La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó este jueves 14 de mayo un amplio operativo de incautación en dependencias de la Corporación Municipal de Castro, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la gestión de licencias médicas entre 2023 y 2024. De acuerdo con antecedentes del equipo investigativo de Diario Sur Noticias, las diligencias consideraron el retiro de computadores, documentación administrativa y respaldos contables, con el objetivo de someterlos a peritajes especializados.
Las pesquisas buscan esclarecer si existieron inconsistencias en los pagos y en la contratación de servicios externalizados asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, así como eventuales anomalías en el uso de recursos públicos. La indagatoria se desarrolla mientras los antecedentes permanecen bajo reserva, a la espera del avance de las pericias y del informe final de los organismos fiscalizadores.
Operativo y foco de las diligencias
La acción de la PDI se concentró en recabar evidencia material que permita trazar el flujo de información y la rendición contable de los procesos de licencias médicas gestionados por la Corporación Municipal de Castro. Entre los elementos incautados figuran equipos computacionales y documentación respaldatoria de carácter administrativo y financiero, clave para un análisis técnico detallado. Estos insumos serán sometidos a peritajes especializados orientados a identificar eventuales patrones irregulares, respaldos contables inconsistentes o trazas digitales que permitan precisar responsabilidades. En esta etapa, la labor investigativa busca preservar la integridad de la evidencia y acotar líneas de indagación con base en los hallazgos preliminares.
Indagatoria surgida tras revisión de Contraloría
El procedimiento se enmarca en una investigación de nueve meses desarrollada por la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes preliminares apuntarían a posibles anomalías en contratos ligados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. En términos generales, el énfasis está puesto en aclarar el alcance de esos contratos, el cumplimiento de sus condiciones y la eventual concordancia entre los servicios prestados y los pagos efectuados. También se indaga el manejo de recursos públicos destinados a la gestión de licencias médicas, una materia sensible por su impacto directo en la administración local y en la continuidad de prestaciones a la comunidad.
Señalamientos sobre empresas externas y externalización total
El concejal Ignacio Álvarez, quien denunció públicamente la situación en mayo de 2023, señaló que el foco de la investigación estaría puesto principalmente en las empresas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA. De acuerdo con su planteamiento, existirían sospechas relacionadas con la externalización total de servicios, así como con eventuales desvíos de recursos fiscales. El edil también denunció la existencia de facturas presuntamente adulteradas que no coincidirían con los registros tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Estas alertas forman parte de las líneas investigativas que la policía civil deberá contrastar con los antecedentes técnicos y contables incautados, a fin de dilucidar si hubo conductas irregulares y quiénes habrían participado de ellas.
Posible perjuicio fiscal y responsabilidades
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el eventual perjuicio económico podría involucrar cientos de millones de pesos. Las diligencias buscan establecer si existió fraude mediante cobros irregulares asociados a la recuperación de subsidios, una hipótesis que la investigación deberá sustentar o descartar sobre la base de peritajes contables y análisis documental. En paralelo, las autoridades apuntan a determinar posibles responsabilidades administrativas y penales, lo que involucra esclarecer la eventual participación o complicidad de funcionarios públicos en conjunto con proveedores externos. Este enfoque integral pretende trazar con claridad la cadena de decisiones y su apego a la normativa.
Municipio compromete colaboración y continuidad de servicios
El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, aseguró que el municipio mantiene plena disposición para colaborar con la investigación liderada por el Ministerio Público y los organismos fiscalizadores. En esa línea, manifestó que las diligencias judiciales en curso no afectarán la continuidad de las prestaciones de salud entregadas a la comunidad, un elemento relevante para resguardar la atención de usuarios y la operación cotidiana de los servicios municipales. La postura oficial del municipio se centra en facilitar el trabajo de las instancias investigativas y en sostener las funciones esenciales, mientras se esclarecen los hechos.
Peritajes de la PDI y causa bajo reserva
En lo inmediato, la PDI continuará con el análisis técnico de los computadores y documentos incautados, peritajes que permitirán contrastar información contable, contratos y respaldos administrativos con los registros formales. Este proceso incluye determinar si hubo intervención de funcionarios públicos en las eventuales irregularidades cometidas en coordinación con proveedores externos. Por ahora, la causa permanece bajo reserva, de modo que los detalles específicos de la carpeta investigativa se mantendrán resguardados hasta que se emitan resultados concluyentes. Se espera el informe final de la Contraloría General de la República y el avance de las pericias de la policía civil para orientar los próximos pasos.
Antecedentes clave recopilados
Las diligencias incluyeron la incautación de computadores, documentación administrativa y respaldos contables desde la Corporación Municipal de Castro. Estos materiales servirán para verificar la trazabilidad de pagos, la correspondencia entre servicios contratados y ejecutados, y la solidez de la documentación tributaria asociada. También se analizarán eventuales inconsistencias en facturas y registros que, de ser detectadas, podrían sustentar hipótesis sobre adulteración de documentos o sobrecobros vinculados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral.
Próximos hitos en la investigación
La causa seguirá su curso con peritajes de la PDI y la evaluación de los hallazgos por parte de los organismos fiscalizadores. El informe final de Contraloría será determinante para precisar el alcance de las presuntas irregularidades y orientar la definición de responsabilidades. Mientras tanto, las autoridades municipales han comprometido colaboración y han asegurado la continuidad de prestaciones, en particular en el ámbito de salud, mientras el proceso se mantiene en reserva.
En un escenario marcado por la reserva de la causa y el escrutinio sobre la gestión de recursos públicos, el avance coordinado entre la policía civil y los entes fiscalizadores será clave para establecer con claridad si hubo irregularidades, su eventual magnitud y los responsables. La transparencia del proceso y la solidez de los peritajes serán determinantes para resguardar la confianza pública y fortalecer los mecanismos de control en la administración local.
