Una diligencia de amplio alcance realizó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) este jueves 14 de mayo en dependencias de la Corporación Municipal de Castro, en el marco de una causa por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la gestión de licencias médicas entre 2023 y 2024. Según antecedentes recopilados por el equipo investigativo de Diario Sur Noticias, los detectives incautaron computadores, documentación administrativa y respaldos contables para someterlos a peritajes especializados. La investigación, que se mantiene bajo reserva, busca aclarar posibles inconsistencias en pagos, servicios externalizados y uso de recursos públicos.
Operativo de la PDI en la Corporación Municipal de Castro
De acuerdo con la información recopilada, la PDI ejecutó un operativo de incautación dirigido a obtener material clave para el análisis forense de eventuales irregularidades. Entre los elementos retirados figuran equipos computacionales, archivos administrativos y soportes contables que serán examinados por peritos. Estas diligencias forman parte de un trabajo coordinado con el Ministerio Público y organismos fiscalizadores, y se enfocan en determinar si hubo conductas que vulneraran la normativa vigente en la administración de licencias médicas.
La naturaleza del procedimiento apunta a asegurar evidencia primaria y corroborar —o descartar— hipótesis sobre la existencia de irregularidades en la contratación y ejecución de servicios asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. El resguardo de la información incautada y su análisis técnico constituirán la base para eventuales decisiones procesales.
Revisión de Contraloría dio origen a la causa
El despliegue policial tiene su origen en una investigación de nueve meses de la Contraloría General de la República, cuyos hallazgos preliminares apuntarían a posibles anomalías en contratos relacionados con la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. En ese marco, las indagatorias buscan esclarecer si existieron inconsistencias en pagos, servicios externalizados y en el manejo de recursos públicos vinculados al manejo de licencias médicas.
La revisión de Contraloría abrió líneas de análisis sobre el modo en que se contrataron y ejecutaron servicios, la trazabilidad de eventuales cobros y la correspondencia documental y contable de los procesos. Este trabajo previo permitió focalizar las diligencias y orientar el peritaje hacia áreas específicas de la gestión administrativa.
Empresas bajo la lupa y denuncias del concejal Ignacio Álvarez
El concejal Ignacio Álvarez, quien denunció públicamente la situación en mayo de 2023, sostuvo que la investigación se concentra principalmente en las firmas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA. De acuerdo con su planteamiento, existirían sospechas respecto de una externalización total de servicios y de eventuales desvíos de recursos fiscales asociados a dichos contratos.
Asimismo, el edil denunció la existencia de facturas presuntamente adulteradas que no coincidirían con los registros tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Estos antecedentes, puestos en conocimiento de las autoridades, forman parte del conjunto de elementos que hoy son objeto de verificación mediante pericias documentales y contables.
Posible perjuicio fiscal y líneas de indagación
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el eventual perjuicio económico podría alcanzar cientos de millones de pesos. Las diligencias en curso intentan establecer si existió fraude mediante cobros irregulares asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral y, a partir de aquello, determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.
La investigación contempla revisar el ciclo completo de contratación y pago, así como la correspondencia entre servicios efectivamente prestados y documentos respaldatorios. En este punto, la labor pericial sobre los equipos y archivos incautados será determinante para trazar la ruta de los recursos, verificar la autenticidad de la documentación y esclarecer la eventual participación o complicidad de funcionarios públicos junto a proveedores externos.
Respuesta del municipio y continuidad de servicios
El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, manifestó la plena disposición del municipio para colaborar con la investigación que encabezan la Fiscalía y los organismos fiscalizadores. Según indicó, la institución comunal ha facilitado las labores de la PDI y entregará los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes.
El jefe comunal también señaló que las diligencias judiciales no afectarán la continuidad de las prestaciones de salud a la comunidad. La línea municipal apunta a resguardar el funcionamiento de los servicios esenciales mientras avanza la causa, en paralelo al trabajo técnico y de análisis de información que realizan los equipos investigadores.
Peritajes en curso y reserva de la causa
La PDI continuará con el análisis técnico de los computadores, documentos y respaldos contables incautados, pericias que incluyen la revisión de trazas digitales, correspondencia administrativa y registros contables. El objetivo es robustecer el cuadro probatorio que permita, en su caso, sustentar imputaciones o descartar hipótesis.
Hasta ahora, la investigación se mantiene bajo reserva, a la espera del informe final de Contraloría y de los resultados de las pericias desarrolladas por la policía civil. Esta etapa resulta clave para definir eventuales formalizaciones y el curso procesal de la causa, en atención a los hallazgos que se obtengan del examen de la evidencia recolectada.
Qué información fue incautada
Según antecedentes del equipo investigativo de Diario Sur Noticias, las diligencias incluyeron el retiro de computadores, documentación administrativa y respaldos contables. Todo ese material será sometido a peritajes especializados con el fin de verificar la correspondencia entre servicios contratados, pagos realizados y registros internos.
Estado actual del proceso
Las indagatorias buscan determinar si se configuró fraude mediante cobros irregulares vinculados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral y establecer responsabilidades administrativas y penales. La causa permanece bajo reserva mientras se aguardan el informe definitivo de Contraloría y los resultados de las pericias de la PDI.
En un escenario donde aún rigen hipótesis y se investigan presuntas irregularidades, el avance de los peritajes y la revisión de Contraloría serán decisivos para despejar dudas, reforzar la trazabilidad de los actos administrativos y proteger el uso correcto de los recursos públicos. La colaboración institucional anunciada por el municipio y la reserva decretada para resguardar la investigación marcan el pulso de un caso cuyo desenlace dependerá del peso de la evidencia técnica y documental reunida por las autoridades competentes.
