Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizaron este jueves 14 de mayo un amplio operativo de incautación en dependencias de la Corporación Municipal de Castro, en el marco de una indagatoria por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la gestión de licencias médicas entre 2023 y 2024. Según antecedentes recopilados por el equipo investigativo de Diario Sur Noticias, las diligencias incluyeron el retiro de computadores, documentación administrativa y respaldos contables para someterlos a peritajes especializados. El procedimiento se originó tras una revisión de la Contraloría General de la República y hoy apunta a esclarecer si existieron cobros irregulares asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, así como eventuales responsabilidades administrativas y penales. En paralelo, el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, aseguró colaboración plena con la investigación liderada por Fiscalía y organismos fiscalizadores, y recalcó que la continuidad de las prestaciones de salud no se verá afectada.
Operativo de la PDI en la Corporación Municipal de Castro
La irrupción de la PDI en las instalaciones de la Corporación Municipal de Castro abrió una nueva fase en la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de licencias médicas. De acuerdo con información recabada por Diario Sur Noticias, el despliegue contempló la incautación de equipos computacionales, carpetas administrativas y respaldos financieros que hoy se encuentran bajo análisis técnico. El objetivo de estas diligencias es reconstruir, con trazabilidad documental, la ruta de los procesos y pagos vinculados a subsidios por incapacidad laboral, para verificar si los procedimientos se ajustaron o no a la normativa y a los contratos vigentes durante los años 2023 y 2024.
La actuación policial se inscribe en un proceso más amplio que busca identificar eventuales inconsistencias, corroborar la integridad de los registros contables y determinar si hubo manipulación o discrepancias entre la facturación reportada y los respaldos tributarios. A partir de esta evidencia, los peritajes de la policía civil deberán entregar insumos clave a Fiscalía y a los órganos fiscalizadores para orientar los pasos siguientes de la causa.
Contraloría encendió las alertas tras nueve meses de revisión
El procedimiento se gatilló a partir de una investigación de nueve meses desarrollada por la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes preliminares apuntarían a eventuales anomalías en contratos asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. Sobre esa base, las diligencias buscan aclarar si existieron inconsistencias en pagos, servicios externalizados y manejo de recursos públicos ligados a licencias médicas.
El rol de Contraloría en esta etapa resulta central para delimitar los ámbitos administrativos potencialmente comprometidos, mientras la labor de la PDI se concentra en el acopio y análisis de evidencia digital y física que permita, por una parte, verificar la existencia de irregularidades y, por otra, identificar a los eventuales responsables. El cruce entre ambas líneas de trabajo —control y peritaje— posibilitará determinar con mayor precisión el alcance de las observaciones y su eventual derivación a sede penal.
Empresas bajo la lupa y denuncias de un concejal
El concejal Ignacio Álvarez, quien denunció públicamente la situación en mayo de 2023, sostuvo que la investigación se concentra principalmente en las empresas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA. Según indicó, existirían sospechas relacionadas con la externalización total de servicios y posibles desvíos de recursos fiscales. En esa misma línea, el edil denunció la existencia de facturas presuntamente adulteradas que no coincidirían con los registros tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Los antecedentes planteados por el concejal orientan parte de las diligencias hacia la relación entre proveedores externos y la gestión interna de la corporación, con énfasis en la documentación que respalda los pagos y en la cadena de responsabilidades dentro de los procesos de licencias médicas. La verificación técnica de estas aseveraciones —incluida la revisión de la correspondencia entre facturas y registros tributarios— será crucial para definir si hubo conductas que configuren infracciones administrativas o delitos. Hasta ahora, los reportes oficiales señalan que la investigación permanece bajo reserva.
Posible perjuicio fiscal y líneas investigativas
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta el momento, el eventual perjuicio económico podría involucrar cientos de millones de pesos. Las diligencias en curso se orientan a establecer si existió un fraude mediante cobros irregulares en procesos de recuperación de subsidios por incapacidad laboral y, de ser así, circunscribir con precisión las responsabilidades que procedan. Además, la PDI indaga si hubo participación o complicidad de funcionarios públicos en posibles irregularidades cometidas junto a proveedores externos, para lo cual resultan determinantes los análisis informáticos y contables de los elementos incautados.
El esclarecimiento de estas aristas permitirá distinguir entre eventuales fallas procedimentales y conductas dolosas, una distinción clave para las eventuales acciones administrativas y penales que puedan derivarse tras el informe final de Contraloría y las pericias de la policía civil.
Respuesta del municipio y continuidad de servicios
En medio del operativo y de las diligencias en la corporación, el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, afirmó que el municipio mantiene plena disposición para colaborar con la investigación encabezada por Fiscalía y los organismos fiscalizadores. Asimismo, señaló que las acciones judiciales y periciales no afectarán la continuidad de las prestaciones de salud que se entregan a la comunidad, un punto relevante frente a la inquietud que genera cualquier pesquisa sobre licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral.
En tanto, la PDI continuará con el análisis técnico de los equipos y documentos incautados, proceso que busca consolidar evidencia objetiva y trazable. Mientras se espera el informe final de Contraloría, la causa se mantiene bajo reserva, en resguardo del éxito de las diligencias y de la integridad de los antecedentes recabados.
El caso abre un flanco sensible para la administración local y para la confianza pública en los mecanismos de gestión de licencias médicas. La confluencia de una revisión prolongada de Contraloría, los peritajes especializados de la PDI y la coordinación con Fiscalía y organismos fiscalizadores configura un escenario donde la evidencia tendrá la última palabra. En ese marco, la colaboración institucional y la preservación de los servicios a la ciudadanía aparecen como elementos esenciales mientras avanza una investigación que, por ahora, se mantiene en estricto carácter de reserva.
Elementos incautados y pericias en curso
- Retiro de computadores, documentación administrativa y respaldos contables para peritajes especializados.
- Análisis técnico orientado a verificar pagos, servicios externalizados y manejo de recursos públicos ligados a licencias médicas.
- Pericias informáticas y contables para determinar trazabilidad y posibles inconsistencias en la documentación.
Estado y próximos hitos de la investigación
- Indagatoria iniciada tras nueve meses de revisión de la Contraloría General de la República.
- Foco en contratos asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral (2023–2024).
- Empresas bajo la lupa: Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA, según denunció el concejal Ignacio Álvarez.
- El municipio, encabezado por Baltazar Elgueta, afirmó plena colaboración; servicios de salud continúan sin alteraciones.
- La causa permanece bajo reserva a la espera del informe final de Contraloría y de los avances de la PDI.
