El Gobierno presentó un proyecto de ley que propone un aumento del sueldo mínimo de $7.546, lo que elevaría el ingreso mensual desde $539.000 a $546.546 a partir de mayo de 2026. La iniciativa, que contempla ajustes diferenciados para distintos segmentos de trabajadores y un mecanismo de actualización automática por inflación, llega tras una negociación sin acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha presionado por un alza sustantivamente mayor para recuperar el poder adquisitivo.
Proyecto ingresado por la Secretaría General de la Presidencia
La propuesta fue ingresada por la Secretaría General de la Presidencia de Chile, encabezada por el ministro José García Ruminot, con el objetivo de establecer nuevas bases para el ingreso mínimo mensual y parametrizar su evolución en el corto plazo. Según el texto, el Ejecutivo incorporó elementos de diferenciación por tramo etario y uso del ingreso, además de un componente de ajuste asociado al comportamiento de los precios al consumidor, con el fin de dar continuidad a la política de ingresos mínimos y ordenar su trayectoria en un contexto de inflación acotada.
Detalle del reajuste para trabajadores de 18 a 65 años
El 1 de mayo de 2026 operaría el reajuste central del proyecto: el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años ascendería a $546.546. El incremento propuesto —$7.546— implica una variación cercana al 1,4%, cifra alineada con la inflación estimada para el período, de acuerdo con los supuestos que recoge la propia propuesta. En términos prácticos, el alza busca sostener el valor real del salario mínimo, considerando la trayectoria reciente de los precios y la necesidad de preservar, al menos parcialmente, la capacidad de compra de los trabajadores sujetos a dicho umbral.
Mecanismo de ajuste automático vinculado al IPC
El proyecto contempla un reajuste automático a contar del 1 de enero de 2027, vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El período de referencia para este cálculo será el comprendido entre abril y diciembre de 2026. De este modo, el valor del ingreso mínimo quedaría anclado a la evolución de la inflación observada en esos meses, con el objetivo de mitigar la erosión del poder de compra que pudiese producirse entre el alza inicial y el año siguiente. La indexación por IPC, tal como está planteada en la iniciativa, opera como una válvula de ajuste que reduce la necesidad de reabrir conversaciones en plazos muy cortos y ofrece previsibilidad a trabajadores y empleadores.
Montos para otros segmentos laborales
La propuesta legislativa también incorpora nuevos valores para segmentos específicos de la fuerza laboral. Para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el ingreso mínimo se elevaría a $407.711. En paralelo, el ingreso mínimo con fines no remuneracionales —utilizado para ciertas prestaciones— alcanzaría los $352.298. Con ello, el Ejecutivo delimita una estructura de mínimos que distingue tramos etarios y usos, conservando una lógica gradual que acompaña las diferencias de inserción laboral y resguarda estándares de referencia en cada categoría.
Un reajuste en medio de tensiones con la CUT
El envío del proyecto ocurre tras un encuentro entre el Ejecutivo y la CUT en el que no se logró acuerdo respecto del nivel del reajuste. En esa instancia, el Gobierno había planteado un aumento de $23.000, mientras que la central sindical propuso elevar el sueldo mínimo hasta $647.000, lo que suponía un alza de $108.000. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, argumentó que la propuesta del organismo busca “recuperar el poder adquisitivo” de los trabajadores, subrayando que las remuneraciones más bajas han visto tensionada su capacidad de compra por el aumento de los precios. La distancia entre ambas posiciones explica, en gran parte, la dificultad para arribar a un consenso en esta materia.
Diferencias en el enfoque: salario, empleo y reformas laborales
Desde la central sindical se ha cuestionado la postura del Ejecutivo, señalando que se prioriza el impacto en el empleo por sobre mejoras salariales. De acuerdo con lo indicado por la CUT, el Gobierno considera que medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la implementación de nuevas normativas laborales inciden en la creación de empleo, un diagnóstico que, según la central, ha limitado la disposición a respaldar un incremento más robusto del salario mínimo. Este contrapunto expone el nudo del debate: cómo equilibrar la protección del ingreso de los trabajadores con eventuales efectos en la contratación, especialmente en sectores y empresas con menor holgura financiera.
Cifras y fechas a tener en cuenta
– Alza propuesta del sueldo mínimo: $7.546.
– Monto para trabajadores de 18 a 65 años desde el 1 de mayo de 2026: $546.546 (desde $539.000).
– Reajuste automático desde el 1 de enero de 2027 según variación del IPC entre abril y diciembre de 2026.
– Variación estimada del incremento: 1,4%.
– Ingreso mínimo para menores de 18 y mayores de 65: $407.711.
– Ingreso mínimo con fines no remuneracionales: $352.298.
– Propuesta previa del Gobierno en la negociación con la CUT: $23.000 de aumento.
– Petición de la CUT: sueldo mínimo de $647.000 (alza de $108.000).
Lo que dicen las partes
– Ejecutivo: plantea un incremento acotado y un mecanismo de ajuste automático por IPC, con atención al impacto que reformas y regulaciones pueden tener sobre la creación de empleo.
– CUT: rechaza el alza propuesta por insuficiente y demanda un mínimo más alto para recuperar el poder adquisitivo, criticando que se privilegie el efecto en el empleo por sobre la mejora de las remuneraciones.
La discusión por el salario mínimo vuelve a situar en primer plano la tensión entre estabilidad del empleo y recuperación del ingreso real. Mientras el proyecto del Gobierno acota el alza y la encauza por la vía del IPC, la demanda sindical insiste en un salto mayor para cerrar brechas de poder de compra. El desenlace dependerá de cómo se procesen estas diferencias en los próximos pasos del debate y de la capacidad de ambas partes para converger en una fórmula que resguarde, a la vez, la sostenibilidad laboral y el ingreso de quienes perciben el mínimo.
