Parlamentarios oficialistas valoraron las gestiones impulsadas por la Cancillería de Chile para restablecer —al menos— las relaciones consulares con Venezuela, en un escenario marcado por las dificultades del Gobierno para avanzar en su plan migratorio y en las reconducciones de ciudadanos en situación irregular. La señal política fue reforzada por el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien calificó como una “primera prioridad” la reactivación de servicios consulares entre ambos países.
Gobierno busca reconstruir canales con Caracas
En entrevista con Agencia EFE durante una visita oficial a Nueva Delhi, el ministro explicó que el Ejecutivo procura reconstruir mecanismos básicos de comunicación e intercambio de información con Caracas para atender necesidades administrativas y migratorias de ciudadanos chilenos y venezolanos. Se trata, de acuerdo con el canciller, de restituir capacidades prácticas que permitan destrabar trámites y resolver situaciones cotidianas que hoy se encuentran sin cauce por la ausencia de representación consular.
“Hay más de 700 mil venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25 mil chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares”, subrayó Pérez Mackenna, enfatizando la magnitud del desafío. El diagnóstico oficial sostiene que, sin servicios consulares operativos, las gestiones más elementales —desde certificaciones hasta solicitudes documentales— quedan expuestas a demoras, incertidumbres y, en no pocos casos, a la imposibilidad de resolverse de manera regular.
Prioridad consular y coordinación en foros regionales
El canciller confirmó además que ya se iniciaron conversaciones con autoridades venezolanas, instancia que ha sido facilitada por encuentros multilaterales como los organizados en el marco de la CELAC. La reconstrucción de puentes consulares, precisó, es el primer peldaño para reanudar un canal de coordinación mínima entre ambas capitales y atender las necesidades de una comunidad binacional numerosa y activa, que hoy opera sin un andamiaje institucional que la sostenga.
La hoja de ruta oficialista, por ahora, pone el acento en el restablecimiento de funciones esenciales: verificación de identidades, emisión y legalización de documentos, y coordinación de eventuales desplazamientos. Sin ese engranaje, apuntan, cualquier intento de cooperación queda circunscrito a esfuerzos informales, con los riesgos operativos y humanos que eso implica.
Relación con migración y reconducciones
El eventual restablecimiento de relaciones consulares es considerado clave para la estrategia migratoria impulsada por el presidente José Antonio Kast, en particular en lo referido a reconducciones y expulsiones de migrantes venezolanos en situación irregular. En la práctica, la ausencia de vínculos diplomáticos y consulares dificulta procesos centrales para la política migratoria: la verificación de identidad, la emisión de documentos indispensables y la coordinación de retornos hacia Venezuela.
Sin esos canales, las medidas administrativas se enfrentan a cuellos de botella que reducen su eficacia y, al mismo tiempo, impactan en la planificación de los propios afectados. La Cancillería sostiene que recomponer la relación consular no solo tiene un efecto operativo inmediato, sino que también brinda un marco de previsibilidad necesario para que los procedimientos migratorios avancen con estándares de certeza y trazabilidad.
Oficialismo respalda acercamiento
Desde el oficialismo, el diputado republicano Stephan Schubert manifestó su confianza en las gestiones del Gobierno. A su juicio, el propósito es habilitar el intercambio de información y facilitar trámites tanto para venezolanos residentes en Chile como para chilenos que viven en territorio venezolano, de manera que cuenten con herramientas administrativas básicas para sostener su vida cotidiana y su regularidad documental.
En la misma línea, el senador Rojo Edwards recalcó que restablecer relaciones consulares por motivos de seguridad y migración no implica un respaldo a situaciones vinculadas a derechos humanos en Venezuela. “Lo que implica es garantizar la seguridad de los chilenos”, afirmó, marcando un deslinde entre la cooperación práctica indispensable y las consideraciones políticas más amplias sobre el régimen venezolano.
Quiebre diplomático ocurrió en 2024
Las relaciones diplomáticas entre Santiago y Caracas se rompieron en 2024, tras las elecciones venezolanas de ese año. El gobierno chileno de entonces, encabezado por Gabriel Boric, cuestionó la transparencia del proceso y denunció irregularidades. Como respuesta, Venezuela retiró a su personal diplomático de Chile y exigió la salida de los representantes chilenos desde Caracas, dejando a ambos países sin un andamiaje consular operativo.
Desde ese quiebre, miles de ciudadanos de ambos países se han visto afectados por la falta de servicios consulares y la ausencia de canales formales de cooperación. La interrupción de estas prestaciones ha tenido impactos acumulativos en la resolución de trámites ordinarios, en la gestión de situaciones de emergencia y en la tramitación de procedimientos migratorios que requieren verificación documental y coordinación interestatal.
Aspectos prácticos de la reactivación consular
De acuerdo con las prioridades expuestas por la Cancillería, la reactivación consular apunta a recomponer funciones esenciales: habilitar la atención a ciudadanos, reanudar la emisión y legalización de documentos y permitir la verificación de identidades para procesos administrativos y migratorios. Estos pasos, sostienen en el oficialismo, son condición necesaria para destrabar reconducciones, ordenar las expulsiones y dar curso a trámites de chilenos y venezolanos que hoy carecen de respuestas institucionales.
Señales políticas y márgenes de cooperación
El respaldo expresado por parlamentarios oficialistas delimita el alcance del acercamiento: se trata de un paso técnico y de seguridad para dar solución a problemas inmediatos, no de un pronunciamiento sobre la situación interna venezolana. La articulación de contactos a través de foros como la CELAC es vista como una vía pragmática para retomar la coordinación mínima, mientras se mantiene el énfasis en la protección de ciudadanos y la eficacia de la política migratoria.
La apuesta por restituir, al menos, las relaciones consulares entre Chile y Venezuela se inscribe en una lógica de urgencia administrativa y de ordenamiento migratorio. Con comunidades numerosas a ambos lados y procedimientos que dependen de la verificación documental y la coordinación interestatal, el Gobierno ha fijado una prioridad operativa que recibe respaldo en el oficialismo. El éxito del proceso dependerá de que el restablecimiento de servicios se traduzca en soluciones concretas y mensurables para los afectados, sin confundir la cooperación técnica con avales políticos que, según enfatizan sus promotores, no están en juego.
