Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizaron este jueves 14 de mayo un operativo de incautación en dependencias de la Corporación Municipal de Castro, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la gestión de licencias médicas entre 2023 y 2024. De acuerdo con antecedentes recopilados por el equipo investigativo de Diario Sur Noticias, las diligencias incluyeron el retiro de computadores, documentación administrativa y respaldos contables para someterlos a peritajes especializados. La indagatoria, que se mantiene bajo reserva, busca esclarecer si existieron inconsistencias en pagos, servicios externalizados y manejo de recursos públicos asociados a licencias médicas.
Amplio operativo de la PDI en la Corporación Municipal de Castro
El despliegue policial consideró la incautación de equipos informáticos y archivos que forman parte de la administración de la Corporación Municipal de Castro. Según los antecedentes disponibles, el objetivo es realizar un análisis técnico de la información para determinar la existencia de eventuales irregularidades en la gestión de licencias médicas durante el periodo 2023–2024. El material retirado será sometido a peritajes especializados orientados a reconstruir flujos de información, trazabilidad de pagos y la relación con empresas proveedoras vinculadas a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral.
Las diligencias se enmarcan en una investigación que, hasta ahora, permanece bajo carácter reservado. En esta etapa, la PDI continuará con el análisis de los equipos y documentos incautados, mientras los organismos fiscalizadores coordinan los siguientes pasos procesales.
Indagatoria se origina tras revisión de Contraloría
El procedimiento se originó tras una investigación de nueve meses de la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes preliminares apuntarían a eventuales anomalías en contratos asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. Los hallazgos iniciales impulsaron la intervención de la policía civil para asegurar evidencia documental y digital que permita corroborar o descartar las observaciones detectadas por el órgano contralor.
De acuerdo con lo conocido hasta ahora, la revisión se centra en aspectos como la consistencia de pagos, la justificación de servicios externalizados y la administración de recursos públicos en el contexto de licencias médicas. Estas líneas permitirán perfilar si las operaciones se ajustaron a la normativa o si existieron prácticas irregulares que deriven en responsabilidades administrativas o penales.
Foco en empresas externas y externalización de servicios
El concejal Ignacio Álvarez, quien denunció públicamente la situación en mayo de 2023, señaló que la investigación se concentra principalmente en las empresas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA. De acuerdo con su planteamiento, existirían sospechas vinculadas a la externalización total de servicios y eventuales desvíos de recursos fiscales, elementos que hoy forman parte de las verificaciones en curso.
Las indagatorias buscan contrastar contratos, prestaciones y pagos asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, con el propósito de establecer si hubo sobrecobros, servicios no prestados o mecanismos que pudieran configurar fraude en perjuicio del patrimonio público. La revisión de la cadena de contrataciones y la evaluación del alcance de la externalización son aspectos clave de esta etapa investigativa.
Sospechas de facturas adulteradas y registros tributarios
Además, el edil denunció la existencia de facturas presuntamente adulteradas que no coincidirían con registros tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este elemento refuerza la necesidad de peritajes contables y digitales para determinar la autenticidad de la documentación y su correspondencia con la información registrada ante las autoridades tributarias.
La PDI, mediante el análisis del material incautado, busca establecer la trazabilidad de cada documento, comprobar su integridad y clarificar si hubo alteraciones deliberadas que afectaran la veracidad de los respaldos administrativos. En este punto, la consistencia entre facturas, órdenes de compra, contratos y comprobantes de pago resulta determinante para sustentar eventuales imputaciones o, por el contrario, descartar ilícitos.
Posible perjuicio fiscal y líneas investigativas
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el perjuicio económico asociado a las presuntas irregularidades podría ascender a cientos de millones de pesos. Las diligencias en curso apuntan a determinar si existió fraude mediante cobros irregulares vinculados a la recuperación de subsidios y a identificar responsabilidades administrativas y penales en caso de comprobarse conductas ilícitas.
Otro foco de la investigación es esclarecer si hubo participación o complicidad de funcionarios públicos en las posibles irregularidades cometidas junto a proveedores externos. Para ello, se cruzarán antecedentes internos de la corporación con documentación contable, contratos y registros informáticos recabados en el operativo.
Municipio de Castro asegura colaboración y continuidad de servicios
El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, aseguró la plena disposición del municipio para colaborar con la investigación encabezada por la Fiscalía y los organismos fiscalizadores. Según indicó, las diligencias judiciales no afectarán la continuidad de las prestaciones de salud entregadas a la comunidad, compromiso que busca resguardar la regularidad de los servicios mientras avanza el proceso investigativo.
El municipio ha manifestado que facilitará el acceso a información y documentación que requieran las instancias a cargo del caso, en línea con la necesidad de esclarecer los hechos y asegurar el correcto uso de los recursos públicos.
Próximos pasos periciales
La PDI continuará con el análisis técnico de computadores, documentos administrativos y respaldos contables incautados. Estas pericias especializadas buscan consolidar evidencia, establecer la trazabilidad de pagos y verificar la integridad de los registros asociados a la gestión de licencias médicas.
Informe de Contraloría y estado de la causa
La investigación se mantiene bajo reserva a la espera del informe final de la Contraloría y del avance de las diligencias periciales de la policía civil. Con esos insumos, las autoridades definirán los cursos de acción y eventuales responsabilidades.
El despliegue realizado por la PDI y la revisión previa de la Contraloría delinean un caso de alto interés público por su impacto en la administración de recursos destinados a la salud. La colaboración del municipio, las indagaciones sobre empresas externas y la verificación de documentos contables serán determinantes para establecer si hubo irregularidades y su eventual alcance. Mientras la investigación siga su curso formal y reservado, será clave que las instituciones involucradas mantengan estándares de transparencia y resguarden la continuidad de los servicios a la comunidad, a la espera de resultados que permitan clarificar los hechos y, de ser necesario, adoptar medidas correctivas y sancionatorias dentro de los marcos legales vigentes.
