En un operativo que concentró la atención local, detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizaron este jueves 14 de mayo una diligencia de incautación en dependencias de la Corporación Municipal de Castro, en el marco de una causa por presuntas irregularidades financieras ligadas a la gestión de licencias médicas entre 2023 y 2024. Según los antecedentes recabados por Diario Sur Noticias, los funcionarios retiraron computadores, documentación administrativa y respaldos contables, los que serán sometidos a peritajes especializados. La indagatoria, que permanece bajo reserva, busca establecer la existencia de inconsistencias y eventuales fraudes asociados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral.
Operativo de la PDI y foco en la documentación incautada
La acción policial se extendió por distintas dependencias de la entidad municipal y tuvo por objetivo asegurar evidencias materiales que permitan trazar la ruta de los procesos administrativos relacionados con licencias médicas. De acuerdo con los antecedentes disponibles, se incautaron equipos computacionales, archivos administrativos y respaldos contables, insumos que servirán a la PDI para un examen técnico y financiero de la información. Este tipo de diligencias, habitual en pesquisas de naturaleza económico-administrativa, busca preservar la integridad de los registros y detectar posibles anomalías en flujos, contratos y pagos.
Revisión de Contraloría: nueve meses y hallazgos preliminares
La investigación policial se origina tras una revisión de la Contraloría General de la República que se extendió por nueve meses y cuyos antecedentes preliminares apuntarían a anomalías en contratos vinculados a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. En esa línea, las diligencias actuales exploran posibles inconsistencias en pagos, externalización de servicios y manejo de recursos públicos ligados a licencias médicas. La Contraloría, en su rol de entidad fiscalizadora, consolidará estos antecedentes en un informe final cuyo contenido y conclusiones serán claves para el curso de la causa.
Empresas bajo la lupa y denuncias del concejal Ignacio Álvarez
El concejal Ignacio Álvarez, quien expuso públicamente la situación en mayo de 2023, sostiene que la investigación se concentra principalmente en las empresas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA. De acuerdo con su planteamiento, existirían sospechas sobre la externalización total de servicios y eventuales desvíos de recursos fiscales. Además, denunció la presunta existencia de facturas adulteradas que no coincidirían con los registros tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). Estos elementos forman parte del marco indagatorio que hoy guía el análisis pericial de la documentación incautada.
Perjuicio fiscal en evaluación y eventuales responsabilidades
Según los antecedentes conocidos hasta ahora, el perjuicio económico en evaluación podría involucrar cientos de millones de pesos. Las diligencias pretenden establecer si existió fraude mediante cobros irregulares asociados a la recuperación de subsidios y, en tal caso, determinar posibles responsabilidades administrativas y penales. El examen comparado de contratos, respaldos contables y flujos de pago será determinante para identificar patrones de conducta, verificar la trazabilidad de los servicios prestados y corroborar —o descartar— la existencia de inconsistencias sistemáticas.
Municipio: colaboración con fiscalización y continuidad de servicios
Desde el municipio, el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, manifestó la plena disposición de la administración para colaborar con la investigación encabezada por el Ministerio Público y los organismos fiscalizadores. Asimismo, aseguró que las diligencias en curso no afectarán la continuidad de las prestaciones de salud que se entregan a la comunidad a través de la red administrada por la Corporación Municipal. La coordinación institucional, enfatizan, busca permitir el avance de la causa sin interrumpir servicios esenciales para la población.
Peritajes en curso y reserva de la investigación
La PDI continuará con el análisis técnico de los computadores y documentos incautados, un trabajo que incluye revisar estructuras de datos, trazabilidad de operaciones y posibles vínculos entre funcionarios públicos y proveedores externos en los hechos investigados. El proceso se desarrolla bajo reserva, a la espera de las pericias concluyentes y del informe final de la Contraloría, insumo que permitirá una evaluación integral del caso. Mientras tanto, el énfasis está puesto en resguardar la cadena de custodia de los materiales recopilados y en asegurar que el examen pericial se realice con estándares de objetividad y rigor.
En un contexto en que las licencias médicas y los subsidios por incapacidad laboral exigen procedimientos administrativos precisos —para resguardar tanto a los trabajadores como a la correcta administración de fondos públicos—, la indagatoria en Castro examina el funcionamiento de la externalización, los controles internos aplicados y la fidelidad de los respaldos contables. La verificación cruzada entre registros administrativos y tributarios, junto con el escrutinio de contratos y facturas, será esencial para dilucidar la transparencia y legalidad de los procesos observados.
Lo que se sabe hasta ahora
– Operativo de la PDI en dependencias de la Corporación Municipal de Castro, con incautación de computadores, documentación administrativa y respaldos contables.
– Origen en Contraloría: la revisión de nueve meses arrojó antecedentes preliminares sobre anomalías en contratos ligados a subsidios por incapacidad laboral.
– Foco en terceros: la investigación apunta a las empresas Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA, según lo expuesto por el concejal Ignacio Álvarez.
– Indicios en revisión: presunta adulteración de facturas y eventuales inconsistencias con el SII forman parte de la línea investigativa.
– Perjuicio en evaluación: el eventual daño fiscal podría alcanzar cientos de millones de pesos, sujeto a confirmación pericial.
Claves a observar en los próximos días
– Avance de los peritajes técnicos de la PDI sobre la información incautada para detectar patrones, trazabilidad de pagos y concordancia de registros.
– Contenido y efectos del informe final de la Contraloría, que será determinante para delimitar responsabilidades y cursos de acción.
– Colaboración municipal en las diligencias y continuidad de las prestaciones de salud administradas por la Corporación Municipal.
– Eventuales definiciones del Ministerio Público respecto de líneas investigativas y determinación de responsabilidades administrativas o penales.
La atención pública se concentrará ahora en los resultados de los peritajes y en el informe de Contraloría, instancias que permitirán distinguir con precisión entre irregularidades administrativas, posibles ilícitos y eventuales fallas de control. A la espera de definiciones, la investigación avanza con reserva y con el compromiso declarado de colaboración por parte del municipio, mientras la comunidad observa el desarrollo de un caso que interpela la correcta gestión de recursos públicos.
