El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió nuevamente la Ley de Reconstrucción Nacional y aseguró que el Gobierno mantendrá su impulso económico incluso si la iniciativa no prospera en el Congreso. Sus declaraciones se produjeron durante el seminario “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”, organizado por Clapes UC, instancia en la que abordó el estado de la economía y las perspectivas de tramitación legislativa del proyecto.
Gobierno ratifica impulso a su agenda económica
En su intervención, Quiroz reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la agenda de reactivación contenida en la Ley de Reconstrucción Nacional. Sin cerrar la puerta a la negociación parlamentaria, el titular de Hacienda insistió en que el programa económico no quedará supeditado por completo al avance del proyecto en el Congreso. De acuerdo con su planteamiento, el Gobierno cuenta con herramientas complementarias para sostener sus objetivos en materia de crecimiento y empleo, lo que permitiría preservar el rumbo aun en un escenario de estancamiento legislativo.
La postura, reiterada ante un auditorio académico y técnico, apunta a fortalecer la señal política de continuidad del plan económico. En términos generales, el énfasis del ministro estuvo puesto en sostener que el programa no depende de una sola pieza legislativa, sino de un conjunto de acciones que incluyen aspectos regulatorios, de gestión y administrativos.
“Vamos a seguir gobernando igual”
Consultado por la posibilidad de que el Congreso no apruebe la ley, Quiroz sostuvo que el Ejecutivo dispone de otras vías para impulsar su hoja de ruta. “Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, afirmó. El mensaje busca despejar la idea de que el proyecto sea el único soporte del plan gubernamental y, a la vez, transmitir capacidad de maniobra institucional frente a un debate legislativo que permanece abierto.
En la misma línea, el ministro rechazó que un eventual revés legislativo equivalga a desarticular las prioridades económicas de la administración. “Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, señaló. Con ello, intentó reencuadrar el debate político y económico en torno a una estrategia más amplia que la sola tramitación del proyecto.
Desafíos y contexto económico
Quiroz describió además el escenario que enfrenta la economía, marcado por bajo crecimiento, desempleo, déficit fiscal y presiones en el gasto público. Mencionó el bajo desempeño del Imacec de marzo como uno de los antecedentes que refuerzan la necesidad de medidas que apunten a dinamizar la actividad. En su diagnóstico, el país se enfrenta a importantes desafíos económicos, por lo que llamó a “desmitificar” algunas de las críticas formuladas a la iniciativa del Ejecutivo.
El acento del ministro estuvo puesto en defender el alcance del proyecto frente a cuestionamientos que, a su juicio, sobredimensionan sus efectos o su carácter. Al poner en perspectiva los elementos coyunturales, buscó situar la discusión en términos de responsabilidad fiscal y de políticas proinversión, evitando que la controversia política desdibuje la arquitectura general de la propuesta.
Negociaciones en el Congreso y rol del PDG
Las declaraciones de Quiroz se insertan en un momento de conversaciones políticas orientadas a destrabar la tramitación de la reforma, con especial atención a los acercamientos con el Partido de la Gente (PDG). En ese marco, el líder de la colectividad, Franco Parisi, afirmó haber alcanzado acuerdos con el ministro, aunque precisó que la decisión final corresponderá a las y los diputados del partido.
El guiño del PDG se posiciona como un componente relevante de la negociación, sin que ello suponga una definición anticipada del desenlace. La admisión de contactos por parte de su liderazgo confirma que hay espacio para eventuales entendimientos, pero también subraya que la deliberación y el voto recaerán en la bancada parlamentaria.
Felipe Larraín respalda el proyecto y pide ajustes
El debate sumó otra voz durante el seminario de Clapes UC: el exministro de Hacienda Felipe Larraín, quien respaldó parte de la propuesta y defendió su informe financiero. Según su análisis, la iniciativa podría entregar “un poderoso empuje” a la economía a través de menores tasas, mayor certeza jurídica y agilización de inversiones. Al mismo tiempo, puntualizó que el texto requiere ajustes, especialmente a la luz de las observaciones formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
En su intervención, Larraín planteó que, “a pocos meses, los que ignoraban las recomendaciones del CFA, hoy piden seguirlas al pie de la letra”. También sugirió incorporar componentes de gradualidad y mayor prudencia fiscal para facilitar el avance legislativo. Su postura se situó en una línea de apoyo condicionado: reconocimiento del potencial del proyecto junto con la exigencia de perfeccionamientos que alineen su implementación con estándares de sostenibilidad.
Puntos de fricción y márgenes de acuerdo
Del conjunto de mensajes surgidos en el encuentro, emergen dos vectores. Por un lado, la voluntad del Gobierno de resguardar su agenda económica más allá del resultado legislativo inmediato, destacando herramientas alternativas como la gestión y los decretos. Por otro, el llamado desde sectores técnicos y políticos a ajustar la iniciativa, atendiendo a las observaciones de entidades como el CFA, sin desnaturalizar su objetivo de reactivación.
Esa doble dimensión —continuidad gubernamental y apertura a perfeccionamientos— perfila el terreno sobre el cual podrían avanzar los acuerdos. La negociación con el PDG aparece como un eje práctico de esa búsqueda, en la medida que su bancada pueda canalizar los entendimientos a los que su dirigencia alude y que las mejoras técnicas ayuden a resolver dudas sobre su aplicación.
Qué se discutió en el seminario de Clapes UC
El seminario “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional” reunió miradas del Gobierno y de exautoridades económicas en torno a los desafíos de crecimiento, la consistencia fiscal del proyecto y las condiciones habilitantes para acelerar la inversión. En ese foro, Jorge Quiroz defendió la capacidad del Ejecutivo para sostener su agenda incluso en un contexto legislativo complejo, mientras que Felipe Larraín respaldó el informe financiero y, a la vez, planteó la necesidad de ajustes considerando las observaciones del CFA.
Lo que viene para la tramitación legislativa
La discusión parlamentaria seguirá marcada por las conversaciones políticas destinadas a destrabar la reforma, con foco en el PDG y en eventuales perfeccionamientos que incorporen gradualidad y prudencia fiscal. Según lo señalado por Franco Parisi, cualquier entendimiento preliminar deberá ser validado por las y los diputados del partido, lo que mantiene abierta la definición sobre el curso de la tramitación.
En síntesis, el Ejecutivo reitera que su estrategia económica no depende de una sola votación, mientras la oposición técnica y política reivindica la pertinencia de ajustes. Entre la defensa del alcance de la Ley de Reconstrucción Nacional y las exigencias de perfeccionamiento, la viabilidad del proyecto se jugará en la capacidad de compatibilizar reactivación con cautelas fiscales, en un contexto de bajo dinamismo y señales mixtas que, como el Imacec de marzo, subrayan la urgencia de acuerdos efectivos.
