En medio de un debate que no cede por el alza sostenida de las contribuciones, el presidente Gabriel Boric rompió su silencio y fijó posición con dureza: calificó como “injusta” y regresiva la propuesta de eliminarlas. En un acto en La Moneda junto a dirigentes campesinos, el mandatario sostuvo que “las contribuciones urbanas las paga solo el 20% más rico” y que esos recursos se orientan a fortalecer el financiamiento local en las comunas más pobres. Su diagnóstico fue tajante: quitar este impuesto significaría transferir recursos desde los sectores más vulnerables hacia los de mayores ingresos. “Cuando les digan fin a las contribuciones, lo que están diciendo es transferirle más plata de los pobres a los ricos”, enfatizó.
Boric rechaza eliminar las contribuciones: “injusta” y regresiva
El punto central planteado por el Presidente es que la carga efectiva de las contribuciones urbanas recae en los hogares de mayores recursos, mientras que lo que se recauda contribuye a sostener servicios y proyectos en comunas con menos ingresos. Bajo esa lógica, la eliminación del tributo —que grava los bienes raíces— no solo no solucionaría los problemas del sistema, sino que los profundizaría al debilitar la redistribución. En su argumentación, Boric subrayó el componente social del impuesto territorial y su relevancia para la equidad territorial, al tiempo que vinculó la propuesta de suprimirlo con una transferencia regresiva del esfuerzo fiscal.
La definición política llega en un momento de alta sensibilidad pública, en el que el descontento por las alzas y la percepción de falta de transparencia han tensionado la conversación. Desde el Ejecutivo se busca separar el legítimo malestar ciudadano por los reavalúos fiscales de la idea de desmantelar un pilar del financiamiento municipal.
Redistribución y financiamiento local en el centro de la discusión
La defensa de las contribuciones hecha por Boric remite al principio de que una fracción de lo recaudado nutre a las comunas más pobres, lo que, según dijo, fortalece el financiamiento local. Esta arquitectura fiscal, planteó, tiene un sentido redistributivo que busca morigerar brechas de desarrollo entre territorios. Bajo esa mirada, retirar la contribución inmobiliaria sería equivalente a reducir los recursos de quienes más los necesitan para destinarlos a quienes ya cuentan con mayores ventajas patrimoniales.
El argumento no es solo técnico, sino político: la discusión sobre las contribuciones se ha convertido en un símbolo de la equidad (o falta de ella) en el sistema tributario, una bisagra entre la capacidad patrimonial y el deber de aportar a los bienes y servicios públicos de alcance comunal.
Alzas sostenidas y dudas sobre el reavalúo fiscal
El trasfondo del conflicto no es nuevo. Los procesos de reavalúo fiscal han empujado al alza las contribuciones de manera progresiva y, en no pocos casos, por sobre los sueldos reales. Este desajuste percibido entre capacidad de pago e incremento del gravamen ha encendido las alarmas entre contribuyentes y actores políticos. A ello se suma la falta de transparencia atribuida a la metodología y a los criterios de valoración, un punto que ha generado desconfianza hacia el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El corazón del malestar radica en la sensación de que el proceso de valorización no siempre refleja con claridad las realidades económicas de quienes deben afrontar el impuesto. La demanda por reglas claras, comprensibles y previsibles reaparece con fuerza cada vez que se actualizan los avalúos, avivando la presión por revisar procedimientos y la comunicación de sus fundamentos.
Mundo urbano y rural: hacia un avalúo diferenciado para terrenos agrícolas
En su intervención, Boric introdujo un matiz clave al distinguir el impacto entre zonas urbanas y rurales. Anunció que se evalúa la implementación de un avalúo fiscal diferenciado para terrenos agrícolas, con el objetivo de evitar que los pequeños campesinos sean asfixiados por el peso del gravamen. La propuesta busca reconocer las particularidades del mundo rural y sus dinámicas productivas, distintas de las realidades urbanas donde se concentra el mayor valor inmobiliario.
Este enfoque diferenciado apunta a amortiguar los efectos no deseados del sistema sobre quienes, a pesar de poseer activos de alto avalúo, no necesariamente cuentan con ingresos líquidos suficientes para afrontar alzas periódicas. Con ello, el Gobierno intenta compatibilizar el principio redistributivo con una aplicación más justa en contextos productivos y patrimoniales disímiles.
El SII bajo la lupa: el caso de Javier Etcheberry
La controversia alcanzó un nuevo punto de ebullición tras conocerse que el exdirector del SII, Javier Etcheberry, acumuló una deuda de nueve años sin pagar contribuciones por la ampliación de su vivienda en Paine. Si bien atribuyó el retraso a trabas burocráticas con los permisos municipales, optó por saldar la deuda completa, renunciando al plazo de prescripción. El episodio tensionó aún más el ambiente y reavivó cuestionamientos sobre la consistencia del sistema y de sus autoridades.
Etcheberry había señalado previamente que “solo el 20% más rico reclama por las contribuciones”, frase que luego matizó ofreciendo disculpas y admitiendo que existen casos en que personas con propiedades de alto valor no cuentan con ingresos suficientes para cumplir con el impuesto. El caso, por su simbolismo, impactó en la percepción pública del SII y en el debate sobre la proporcionalidad del gravamen.
Lo que dijo el Presidente y por qué importa
El eje argumental de Boric se sostiene en tres ideas: que las contribuciones urbanas las paga el 20% más rico; que su recaudación se redistribuye hacia comunas más pobres, reforzando su financiamiento; y que eliminarlas sería “injusto” y implicaría transferir recursos desde los vulnerables a los más acomodados. Su énfasis en una solución diferencial para el mundo rural abre una vía de ajuste sin desmantelar el mecanismo de redistribución. En paralelo, el reclamo ciudadano por la transparencia del reavalúo exige respuestas institucionales claras.
Claves que seguir en el corto plazo
En la conversación pública, persistirán tres focos: el diseño de un avalúo fiscal diferenciado para terrenos agrícolas y su alcance; las medidas para transparentar la metodología de reavalúo del SII; y los efectos políticos de casos que, como el de Javier Etcheberry, agudizan la desconfianza ciudadana. La tensión entre equidad, capacidad de pago y financiamiento local seguirá ordenando el debate.
La discusión sobre contribuciones encierra un dilema nítido: cómo equilibrar un instrumento con vocación redistributiva con las justas demandas de transparencia y proporcionalidad. El Gobierno apuesta por corregir distorsiones —en especial en el sector agrícola— sin desarmar el flujo de recursos hacia las comunas más pobres. En paralelo, el sistema requiere reglas más claras y una comunicación a la altura de la sensibilidad que provoca tocar el patrimonio familiar. Entre la urgencia por aliviar cargas consideradas desmedidas y la necesidad de sostener el financiamiento local, el desenlace del debate dependerá de si las respuestas institucionales son capaces de reconstruir confianza y de mantener a la vista el propósito inicial del impuesto: que quienes más pueden contribuir ayuden a equilibrar el desarrollo de todo el territorio.
