del profesional que tiene una licencia legal”.
Fiscalización de licencias y responsabilidades institucionales
El episodio pone de relieve un tema sensible: el equilibrio entre la obligación institucional de asegurar la continuidad de la atención y el respeto a las normativas sobre licencias médicas. Las revisiones de Contraloría han buscado fortalecer la fiscalización en este ámbito, y el caso de la ginecoobstetra se inscribe en ese marco de control sobre el uso de licencias en el sector público.
Al mismo tiempo, las declaraciones recogidas en este caso plantean interrogantes sobre los protocolos internos para gestionar reemplazos y la capacidad de respuesta de los hospitales ante contingencias. La defensa de la profesional y las apreciaciones del académico convergen en un punto: la necesidad de soluciones institucionales que eviten exponer a los equipos clínicos a decisiones límite o a escenarios de riesgo operativo.
Lo ocurrido durante el turno en Santiago
De acuerdo con la defensa, la médica ingresó a un turno de 24 horas en el Hospital San José con un cuadro gastrointestinal que se agravó con el correr de las horas. Tras recibir una licencia médica de dos días, la profesional continuó en funciones durante la madrugada, cuando atendió cuatro procedimientos de urgencia, entre ellos partos y cesáreas. Al día siguiente, no se presentó en el Hospital de San Fernando por la licencia vigente, lo que gatilló el sumario que terminó en destitución, posteriormente anulada por Contraloría por una cuestión de competencia.
Próximos pasos del proceso administrativo
La anulación de la destitución no resolvió el fondo del caso, sino que ordenó que el procedimiento sea revisado por el Hospital San José, donde ocurrieron los hechos. La institución confirmó que el proceso disciplinario sigue en curso y que no emitirá comentarios mientras permanezca abierto. La resolución definitiva deberá abordar tanto la constatación de labores durante la licencia como las eventuales responsabilidades, a la luz de los argumentos esgrimidos por la defensa.
El caso seguirá en observación mientras persiste el debate sobre el déficit de especialistas, la sobrecarga laboral y los mecanismos de fiscalización de licencias médicas en la red pública. En el centro, subyace un dilema que el sistema no ha resuelto: cómo garantizar la continuidad de la atención sin trasladar a los profesionales presiones que colisionen con su salud, con la normativa y con la seguridad del propio cuidado de los pacientes. La revisión administrativa pendiente podría ofrecer señales sobre cómo las instituciones están procesando esas tensiones, aunque la discusión de fondo —cada vez más visible— seguirá requiriendo respuestas estructurales.
