Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizaron este jueves 14 de mayo un amplio operativo de incautación en dependencias de la Corporación Municipal de Castro, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la gestión de licencias médicas entre 2023 y 2024. Según antecedentes del equipo investigativo de Diario Sur Noticias, las diligencias incluyeron el retiro de computadores, documentación administrativa y respaldos contables para someterlos a peritajes especializados.
Operativo en la Corporación Municipal de Castro
De acuerdo con la información disponible, el procedimiento se materializó con la incautación de soportes físicos y digitales alojados en distintas oficinas de la entidad municipal. Computadores, archivos administrativos y respaldos contables fueron retirados con el objetivo de reconstruir flujos de información, contrastar registros y resguardar evidencia relevante para la causa. Este tipo de diligencia busca asegurar la integridad de los antecedentes que permitan establecer eventuales patrones de conducta, determinar autorías y despejar hipótesis sobre presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos asociados a licencias médicas.
Revisión de Contraloría como punto de partida
El operativo surge tras una investigación de nueve meses desarrollada por la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes preliminares apuntarían a posibles anomalías en contratos vinculados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. En términos generales, estos subsidios corresponden a beneficios asociados a licencias médicas cuya gestión financiera puede involucrar procesos de reembolso y cobro ante distintas instancias. La indagatoria en curso se centra en esclarecer si, durante los años 2023 y 2024, se produjeron inconsistencias en pagos, servicios externalizados y manejo de recursos públicos relacionados con esa área.
Empresas externas bajo la lupa
El concejal Ignacio Álvarez, quien denunció públicamente la situación en mayo de 2023, señaló que la investigación se concentra principalmente en las empresas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA. Según indicó, existirían sospechas por la externalización total de servicios asociados a la gestión de licencias médicas y por eventuales desvíos de recursos fiscales. Además, el edil denunció la existencia de facturas presuntamente adulteradas que no coincidirían con registros tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Las autoridades investigativas buscan contrastar estos antecedentes con los documentos incautados, a fin de corroborar o descartar las irregularidades apuntadas.
Posible perjuicio económico y líneas de indagación
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el perjuicio económico podría alcanzar cientos de millones de pesos. En esta etapa, las diligencias se orientan a determinar si existió fraude mediante cobros irregulares ligados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral y a identificar eventuales responsabilidades administrativas y penales. La documentación y los equipos periciados permitirían, entre otros aspectos, verificar la trazabilidad de los pagos, los términos de los contratos con terceros y la consistencia de las facturaciones declaradas frente a los respaldos contables internos y los registros del SII.
El municipio asegura colaboración y continuidad de servicios
El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, afirmó que la administración municipal mantiene plena disposición para colaborar con la investigación encabezada por Fiscalía y organismos fiscalizadores. Asimismo, destacó que las diligencias judiciales no afectarán la continuidad de las prestaciones de salud dirigidas a la comunidad. En un escenario de especial sensibilidad pública, la declaración busca transmitir tranquilidad a los usuarios y reforzar que los procesos internos pueden continuar operativos mientras se desarrollan las pericias y análisis de la PDI.
PDI continúa peritajes y causa permanece en reserva
Tras el operativo, la PDI avanzará en el análisis técnico de los computadores y documentos incautados, lo que incluye validar información contable, reconstruir cronologías de gestión y revisar eventuales vínculos entre funcionarios y proveedores. Las diligencias también apuntan a determinar si existió participación o complicidad de funcionarios públicos en presuntas irregularidades cometidas junto a empresas externas. De momento, la investigación permanece bajo reserva a la espera del informe final de la Contraloría y del avance de los peritajes desarrollados por la policía civil, etapas que resultan clave para sustentar decisiones posteriores del Ministerio Público.
Elementos incautados y su relevancia probatoria
El retiro de equipos computacionales, documentación administrativa y respaldos contables constituye una fase crítica en casos de presuntas irregularidades financieras. Los equipos permiten acceder a bases de datos, historiales de correos, sistemas de gestión y planillas que pueden reflejar la operatoria diaria y la relación con terceros. La documentación impresa y los respaldos contables, en tanto, ofrecen el contraste necesario entre lo que se registró internamente y lo que se declaró ante instancias externas. Este cruce de información es esencial para identificar posibles inconsistencias en pagos, contratos u órdenes de compra, y para evaluar la existencia de cobros irregulares relacionados con licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral.
Lo que se investiga: licencias médicas y servicios externalizados
Las indagatorias buscan esclarecer si en la gestión de licencias médicas se configuraron prácticas irregulares mediante servicios externalizados, con especial foco en la recuperación de subsidios y en la eventual emisión de facturas adulteradas. La revisión contempla detectar inconsistencias en pagos y evaluar la pertinencia de los contratos con empresas externas, a la vez que apunta a establecer si hubo desvíos de recursos fiscales. En este contexto, la coordinación entre PDI, Fiscalía y organismos de control resulta determinante para robustecer los hallazgos, delimitar responsabilidades y resguardar el uso correcto de fondos públicos.
Mientras la causa se mantiene en reserva, el curso de los peritajes y el pronunciamiento de la Contraloría serán determinantes para esclarecer el alcance de las posibles anomalías y su impacto en la administración de recursos destinados a la salud municipal. La colaboración institucional anunciada por el municipio y la continuidad de las prestaciones a la comunidad marcan el tono de un proceso que, más allá de sus eventuales derivaciones penales o administrativas, pondrá a prueba los mecanismos de control interno y la confianza ciudadana en la gestión pública.
