El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a defender la Ley de Reconstrucción Nacional y aseguró que el Ejecutivo mantendrá su agenda económica aunque el proyecto no prospere en el Congreso. En el seminario “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”, organizado por Clapes UC, el titular de la cartera abordó el complejo cuadro macroeconómico, reiteró la necesidad de “desmitificar” críticas al plan oficial y subrayó que el Gobierno dispone de herramientas alternativas para sostener su rumbo. En paralelo, persisten las negociaciones en el Parlamento —particularmente con el Partido de la Gente (PDG)—, mientras voces técnicas como la del exministro Felipe Larraín apoyan partes de la iniciativa, aunque piden ajustes a la luz de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Quiroz reafirma la apuesta por la Ley de Reconstrucción Nacional
En su intervención, Quiroz defendió nuevamente el objetivo de la propuesta y aseguró que la hoja de ruta del Gobierno no se agota en la tramitación legislativa. Enfatizó que el proyecto forma parte de un paquete más amplio para encarar el escenario económico actual, marcado por desafíos acumulados. A su juicio, un eventual traspié en el Congreso no equivaldría a renunciar a los propósitos trazados por el Ejecutivo.
El ministro insistió en que la discusión pública no debe sobredimensionar una sola iniciativa. “Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, planteó, resguardando margen político y técnico para continuar con medidas complementarias.
“Vamos a seguir gobernando igual”: las herramientas alternativas
Consultado en el seminario sobre el curso de acción en caso de que la reforma no avance, Quiroz fue explícito: “Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”. La afirmación pone el acento en instrumentos administrativos y de gestión pública que el Ejecutivo considera disponibles para empujar su plan económico, aun sin cambios legales inmediatos.
El llamado del ministro a “desmitificar” críticas en torno a la iniciativa busca enmarcar el debate en parámetros técnicos y de gradualidad. En esa línea, sostuvo que la conducción económica no depende únicamente de una norma, sino de la articulación de políticas, coordinación público-privada y señales de certidumbre que permitan activar inversión y empleo.
Un panorama económico con nudos persistentes
Quiroz volvió a describir un entorno desafiante, con bajo crecimiento, desempleo, desequilibrios fiscales y presiones por el nivel de gasto público. Mencionó el bajo desempeño del Imacec de marzo como una señal del enfriamiento de la actividad. En un contexto de incertidumbre, el ministro remarcó la necesidad de sostener una hoja de ruta que combine responsabilidad y capacidad de reacción.
La alusión al Imacec —indicador que sigue la evolución mensual de la actividad— se enmarca en el diagnóstico de que el país enfrenta “importantes desafíos económicos”. De ahí que el Gobierno vea en la Ley de Reconstrucción Nacional un vehículo para reforzar expectativas y mejorar condiciones para la inversión, al tiempo que apela a la prudencia en el uso de recursos fiscales.
Negociaciones y cálculos en el Congreso
Las declaraciones del ministro ocurren mientras continúan las conversaciones políticas para intentar destrabar la tramitación del proyecto, con énfasis en el diálogo con el Partido de la Gente (PDG). En ese marco, el líder de la colectividad, Franco Parisi, aseguró recientemente haber alcanzado acuerdos con el ministro, si bien recalcó que la decisión final corresponde a los diputados de su partido. La señal confirma que la aritmética legislativa sigue abierta y que el Gobierno explora apoyos específicos para asegurar avances en el Congreso.
La puerta que dejó entreabierta el PDG es clave para el itinerario de la iniciativa, que busca alinear respaldo suficiente en un escenario de correlación ajustada. Sin perjuicio de ello, el énfasis de Quiroz en la continuidad de la gestión, con o sin ley, opera también como mensaje hacia la oposición y el mercado: el Ejecutivo pretende sostener su estrategia con las herramientas disponibles.
Ajustes sugeridos por Felipe Larraín y el rol del CFA
En el mismo seminario participó el exministro de Hacienda Felipe Larraín, quien respaldó parte del proyecto y defendió su informe financiero. A su juicio, la propuesta podría entregar “un poderoso empuje” a la economía al favorecer menores tasas, mayor certeza jurídica y agilización de inversiones. No obstante, Larraín también sostuvo que el texto requiere ajustes, especialmente a la luz de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
En un mensaje dirigido a quienes relativizaron esas recomendaciones y ahora buscan adoptarlas de forma íntegra, Larraín afirmó: “A pocos meses, los que ignoraban las recomendaciones del CFA, hoy piden seguirlas al pie de la letra”. En esa línea, planteó la posibilidad de incorporar medidas de gradualidad y una mayor prudencia fiscal para facilitar el avance legislativo. La discusión, por tanto, se desplaza desde el sí o no al proyecto hacia el cómo y bajo qué resguardos, con el CFA como referente técnico de equilibrio presupuestario.
Un debate anclado en certidumbre y ejecución
Entre los ejes que se desprenden del seminario destaca la tensión entre la urgencia por reactivar la economía y el cuidado de la sostenibilidad fiscal. El Gobierno apuesta a que la Ley de Reconstrucción Nacional aporte certidumbre y dinamismo, mientras que críticos y apoyos condicionados enfatizan la necesidad de calibrar contenidos y ritmos. La posición de Quiroz de “seguir gobernando igual” aparece como una señal de que la agenda económica no quedará en pausa, y de que la ejecución —la “gestión”— será central en el corto plazo.
Claves del debate económico expuesto en el seminario
El encuentro organizado por Clapes UC reunió visiones convergentes en el diagnóstico —actividad débil, tensiones en el empleo, restricción fiscal— y matices en la receta. Mientras el Ejecutivo reafirma que el proyecto es parte de una estrategia más amplia, voces técnicas apuntan a enriquecerlo con gradualidad y reglas claras, siguiendo advertencias del CFA. El objetivo compartido: despejar incertidumbres, impulsar inversiones y anclar expectativas.
Lo que se juega en la negociación con el PDG
El diálogo con el PDG aparece como pieza decisiva para el trámite en el Congreso. Las declaraciones de Franco Parisi sobre acuerdos con el ministro, con la salvedad de que la resolución final será de los diputados, marcan un punto de inflexión potencial. El Ejecutivo busca ordenar respaldos sin ceder en su diagnóstico, mientras instala la idea de que, aun sin ley, la gestión y los decretos sostendrán la hoja de ruta económica.
La discusión sobre la Ley de Reconstrucción Nacional revela un cruce de prioridades: acelerar la reactivación, custodiar la responsabilidad fiscal y recomponer confianzas. Entre el énfasis del Gobierno en la continuidad de su agenda —con apoyo legislativo o a través de gestión y decretos— y las advertencias técnicas de incorporar gradualidad y atender las observaciones del CFA, el debate se orienta a cómo dotar de eficacia y credibilidad a la política económica. En tanto el Congreso procesa las conversaciones con el PDG y otros actores, la señal compartida desde el seminario es que el país enfrenta desafíos relevantes y que la combinación de certidumbre, prudencia y ejecución será determinante para el rumbo de los próximos meses.
