La controversia por la priorización de la cirugía de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital El Salvador se intensificó a partir de nuevos antecedentes internos que dan cuenta de posibles irregularidades administrativas y clínicas. Según registros a los que accedió Reportajes T13, funcionarios del recinto dejaron constancia formal de que la intervención se realizó sin cumplir los procedimientos habituales y bajo la fórmula “por autorización de dirección”. La situación adquirió mayor gravedad tras conocerse que uno de los pacientes cuya intervención fue postergada murió días después en el mismo hospital a causa de un shock séptico.
Registros internos y modificaciones a la programación
De acuerdo con documentos internos, el martes 23 de diciembre se modificó la programación quirúrgica con el fin de concretar la operación prioritaria de la paciente. En uno de los escritos incorporados a los registros asistenciales, el personal dejó constancia explícita de que la paciente fue derivada a pabellón “por autorización de dirección”, pese a no contar con la documentación clínica y administrativa correspondiente en ese momento.
“Por autorización de dirección, se envía paciente a sala sin entregar, sin papeles administrativos, sin medicamento. Dejo constancia”, se lee en la anotación que forma parte de los antecedentes divulgados. La mención a la ausencia de papelería y de fármacos, junto con la referencia a la falta de “entrega” clínica, abrió interrogantes sobre el cumplimiento del circuito institucional establecido para validar y ejecutar cirugías en el sistema público.
El significado de “sin entregar” y los estándares de traspaso clínico
Según explicó el periodista Alejandro Rivera, el término “sin entregar” utilizado en el registro implica que no se realizó el traspaso clínico entre equipos médicos. Esta instancia es clave en la práctica hospitalaria porque ordena la revisión de antecedentes, la evaluación de riesgos, la ponderación de urgencias y la priorización en función de criterios clínicos transparentes y verificables.
El estándar de traspaso clínico busca reducir la posibilidad de errores, garantizar continuidad asistencial y sustentar en evidencia la decisión de llevar a un paciente a pabellón. La constancia de que tal procedimiento no se habría efectuado, de acuerdo con los registros mencionados, instala dudas sobre el modo en que se adoptó la decisión de priorizar la intervención, así como sobre el resguardo de las condiciones mínimas de seguridad para el resto de los pacientes programados ese día.
Pacientes desplazados y consecuencias reportadas
Los antecedentes internos indican que la operación prioritaria se concretó sin considerar a otros pacientes que esperaban intervención ese mismo día. En la entrega de turno posterior —etapa en la que los equipos registran cambios, incidentes y ajustes— quedó asentado que la decisión obligó a postergar una reexploración de un paciente laparotomizado. Se trata de un caso que cursaba una cirugía abdominal abierta, un tipo de procedimiento habitualmente asociado a cuadros de mayor gravedad o de carácter urgente.
El paciente cuya intervención fue aplazada falleció tres días después, en el mismo establecimiento, producto de un shock séptico. Este desenlace profundizó las dudas respecto de la gestión de prioridades clínicas y sobre el impacto que pudo tener la alteración de la programación en la evolución de los casos más complejos.
Reacciones políticas y demandas de transparencia
El caso generó respuestas inmediatas en el ámbito político. El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, sostuvo que existirían al menos 11 pacientes en condiciones similares, a la espera de una prótesis de cadera. Esa referencia reforzó el llamado a transparentar los criterios y el procedimiento utilizados para determinar la priorización de la cirugía cuestionada.
En el mismo sentido, se solicitó la bitácora completa de la jornada quirúrgica con el objetivo de reconstruir paso a paso cómo se tomó la decisión y en qué momento se introdujeron eventuales cambios a la lista de pabellón. La revisión de dicha bitácora busca, además, contrastar la información consignada en los registros asistenciales con la secuencia real de hechos, a fin de identificar posibles inconsistencias.
Auditoría solicitada y foco en equidad y probidad
En paralelo, parlamentarios de la UDI oficiaron a la Contraloría General de la República para que realice una auditoría al Hospital El Salvador. El requerimiento apunta a esclarecer responsabilidades administrativas eventuales y a determinar si, al priorizar la cirugía de la madre de la ministra, se vulneraron los principios de equidad y probidad que rigen la atención de salud pública.
La auditoría solicitada contempla revisar los mecanismos de registro, las órdenes de dirección, los respaldos clínicos y administrativos y las justificaciones formales de la variación de la lista de pabellón. La expectativa es que el escrutinio independiente contribuya a dilucidar el alcance de las decisiones adoptadas y su apego a las normas internas.
Lo que falta por esclarecer
Aunque la información disponible da cuenta de anotaciones formales y de una alteración de la programación el 23 de diciembre, persisten interrogantes decisivos: ¿en qué instancia se definió la priorización?, ¿qué respaldo clínico la sostuvo?, ¿se produjo un intercambio posterior de información que no quedó asentado? La solicitud de la bitácora completa de la jornada quirúrgica busca precisamente responder estas preguntas y verificar si hubo modificaciones posteriores en los registros administrativos.
La respuesta institucional será clave para establecer si el procedimiento se ajustó o no a los protocolos. También permitirá dimensionar los efectos que la decisión pudo tener sobre pacientes en condición crítica, como el caso del laparotomizado cuya reexploración fue postergada y que, días después, falleció por shock séptico.
La controversia pone el acento en la importancia de documentar con precisión las decisiones clínicas y de dirección, especialmente cuando se interviene sobre listas de espera. En contextos de alta demanda, la trazabilidad y la transparencia no solo resguardan la confianza pública, sino que constituyen una herramienta esencial para proteger a los pacientes más vulnerables del sistema.
Reflexión informativa final
El caso del Hospital El Salvador exhibe tensiones estructurales del sistema sanitario: listas de espera presionadas, recursos limitados y la necesidad de preservar criterios de priorización claros y auditables. Los registros internos que consignan una autorización directa sin la “entrega” clínica correspondiente, sumados al fallecimiento de un paciente cuya intervención fue aplazada, configuran un cuadro que exige esclarecimiento expedito y con estándares verificables. Las solicitudes de bitácora y de auditoría se encaminan en esa dirección. En última instancia, lo que está en juego es la garantía de que la equidad y la probidad prevalezcan en cada decisión que determina quién entra —y quién debe esperar— en un pabellón quirúrgico.
Cronología básica del 23 de diciembre
– Modificación de la programación quirúrgica para concretar una intervención prioritaria.
– Derivación a pabellón “por autorización de dirección”, sin papeles administrativos ni medicamentos.
– Registro de que la paciente fue enviada “sin entregar”, es decir, sin traspaso clínico entre equipos.
– Postergación de una reexploración de un paciente laparotomizado.
– Fallecimiento, tres días después, de ese paciente aplazado por shock séptico.
Solicitudes y acciones en curso
– Petición de la bitácora completa de la jornada quirúrgica para reconstruir la toma de decisiones y revisar posibles cambios en los registros.
– Oficio de parlamentarios de la UDI a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría al Hospital El Salvador.
– Foco en esclarecer responsabilidades administrativas y en verificar el respeto a los principios de equidad y probidad en la atención pública.
