Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizaron este jueves 14 de mayo un amplio operativo de incautación en dependencias de la Corporación Municipal de Castro, en el marco de una causa que indaga presuntas irregularidades financieras vinculadas a la gestión de licencias médicas entre 2023 y 2024. De acuerdo con antecedentes recopilados por el equipo investigativo de Diario Sur Noticias, las diligencias incluyeron el retiro de computadores, documentación administrativa y respaldos contables para someterlos a peritajes especializados. El procedimiento, que permanece bajo reserva, se articula con una investigación de larga data impulsada por organismos fiscalizadores y busca determinar la existencia de posibles anomalías, responsabilidades administrativas y eventuales delitos asociados al uso de recursos públicos.
Investigación se originó tras revisión de Contraloría
El operativo desplegado por la policía civil se enmarca en una investigación de nueve meses desarrollada por la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes preliminares apuntarían a eventuales anomalías en contratos asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. Las indagatorias procuran clarificar el flujo de recursos que se destinaron a la gestión de licencias médicas, el modo en que se contrataron servicios para tales fines y si los procedimientos administrativos se ajustaron a la normativa vigente. En esta línea, se ha puesto atención al pago de servicios externalizados y a la consistencia de los desembolsos registrados, con el objetivo de identificar posibles inconsistencias y reconstruir el circuito completo de decisiones y operaciones comprometidas.
Operativo y peritajes de la PDI
Como parte de las diligencias ordenadas, la PDI incautó computadores, archivos administrativos y respaldos contables, insumos clave para los peritajes que ahora deben establecer la trazabilidad de la documentación y el soporte digital. La labor técnica de la policía civil se concentrará en revisar la correspondencia entre contratos, facturación y respaldos, así como en identificar posibles desajustes entre lo informado y lo efectivamente ejecutado. De esta manera, la investigación busca precisar si existió participación o complicidad de funcionarios públicos en las conductas bajo examen y cómo habría operado la relación con eventuales proveedores externos. La continuidad de estos análisis será determinante para ordenar las piezas del caso y delimitar su alcance.
Foco en empresas externas y denuncias
El concejal Ignacio Álvarez, quien denunció públicamente la situación en mayo de 2023, sostuvo que la investigación se concentra principalmente en las empresas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA. De acuerdo con su planteamiento, existirían sospechas vinculadas a la externalización total de servicios y a eventuales desvíos de recursos fiscales, elementos que, en esta etapa, se encuentran en verificación. Además, el edil denunció la existencia de facturas presuntamente adulteradas que no coincidirían con los registros tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Todas estas afirmaciones forman parte de la línea investigativa y serán contrastadas con los resultados de los peritajes documentales y contables que ya están en curso.
Eventual perjuicio fiscal y materias bajo pesquisa
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el eventual perjuicio económico involucraría cientos de millones de pesos. Las diligencias apuntan a establecer si existió un fraude mediante cobros irregulares asociados a la recuperación de subsidios y, en caso de comprobarse, determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. La revisión incluye pagos, convenios y procesos de contratación, así como el análisis de la documentación de respaldo que permita confirmar o descartar inconsistencias. El cruce entre información contable, facturación y soportes digitales será central para dilucidar la magnitud de los hechos indagados y su impacto en el uso de recursos públicos.
Municipio asegura colaboración y continuidad de servicios
El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, afirmó que el municipio mantiene plena disposición para colaborar con la investigación encabezada por la Fiscalía y los organismos fiscalizadores. En paralelo, aseguró que las diligencias judiciales no afectarán la continuidad de las prestaciones de salud que se entregan a la comunidad a través de la corporación. La posición municipal busca resguardar la provisión de servicios esenciales mientras se desarrolla el proceso investigativo y, a la vez, facilitar el acceso a toda información requerida por las autoridades competentes para esclarecer los hechos.
Investigación bajo reserva y coordinación interinstitucional
La indagatoria permanece bajo reserva mientras se aguarda el informe final de la Contraloría y el avance de las pericias que lleva adelante la policía civil. En este contexto, las actuaciones se concentran en robustecer la evidencia disponible, ordenar la documentación incautada y asegurar la integridad de los respaldos digitales. La coordinación entre los distintos estamentos involucrados —Fiscalía, Contraloría y PDI— busca garantizar que el proceso de esclarecimiento se realice con rigurosidad, resguardando el debido proceso y la reserva propia de una investigación en curso.
La relevancia del caso radica en que, de confirmarse las irregularidades, se trataría de hechos con potencial impacto en recursos públicos destinados a la gestión de licencias médicas. Por ahora, la atención se centra en los peritajes y en el contraste de la información administrativa, contable y tributaria, así como en la eventual existencia de responsabilidades individuales o institucionales. Mientras tanto, la comunidad permanece expectante respecto del resultado de las pesquisas y de los eventuales cursos de acción que puedan derivarse de los hallazgos.
Claves confirmadas por la investigación en curso
- Operativo de la PDI: Incautación de computadores, documentos administrativos y respaldos contables en la Corporación Municipal de Castro.
- Origen del caso: Revisión de nueve meses de la Contraloría General de la República sobre contratos asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral.
- Hipótesis investigadas: Irregularidades en pagos y servicios externalizados, posibles fraudes mediante cobros irregulares y manejo de recursos públicos ligados a licencias médicas.
- Denuncias del concejal Ignacio Álvarez: Foco en las empresas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA; facturas presuntamente adulteradas que no coincidirían con registros del SII.
- Posible impacto económico: Eventual perjuicio que podría involucrar cientos de millones de pesos.
- Postura del municipio: Disposición a colaborar y garantía de continuidad de las prestaciones de salud a la comunidad.
- Estado de la causa: Investigación bajo reserva a la espera del informe final de Contraloría y de los peritajes de la PDI.
Qué se espera para las próximas etapas
- Peritajes técnicos: Análisis de equipos computacionales y documentación incautada para verificar consistencia entre contratos, facturación y respaldos contables.
- Contraste documental: Revisión de eventuales diferencias entre facturas y registros tributarios, y evaluación de la externalización de servicios.
- Determinación de responsabilidades: Definición de posibles responsabilidades administrativas y penales, según arrojen las diligencias.
- Informe de Contraloría: Emisión del reporte final como insumo clave para delinear eventuales cursos de acción institucionales.
La investigación avanza entre peritajes y control documental, con la mirada puesta en corroborar o descartar las irregularidades denunciadas. En tanto, la colaboración interinstitucional y la reserva del proceso se presentan como garantías para un esclarecimiento riguroso de los hechos, mientras la ciudadanía aguarda definiciones sustentadas en evidencia y procedimientos ajustados a la ley.
