Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, defendió nuevamente la Ley de Reconstrucción Nacional y aseguró que el Ejecutivo no detendrá su agenda económica, incluso si la tramitación legislativa del proyecto se estanca. Sus declaraciones se dieron en el seminario “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”, organizado por Clapes UC, instancia en la que el secretario de Estado también abordó el complejo escenario macroeconómico que enfrenta el país y llamó a desmitificar críticas sobre la iniciativa.
Defensa cerrada a la Ley de Reconstrucción Nacional
En su intervención, el titular de Hacienda reafirmó el carácter prioritario de la Ley de Reconstrucción Nacional dentro del programa económico del Gobierno. Sostuvo que el proyecto se inserta en una hoja de ruta más amplia, cuyo objetivo es reactivar la economía y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos presentes. Enfatizó que un eventual revés legislativo no implicaría el abandono de esa estrategia, pues existen otras vías de acción para sostener y orientar la gestión económica.
La insistencia del ministro responde a un debate político que no solo se concentra en el contenido de la ley, sino también en su oportunidad y en los mecanismos para implementarla. En ese marco, Quiroz defendió que el Ejecutivo ha considerado diversos instrumentos para materializar sus objetivos, más allá del itinerario parlamentario. Con ello buscó marcar distancia de la idea de que toda la capacidad de respuesta del Estado esté supeditada al destino inmediato de una reforma en el Congreso.
“Vamos a seguir gobernando igual”: gestión y decretos
Quiroz explicitó la posición del Ejecutivo con una frase que marcó el tono de su presentación. “Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, afirmó, subrayando que el Gobierno continuará avanzando por la vía administrativa dentro de sus atribuciones si la ley no prospera.
Además, relativizó la idea de que el éxito del programa económico dependa exclusivamente de esta reforma: “Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”. Con esta declaración, el ministro quiso remarcar continuidad y flexibilidad en la conducción económica, al tiempo que defendió la pertinencia del proyecto como parte de un paquete más amplio de medidas.
Un panorama económico complejo
El ministro delineó el contexto en el que se inserta la discusión: bajo crecimiento, desempleo, déficit fiscal y nivel de gasto público forman parte del cuadro que, según su diagnóstico, condiciona la toma de decisiones. En esa línea, aludió al desempeño del Imacec de marzo como uno de los antecedentes que confirman la debilidad de la actividad y la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la recuperación.
En su repaso, llamó también a “desmitificar” ciertas críticas al proyecto, sin detallar cuáles, con la intención de encauzar el debate hacia la evaluación de impactos y la consistencia de la hoja de ruta. La tesis del ministro es que, pese a la dificultosa coyuntura, es posible combinar conducción política, prudencia en la implementación y uso de herramientas administrativas para sostener el proceso de reactivación y ordenar las finanzas públicas.
Negociaciones en el Congreso y el rol del PDG
Las palabras de Quiroz se dan en paralelo a conversaciones políticas en el Congreso para intentar destrabar la tramitación de la reforma, con especial foco en el Partido de la Gente (PDG). El ministro ha sido protagonista de esos acercamientos, en un esfuerzo por ampliar apoyos y acercar posiciones que permitan habilitar el avance legislativo del proyecto.
En ese marco, el líder del PDG, Franco Parisi, aseguró recientemente haber alcanzado acuerdos con el ministro de Hacienda, aunque indicó que la decisión final corresponderá a los diputados de su colectividad. Ese matiz mantiene cierto suspenso en torno al resultado inmediato de la negociación y agrega un componente de expectativa al itinerario parlamentario de la iniciativa.
Felipe Larraín respalda, pero pide ajustes
El seminario de Clapes UC reunió también al exministro de Hacienda Felipe Larraín, quien manifestó un respaldo acotado al proyecto y defendió su informe financiero. Según planteó, la propuesta podría entregar “un poderoso empuje” a la economía a través de menores tasas, mayor certeza jurídica y la agilización de inversiones, aspectos que a su juicio aportarían a la dinámica de actividad en un entorno demandante.
No obstante, Larraín estimó que el texto requiere ajustes, especialmente a la luz de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). “A pocos meses, los que ignoraban las recomendaciones del CFA, hoy piden seguirlas al pie de la letra”, dijo, instalando la idea de que el diálogo técnico y la apertura a introducir cambios podrían facilitar el tránsito legislativo. También sugirió incorporar medidas de gradualidad y mayor prudencia fiscal como vías para fortalecer el consenso en torno al proyecto sin perder su orientación procrecimiento.
Una hoja de ruta en disputa, pero en marcha
La discusión deja ver dos planos. Por un lado, el contenido de la iniciativa y su potencial para impulsar la actividad, el empleo y la inversión en un entorno de bajo dinamismo. Por otro, el método: cómo se concilia la urgencia de actuar con la necesidad de alinear apoyos, acoger recomendaciones técnicas y sostener el equilibrio fiscal. En ese cruce, el Ministerio de Hacienda insiste en que el país no puede quedar a la espera de una sola votación, mientras busca anclar respaldos concretos para viabilizar la reforma.
La combinación de mensajes —determinación política por parte del Gobierno, apertura a ajustes por parte de actores técnicos y negociaciones en curso con fuerzas parlamentarias— perfila un camino donde la implementación gradual y el resguardo fiscal aparecen como elementos con capacidad de articular acuerdos. El desenlace, sin embargo, continuará dependiendo de los equilibrios dentro del Congreso y la disposición de cada fuerza a validar un punto medio.
Claves del debate en el seminario
- Determinación del Ejecutivo: Quiroz sostuvo que la agenda económica seguirá adelante incluso si la ley no avanza, apoyándose en gestión y decretos.
- Contexto económico desafiante: mención a bajo crecimiento, desempleo, déficit fiscal, gasto público e impacto del Imacec de marzo.
- Apertura a ajustes: Larraín respaldó el potencial procrecimiento, pero pidió incorporar cambios y considerar las observaciones del CFA.
- Negociaciones políticas: el diálogo con el PDG sigue en desarrollo; según Parisi, hay acuerdos con Hacienda y la decisión final recae en los diputados.
Elementos en juego para el avance legislativo
- Señales de prudencia: la gradualidad y el resguardo fiscal fueron planteados como vías para facilitar consensos.
- Validación técnica: la atención a las recomendaciones del CFA aparece como un punto de convergencia en el debate.
- Capacidad de gestión: el Gobierno afirma contar con herramientas administrativas para sostener su hoja de ruta, más allá del Congreso.
- Decisiones políticas: la posición de las bancadas, y en especial del PDG, será decisiva para el destino de la iniciativa.
La controversia en torno a la Ley de Reconstrucción Nacional refleja una tensión conocida entre urgencia económica y viabilidad política. Mientras el Gobierno remarca que avanzará con los instrumentos disponibles y busca desactivar críticas, el mundo técnico sugiere ajustes y el Congreso mide sus apoyos. En ese triángulo, el debate se ordena en torno a una pregunta central: cómo compatibilizar reactivación, certezas y prudencia, sin perder de vista que, como advirtió el ministro, una agenda no se agota en una sola ley.
