El Gobierno presentó un proyecto de ley que propone un incremento de $7.546 al sueldo mínimo, lo que elevaría el ingreso mensual desde $539.000 a $546.546 a partir de mayo de 2026. La iniciativa fue ingresada por la Secretaría General de la Presidencia de Chile, encabezada por el ministro José García Ruminot, y considera ajustes diferenciados para distintos grupos de trabajadores, junto con un mecanismo de actualización automática ligado a la inflación.
El planteamiento surge tras conversaciones con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que no alcanzaron acuerdo. Mientras el Ejecutivo había planteado previamente un aumento de $23.000, la CUT pidió llevar el sueldo mínimo a $647.000, con el argumento de recuperar el poder adquisitivo. Las diferencias de enfoque quedaron de manifiesto en la discusión pública, en particular respecto del peso que debe darse a la evolución del empleo frente a las mejoras salariales.
Proyecto de ley y alcance del ajuste
El proyecto de ley formaliza la propuesta del Ejecutivo de elevar el salario mínimo en $7.546, cifra que equivale a una variación cercana al 1,4%. De este modo, el ingreso mínimo mensual pasaría desde los actuales $539.000 a $546.546, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2026. La iniciativa fue ingresada por la Secretaría General de la Presidencia, cartera liderada por José García Ruminot, y especifica montos para segmentos etarios distintos, así como para fines no remuneracionales.
Según el Ejecutivo, el porcentaje propuesto se alinea con la inflación estimada, con la intención de preservar el poder de compra sin introducir variaciones que, a su juicio, pudieran tensionar el mercado laboral. El texto ordena la actualización de las escalas salariales mínimas en función de la edad de los trabajadores y del tipo de prestación, abordando no solo el salario base para quienes están entre los 18 y 65 años, sino también el aplicable a menores de 18 y mayores de 65, además del ingreso con fines no remuneracionales.
Cómo quedaría el ingreso mínimo desde mayo de 2026
A partir del 1 de mayo de 2026, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años se ubicaría en $546.546. Este valor constituye el nuevo referente legal para el salario mínimo en el tramo principal de la fuerza laboral. La actualización implica un alza puntual respecto del nivel vigente, con el objetivo de ajustar la remuneración básica a la trayectoria de precios prevista para el periodo.
La medida se inserta en un contexto de negociación social donde las expectativas sobre la evolución del costo de vida y el poder adquisitivo mantienen un papel central. El énfasis en un incremento acotado busca, de acuerdo con la postura gubernamental expresada en el proyecto, sintonizar con la variación de precios sin perder de vista los posibles efectos sobre la dinámica del empleo.
Reajuste automático por IPC a partir de 2027
El proyecto incorpora un mecanismo de reajuste automático a partir del 1 de enero de 2027, indexado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), considerando el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2026. Con esta fórmula, el ingreso mínimo se actualizaría en función del desempeño efectivo de la inflación, otorgando una referencia objetiva para la corrección del salario mínimo.
El anclaje al IPC entre abril y diciembre de 2026 implica que la corrección de inicios de 2027 recogerá la mayor parte de la evolución de precios posterior a la entrada en vigencia del nuevo piso salarial. De esta manera, el esquema busca entregar certidumbre respecto de la forma en que se ajustará el monto en el corto plazo.
Montos para jóvenes, mayores y fines no remuneracionales
Además del tramo general, la propuesta define valores diferenciados para otros segmentos de la población. Para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el ingreso mínimo se elevaría a $407.711. En tanto, el ingreso mínimo con fines no remuneracionales alcanzaría $352.298. Estos montos responden a la estructura habitual con escalas específicas por grupo etario y a la distinción entre ingresos con y sin carácter remuneracional.
La explicitación de estos valores en el cuerpo del proyecto fija parámetros claros para empleadores y trabajadores, y contribuye a homogeneizar los criterios de actualización, evitando interpretaciones divergentes en cada segmento.
Negociación con la CUT y posiciones contrapuestas
La presentación del proyecto ocurre tras un encuentro entre el Gobierno y la CUT en el que no hubo acuerdo respecto del reajuste. En esa instancia, el Ejecutivo había puesto sobre la mesa un incremento de $23.000, cifra que contrastó con la solicitud de la central sindical de elevar el salario mínimo hasta $647.000, lo que implicaba un alza de $108.000. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, planteó que la propuesta del organismo busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
El desacuerdo expuesto evidencia una distancia sustantiva entre la mirada gubernamental —orientada a incrementos en línea con la inflación— y la visión de la CUT, que enfatiza la necesidad de un salto mayor para recomponer ingresos. La discusión deja en relieve el dilema entre gradualismo y corrección más intensa en el corto plazo.
Debate sobre empleo y reformas laborales
Desde la central sindical se ha cuestionado el enfoque del Ejecutivo, acusando que se prioriza el impacto en el empleo por sobre mejoras salariales. Según indicaron, medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la implementación de nuevas normativas laborales son vistas por el Gobierno como factores que afectan la creación de empleo. En este marco, la CUT sostiene que la evolución del salario mínimo no debería quedar supeditada a consideraciones que, a su juicio, postergan la recuperación del poder de compra.
El Ejecutivo, por su parte, ha vinculado el ajuste con la trayectoria de la inflación y con un mecanismo objetivo de indexación a partir de 2027, buscando mantener un balance entre ingresos y condiciones del mercado laboral. Esta diferencia de prioridades explica, en buena medida, la falta de consenso en la última ronda de conversaciones.
Fechas y cifras principales del proyecto
– Aumento propuesto del sueldo mínimo: $7.546, desde $539.000 a $546.546 a contar del 1 de mayo de 2026.
– Reajuste automático por IPC: desde el 1 de enero de 2027, considerando la variación del IPC entre abril y diciembre de 2026.
– Variación aproximada del incremento: 1,4%, en línea con la inflación estimada.
– Montos por segmento: $407.711 para menores de 18 y mayores de 65; $352.298 para fines no remuneracionales.
Claves del desacuerdo con la CUT
– Propuesta previa del Gobierno en la mesa de diálogo: incremento de $23.000.
– Petición de la CUT: sueldo mínimo de $647.000, equivalente a un alza de $108.000, con énfasis en recuperar el poder adquisitivo.
– Diferencias de enfoque: la central sindical critica que se privilegie el impacto en el empleo; el Ejecutivo estructura el ajuste en función de la inflación y un esquema de indexación.
La discusión sobre el sueldo mínimo transita entre la urgencia por recomponer ingresos y la cautela frente al empleo. El proyecto del Gobierno opta por un alza acotada y un mecanismo de actualización automática ligado al IPC, mientras la CUT insiste en un incremento mayor para revertir la pérdida de poder de compra. Sin acuerdo a la vista en la última instancia de diálogo, el debate queda enmarcado por dos prioridades que hoy conviven en tensión: sostener la creación de empleo y elevar los salarios de manera más acelerada. La resolución de esa tensión marcará el alcance real del ajuste propuesto y su recepción entre trabajadores y empleadores.
