En un nuevo gesto de respaldo político, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la Ley de Reconstrucción Nacional y aseguró que el Gobierno mantendrá su impulso económico aun si el proyecto no prospera en el Congreso. Sus declaraciones se dieron durante el seminario “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”, organizado por Clapes UC, instancia en la que abordó el desempeño reciente de la economía y el estado de las negociaciones legislativas. En paralelo, el exministro de Hacienda Felipe Larraín valoró parte de la propuesta y su informe financiero, pero pidió ajustes a la luz de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), sugiriendo introducir mayor gradualidad y prudencia fiscal para facilitar su avance.
Gobierno reafirma su hoja de ruta económica
Desde el podio del seminario, Quiroz volvió a colocar en el centro del debate la Ley de Reconstrucción Nacional, defendiendo su necesidad y destacando que forma parte de un engranaje más amplio de medidas para encauzar la actividad. Subrayó que la agenda del Ejecutivo no depende de un solo instrumento ni de una única votación parlamentaria. Para el ministro, la estrategia económica se sostiene en una combinación de políticas, mecanismos administrativos y herramientas normativas que permiten seguir operando aun en escenarios legislativos adversos.
Al enfatizar la continuidad del programa, el titular de Hacienda quiso desmarcarse de la idea de que el futuro económico inmediato está atado a una sola decisión del Congreso. “Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, planteó, buscando “desmitificar” críticas que, a su juicio, simplifican en exceso el alcance de la iniciativa y del conjunto de medidas que el Ejecutivo tiene en carpeta.
“Vamos a seguir gobernando igual”: señales en medio de la incertidumbre
En su exposición, Quiroz explicitó que el Ejecutivo cuenta con alternativas para seguir avanzando en sus objetivos. “Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, dijo. Con ello, reforzó la idea de que la conducción económica del Gobierno puede sostenerse mediante atribuciones propias y decisiones de gestión, aun cuando la tramitación legislativa enfrente tropiezos.
El mensaje buscó instalar una señal de estabilidad en un momento en que la discusión pública se ha tensionado por la evaluación de la iniciativa. Al poner el foco en la “gestión” y en los “decretos”, el ministro delimitó un campo de acción que no reemplaza al Congreso, pero que —según recalcó— evita paralizar la política económica por completo en caso de no contar de inmediato con una nueva ley.
Un contexto económico desafiante
El ministro de Hacienda describió un entorno complejo para la administración, marcado por el bajo crecimiento, el desempleo, el déficit fiscal y el nivel de gasto público. Mencionó, entre los antecedentes recientes, el bajo desempeño del Imacec de marzo y recalcó que el país enfrenta desafíos significativos para retomar un ritmo sostenido de actividad. La economía, sostuvo, requiere medidas que promuevan inversión, eleven la confianza y permitan administrar los riesgos fiscales.
En esa línea, llamó a “desmitificar” algunas críticas dirigidas contra la Ley de Reconstrucción Nacional, poniendo en perspectiva que el proyecto busca efectos combinados: mejorar el ambiente para las inversiones, otorgar certezas y acelerar procesos, sin desconocer las restricciones del ciclo actual. La referencia al cuadro macroeconómico operó como telón de fondo de su defensa, planteando que la urgencia de las medidas se explica por la necesidad de encarar, de manera simultánea, varios frentes económicos.
Negociaciones legislativas: foco en el Partido de la Gente
Las declaraciones de Quiroz se produjeron en medio de conversaciones políticas destinadas a destrabar la tramitación del proyecto en el Congreso, con especial atención a los diálogos con el Partido de la Gente (PDG). De acuerdo con lo señalado por el líder de esa colectividad, Franco Parisi, se habrían alcanzado acuerdos con el ministro, aunque enfatizó que la definición final corresponde a los diputados del partido.
Este punto resulta clave para el futuro de la iniciativa, pues la aritmética de apoyos en el Congreso será determinante para su avance. La mención a entendimientos preliminares con el PDG, junto con la aclaración de que la última palabra la tienen sus parlamentarios, deja entrever que la conformación de mayorías todavía está en construcción. Con ello, el Ejecutivo intenta mantener abiertas todas las vías de diálogo político, mientras refuerza que su agenda puede desplegarse por otras rutas si no hay consenso parlamentario suficiente en el corto plazo.
Felipe Larraín respalda con matices y pide ajustes
En el mismo seminario, el exministro de Hacienda Felipe Larraín respaldó parte del proyecto y defendió su informe financiero. A su juicio, la propuesta podría entregar “un poderoso empuje” a la economía, mediante menores tasas, mayor certeza jurídica y agilización de inversiones. Su intervención coincidió en señalar que el contexto exige medidas para movilizar la actividad, pero también planteó límites y condiciones para resguardar el equilibrio fiscal.
Larraín sostuvo que el texto requiere ajustes, especialmente tras las observaciones formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). “A pocos meses, los que ignoraban las recomendaciones del CFA, hoy piden seguirlas al pie de la letra”, afirmó, dando cuenta de un giro en el tono del debate técnico. A partir de ello, sugirió incorporar medidas de gradualidad y mayor prudencia fiscal para facilitar el avance legislativo del proyecto, tendiendo puentes entre las metas de reactivación y las exigencias de sostenibilidad de las cuentas públicas.
La intervención del exministro aportó una dimensión de consenso acotado: reconocimiento de los objetivos procrecimiento y, al mismo tiempo, llamado a precisar salvaguardas fiscales. Ese equilibrio, advierte, podría ser clave para ampliar respaldos y sortear reparos durante la tramitación.
Al cierre de la jornada, el contrapunto entre la decisión del Ejecutivo de mantener su hoja de ruta y la propuesta de ajustes desde la vereda técnica marcó el tono general del debate. Por un lado, la convicción gubernamental de que la Ley de Reconstrucción Nacional se inserta en un marco de acción más amplio; por otro, la advertencia de que su viabilidad política y su consistencia fiscal podrían fortalecerse con enmiendas orientadas a la gradualidad y a la prudencia.
Reflexión informativa final: El cruce entre urgencia económica y disciplina fiscal, sumado a una negociación parlamentaria aún abierta —con especial énfasis en las conversaciones con el PDG—, define el pulso de la discusión. Mientras Jorge Quiroz insiste en que el Ejecutivo “va a seguir gobernando igual” incluso si el proyecto no avanza, voces como la de Felipe Larraín proponen ajustar el texto a la luz de las recomendaciones del CFA. En ese punto de equilibrio, entre empuje y resguardo, se juega el desenlace de una iniciativa que el Gobierno presenta como eje de su agenda, y que sus críticos piden perfeccionar antes de someterla a la prueba definitiva del Congreso.
Claves del debate expuestas en el seminario
– El Gobierno defendió la Ley de Reconstrucción Nacional como parte de una estrategia más amplia y operativa, que puede sostenerse con gestión y decretos si no hay ley.
– Se describió un panorama económico complejo, con bajo crecimiento, desempleo, déficit fiscal y presiones sobre el gasto, además de un bajo Imacec en marzo.
– La discusión incorpora un componente técnico relevante: las observaciones del CFA y la necesidad de calibrar gradualidad y prudencia fiscal.
Elementos a observar en la tramitación legislativa
– Las conversaciones con el Partido de la Gente son un eje para construir apoyo, aunque la decisión final recaerá en sus diputados, según Franco Parisi.
– El respaldo con matices de Felipe Larraín apunta a un espacio de convergencia: impulsar inversión y certeza, incorporando ajustes que respondan a los reparos fiscales.
