Quiroz reafirma la «Ley de Reconstrucción Nacional» y promete continuidad de la agenda económica
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a defender la Ley de Reconstrucción Nacional y aseguró que el Gobierno sostendrá su hoja de ruta económica aun si el proyecto no prospera en el Congreso. En un seminario organizado por Clapes UC, titulado “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”, el secretario de Estado detalló el complejo contexto que enfrenta la economía y llamó a “desmitificar” algunas críticas dirigidas a la iniciativa oficial.
Durante su exposición, el jefe de la billetera fiscal subrayó que el Ejecutivo dispone de instrumentos para llevar adelante sus objetivos. “Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, afirmó. A su juicio, un eventual revés legislativo no significaría el fin del programa: “Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, enfatizó.
“Vamos a seguir gobernando igual”: el margen de acción del Ejecutivo
La postura del ministro apunta a sostener la agenda económica por vías administrativas y reglamentarias, en paralelo al debate parlamentario. Según planteó, la gestión gubernamental y la dictación de decretos pueden respaldar los lineamientos centrales de la política económica mientras continúa la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. Con ello, el Gobierno busca transmitir que cuenta con alternativas para mantener el ritmo de ejecución de su plan, aun cuando los tiempos legislativos se dilaten o enfrenten trabas.
En este marco, Quiroz insistió en que la discusión pública no debe asumir que todo se juega en una sola iniciativa legal. La hoja de ruta, recalcó, es más amplia y se apoya en un conjunto de medidas que, combinadas, aspiran a reencauzar variables clave y a generar condiciones para la inversión.
Contexto económico: bajo dinamismo y necesidad de “desmitificar” críticas
El titular de Hacienda describió un escenario exigente para la economía, marcado por bajo crecimiento, desempleo, déficit fiscal y un nivel de gasto público que exige monitoreo. Entre los elementos que ilustran el cuadro, mencionó el desempeño del Imacec de marzo, que reforzaría la idea de que el país enfrenta desafíos significativos para recomponer su dinamismo.
Ante este panorama, el ministro llamó a “desmitificar” ciertas críticas a la propuesta del Ejecutivo. Su planteamiento busca posicionar la discusión en términos de eficacia y oportunidad, y no solo de controversia política, subrayando que los ajustes y las herramientas disponibles deben orientarse a reactivar la economía con responsabilidad. En esa línea, el Gobierno ha insistido en que la Ley de Reconstrucción Nacional forma parte de una batería de acciones cuyo objetivo es reimpulsar la actividad y despejar incertidumbres.
Tramitación en el Congreso y conversaciones con el PDG
Las declaraciones de Quiroz ocurren en medio de las gestiones para destrabar la tramitación del proyecto, con especial atención a las conversaciones con el Partido de la Gente (PDG). De acuerdo con lo señalado por el líder de esa colectividad, Franco Parisi, se habrían alcanzado algunos acuerdos con el ministro. No obstante, precisó que la decisión final recae en los diputados del partido.
Este intercambio revela el estado de un proceso legislativo que, como suele suceder con reformas económicas de amplio alcance, requiere alinear expectativas y despejar reparos técnicos y políticos. En paralelo, el Gobierno recalca que seguirá promoviendo su estrategia más allá del ritmo del Congreso, sin desistir del diálogo con los distintos actores parlamentarios.
Felipe Larraín: respaldo acotado, observaciones y prudencia fiscal
En el mismo seminario, el exministro de Hacienda Felipe Larraín aportó una mirada que combina apoyo y cautela. Por un lado, respaldó parte del proyecto y defendió su informe financiero. Sostuvo que la propuesta podría brindar “un poderoso empuje” a la economía mediante menores tasas, mayor certeza jurídica y agilización de inversiones. Por otro, remarcó que el texto requiere ajustes, en especial a la luz de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Larraín enfatizó: “A pocos meses, los que ignoraban las recomendaciones del CFA, hoy piden seguirlas al pie de la letra”. En su visión, introducir criterios de gradualidad y una mayor prudencia fiscal podría facilitar el avance legislativo del proyecto. Su diagnóstico pone sobre la mesa la necesidad de sintonía entre las metas de reactivación y el resguardo de la sostenibilidad de las cuentas públicas, un equilibrio que suele determinar el respaldo transversal a reformas de esta naturaleza.
Clapes UC y el foco en la Hoja de Ruta 2026-2030
El seminario de Clapes UC enmarcó el debate bajo la “Hoja de Ruta 2026-2030”, poniendo el acento en el impacto que la Ley de Reconstrucción Nacional podría tener en el entorno económico. La instancia permitió contrastar la visión del Gobierno con la de expertos y exautoridades, y subrayó la relevancia de contar con marcos previsibles para destrabar proyectos e inversiones. En esa línea, las exposiciones convergieron en la necesidad de mecanismos que fortalezcan la confianza y habiliten un ciclo de mayor actividad, aun cuando persistan diferencias sobre el contenido y la velocidad de implementación.
Lo que se juega en la negociación: certezas, ritmos y ajustes
La discusión combina tres variables interdependientes: la certeza regulatoria que demandan los actores económicos, el ritmo legislativo que define la viabilidad política de los cambios y los ajustes técnicos que permitan compatibilizar reactivación y disciplina fiscal. En ese cruce, la postura del Gobierno de “seguir gobernando” por la vía de la gestión y los decretos funciona como una señal de continuidad, mientras que las advertencias respecto de gradualidad y prudencia —destacadas por Larraín— apuntan a ampliar las bases de apoyo.
En el corto plazo, el resultado de las conversaciones con el PDG y los eventuales perfeccionamientos que el oficialismo esté dispuesto a introducir serán determinantes para el destino del proyecto. De fondo, persiste el desafío de fortalecer la economía en un escenario de bajo dinamismo, con atención al empleo, a la ejecución del gasto y al balance fiscal.
Actores y citas clave
– Jorge Quiroz, ministro de Hacienda: “Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”. “Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”.
– Felipe Larraín, exministro de Hacienda: “A pocos meses, los que ignoraban las recomendaciones del CFA, hoy piden seguirlas al pie de la letra”.
– Franco Parisi, líder del PDG: aseguró acuerdos con el ministro, con la salvedad de que la decisión final corresponde a los diputados del partido.
– Consejo Fiscal Autónomo (CFA): sus observaciones son consideradas como referencia para eventuales ajustes.
– Clapes UC: organizador del seminario “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”.
Elementos en debate dentro del proyecto
– Alcance de la Ley de Reconstrucción Nacional frente a críticas y expectativas del mercado.
– Rol de decretos y gestión administrativa como soporte de la agenda económica del Ejecutivo.
– Posibles ajustes ligados a gradualidad y prudencia fiscal para facilitar su avance en el Congreso.
– Efectos esperados: menores tasas, mayor certeza jurídica y agilización de inversiones, según sus defensores.
– Incidencia del desempeño reciente del Imacec de marzo en la percepción de urgencia de la reforma.
En síntesis, el Gobierno refuerza su mensaje de continuidad y flexibilidad para empujar su agenda, mientras que en el Congreso se articulan apoyos y condiciones para la tramitación. Entre la promesa de reimpulsar la actividad y la cautela fiscal sugerida por expertos, la discusión se encamina a un punto de equilibrio que ponga el foco en resultados concretos para un país que, según las propias autoridades, enfrenta desafíos significativos de crecimiento, empleo y estabilidad de las cuentas públicas.
