Una médico ginecoobstetra fue destituida tras detectarse que realizó partos y cesáreas en el Hospital San José mientras mantenía licencia médica. Su defensa sostiene que la profesional, de 34 años, continuó trabajando por la falta de especialistas para cubrir el turno. El caso, revelado por Las Últimas Noticias, se remonta al 24 de abril de 2023, cuando la doctora cumplía un turno de 24 horas en el recinto asistencial de Santiago, en paralelo a sus funciones en el Hospital de San Fernando, donde debía presentarse al día siguiente. La situación abrió un debate sobre las condiciones laborales en la salud pública y la fiscalización del uso de licencias médicas en el país.
La jornada crítica y el inicio de la licencia
De acuerdo con la defensa, la profesional comenzó el turno en el Hospital San José con un cuadro gastrointestinal que se agravó con el transcurso de las horas. Ante esa situación, acudió a atención médica y recibió una licencia por dos días. No obstante, continuó desempeñando funciones en el centro hospitalario capitalino durante la madrugada, cuando se produjeron urgencias que, según su abogada, la obligaron a intervenir para no interrumpir la atención.
En ese periodo, la médica atendió cuatro procedimientos de urgencia, entre ellos partos y cesáreas. La defensa ha insistido en que la decisión se enmarca en un contexto de alta presión asistencial y dificultades para gestionar sustituciones de especialistas en tiempo real, especialmente durante la noche.
La defensa: “Estaba enferma, pero no había reemplazo”
La abogada Gabriela Muñoz explicó que la doctora optó por continuar en su puesto ante la imposibilidad de encontrar un relevo. “En el área de la salud está normalizado que muchos médicos tengan que hacer el turno aunque estén enfermos, porque en la salud pública gestionar un reemplazo de un médico especialista es muy complejo”, afirmó. Su argumento central es que la profesional enfrentó una disyuntiva entre su condición de salud y la continuidad de la atención de pacientes en un servicio crítico.
Según Muñoz, la médica actuó priorizando urgencias inmediatas que requerían resolución in situ. La defensa remarca que la licencia fue tramitada, pero que la realidad operativa del hospital la llevó a mantener actividad clínica durante la madrugada del turno, pese a su estado de salud.
Contraloría detecta actividad con licencia y se inicia sumario
Una revisión de antecedentes de la Contraloría General de la República verificó que la doctora registró actividad laboral mientras tenía licencia vigente. Los hallazgos fueron derivados al Servicio de Salud O’Higgins, del cual dependía administrativamente el Hospital de San Fernando. Como la profesional no se presentó a ese recinto al día siguiente —amparada en su licencia—, se abrió un sumario administrativo que concluyó con su destitución.
Este episodio volvió a poner atención en los mecanismos de fiscalización de licencias médicas en el sector público, un tema que, de acuerdo con el caso, ha suscitado amplio debate en los últimos años en Chile, especialmente cuando la presión asistencial incide en decisiones clínicas y laborales complejas.
Revés administrativo: Contraloría anula la destitución
Tras la sanción, la defensa presentó un reclamo ante la Contraloría, que finalmente dejó sin efecto la destitución. El organismo, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo de la denuncia. Su resolución se centró en la competencia administrativa de quien condujo el procedimiento: estimó que el caso debía ser revisado por el Hospital San José, donde ocurrieron los hechos, y no por el Hospital de San Fernando.
Con ello, el proceso debe volver a ser revisado desde el inicio en la institución correspondiente. Este punto abre una nueva etapa en la que se evaluará nuevamente la conducta de la profesional, esta vez bajo la órbita administrativa del hospital donde se verificaron las intervenciones de urgencia.
El proceso sigue abierto: postura del Hospital San José
Consultado por la situación, el Hospital San José confirmó mediante un comunicado que el procedimiento disciplinario permanece en curso. “Mientras el procedimiento permanezca en curso, esta institución se abstendrá de emitir pronunciamientos”, señaló el recinto asistencial. La declaración subraya que no habrá comentarios adicionales hasta el cierre formal de la investigación interna y la determinación de eventuales responsabilidades.
Presión asistencial y déficit de especialistas en debate
El caso abrió un foco sobre la sobrecarga laboral y la crisis de reemplazos que se vive en distintos hospitales del sistema público, especialmente en servicios de urgencia y áreas como ginecoobstetricia. El académico David Torres, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes, advirtió que muchos médicos priorizan la continuidad de la atención ante la imposibilidad de contar con sustitutos disponibles: “No pueden dejar a un paciente de urgencia sin tratamiento si no existe alguien que pueda reemplazarlos”, dijo.
Torres recalcó, en todo caso, que esa realidad no debe derivar en la normalización de trabajar estando enfermo ni en jornadas abusivas. “Si la institución no puede generar condiciones adecuadas para el médico, es un problema institucional y no del profesional que tiene una licencia legal”, afirmó. La discusión, así, transita entre el deber de continuidad asistencial y el respeto a derechos laborales y sanitarios de los equipos.
Qué aspectos quedan por resolver en el caso
Con la anulación de la destitución por razones de competencia, el expediente deberá ser conocido por el Hospital San José. Allí se determinará si la conducta de la médica, quien intervino en cuatro urgencias durante una licencia de dos días, vulneró la normativa aplicable. Paralelamente, el Hospital San José ya confirmó que el proceso continúa y que se abstendrá de comentarios hasta su cierre, por lo que el desenlace sigue abierto.
Claves para entender el debate sobre licencias médicas
El caso se inscribe en un contexto de déficit de especialistas y dificultades para reemplazos en turnos críticos. Para la defensa, la médica actuó por continuidad asistencial; para los fiscalizadores, importa el cumplimiento estricto de la licencia. La resolución de Contraloría, centrada en la competencia administrativa, obliga a un nuevo análisis del procedimiento y mantiene vivo el debate sobre cómo equilibrar la atención de urgencia con el respeto a las licencias en la salud pública.
Más allá de la definición que adopte el proceso disciplinario, el caso expone una tensión estructural: el sistema exige respuesta inmediata frente a urgencias, pero también demanda la observancia de las licencias como resguardo legal y sanitario. La controversia reitera que, cuando fallan los mecanismos de cobertura y reemplazo, las decisiones recaen en los equipos clínicos bajo condiciones de alta presión. La discusión que se ha reactivado apunta a si esas limitaciones son responsabilidad individual o un desafío institucional que requiere ajustes en la gestión, especialmente en horarios críticos y especialidades de alta demanda.
