El Gobierno presentó un proyecto de ley que propone un aumento del sueldo mínimo de $7.546, con el que el ingreso base mensual pasaría de $539.000 a $546.546 a partir de mayo de 2026. La iniciativa, ingresada por la Secretaría General de la Presidencia de Chile, encabezada por el ministro José García Ruminot, contempla ajustes para distintos grupos de trabajadores y un mecanismo de actualización automática vinculado a la inflación. El anuncio se produce tras un intento de negociación con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que no alcanzó acuerdo sobre el monto del reajuste.
El proyecto ingresado por la Segpres y su alcance
De acuerdo con la propuesta, el Ejecutivo busca materializar un reajuste acotado del ingreso mínimo, con efectos a partir de mayo de 2026, y con diferencias según tramo etario y destino del ingreso. La iniciativa fue ingresada por la Secretaría General de la Presidencia, cartera liderada por José García Ruminot, y se presenta como una respuesta institucional tras la falta de consenso con la CUT en torno al nivel del salario base.
El enfoque del proyecto considera tanto el reajuste inmediato como una regla de actualización posterior, orientada a reflejar la evolución de los precios. En paralelo, se fijan nuevos valores para segmentos específicos de trabajadores y para el ingreso mínimo con fines no remuneracionales.
Detalle del reajuste: nuevo piso para trabajadores entre 18 y 65 años
El texto establece que, a contar del 1 de mayo de 2026, el ingreso mínimo mensual para personas trabajadoras mayores de 18 y hasta 65 años se situará en $546.546. Esto representa un incremento de $7.546 respecto del valor vigente de $539.000. La variación estimada del ajuste se ubica en torno al 1,4%, en línea con la inflación prevista, de manera de evitar descalces significativos entre el salario base y el avance de los precios en la economía.
En términos prácticos, la medida busca establecer un nuevo piso salarial para el tramo etario con mayor participación en el mercado del trabajo, conteniendo el reajuste en un rango coherente con la proyección de inflación informada para el período que antecede a su entrada en vigencia.
Mecanismo de reajuste automático: vínculo con el IPC desde 2027
Además del aumento puntual en 2026, el proyecto incorpora un mecanismo de reajuste automático a contar del 1 de enero de 2027, vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para ello, se considerará la evolución del IPC entre abril y diciembre de 2026. Con esta regla, el ingreso mínimo quedaría sujeto a la trayectoria de los precios, de modo que pueda acompañar la dinámica inflacionaria observada en ese tramo.
El anclaje al IPC introduce una metodología explícita para la actualización del sueldo base en el período inmediatamente posterior al alza de mayo de 2026. Desde la perspectiva de la política salarial, la indexación a la inflación es un instrumento que apunta a resguardar el poder de compra de la remuneración mínima en el tiempo, acotando desajustes entre ingresos y costo de vida.
Otros montos contemplados: tramos etarios y fines no remuneracionales
La propuesta también redefine valores para grupos específicos. En el caso de las personas trabajadoras menores de 18 años y mayores de 65, el ingreso mínimo se elevaría a $407.711. Este ajuste reconoce las particularidades del empleo en dichos tramos etarios y establece un piso diferenciado respecto del segmento central de la fuerza laboral.
En tanto, el ingreso mínimo con fines no remuneracionales alcanzaría los $352.298. Este monto se utiliza como referencia para efectos distintos al pago de remuneraciones, y su actualización tiende a mantener coherencia con los movimientos del ingreso mínimo mensual en el resto de los segmentos.
Contexto de negociación: propuestas divergentes entre el Gobierno y la CUT
El ingreso del proyecto se produce tras un reciente encuentro entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores en que no hubo acuerdo respecto del reajuste. En esa instancia, el Gobierno había puesto sobre la mesa un aumento de $23.000, mientras que la CUT solicitó situar el sueldo mínimo en $647.000, lo que implicaba un alza de $108.000 en comparación con el valor vigente.
El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, afirmó que la propuesta del organismo apunta a recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores, enfatizando la necesidad de que el salario mínimo avance con mayor fuerza frente a la escalada de precios. La distancia entre ambas posturas refleja una brecha sustantiva sobre el ritmo y la magnitud del ajuste salarial mínimo.
Diferencias de enfoque: empleo, normativas laborales e inflación
Desde la central sindical se ha cuestionado la postura del Ejecutivo, al que acusan de priorizar el impacto en el empleo por sobre las mejoras salariales. De acuerdo con esa visión, la preocupación gubernamental por la creación de puestos de trabajo se expresaría en la cautela frente a alzas mayores del salario base.
En ese marco, señalaron que el Gobierno considera que medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la implementación de nuevas normativas laborales pueden incidir en la creación de empleo. Este diagnóstico tensiona la discusión pública: por un lado, la CUT releva la urgencia de recomponer ingresos y, por otro, el Ejecutivo plantea la necesidad de equilibrar salarios, productividad y empleo ante un escenario de inflación que aún requiere monitoreo.
Claves del proyecto: montos, fechas y regla de actualización
La propuesta del Ejecutivo fija el nuevo ingreso mínimo mensual de $546.546 para trabajadoras y trabajadores de 18 a 65 años desde el 1 de mayo de 2026; eleva a $407.711 el piso para menores de 18 y mayores de 65; y establece en $352.298 el ingreso mínimo con fines no remuneracionales. Además, incorpora un reajuste automático desde el 1 de enero de 2027, en función de la variación del IPC entre abril y diciembre de 2026, con un incremento inicial que ronda el 1,4%.
Posturas enfrentadas: la CUT pide más y el Gobierno opta por gradualidad
En la negociación previa, el Gobierno propuso un aumento de $23.000, mientras la CUT demandó llevar el sueldo mínimo a $647.000, equivalente a un alza de $108.000. Para la CUT, expresada por su presidente José Manuel Díaz, el objetivo central es recuperar el poder adquisitivo. Desde la vereda sindical, además, se critica que el Ejecutivo subordine el reajuste a su evaluación sobre el impacto en el empleo y a la interacción con la jornada de 40 horas y otras normativas laborales.
La discusión sobre el salario mínimo vuelve a poner en primer plano el dilema entre poder de compra y dínamica del empleo. El proyecto oficialista opta por un ajuste acotado e indexado, que conecta el avance del ingreso base con la inflación e introduce un mecanismo de reajuste automático desde 2027. La CUT, en cambio, presiona por un salto más significativo para acelerar la recuperación del ingreso real. En ese contrapunto se juega el trazo del nuevo piso salarial y el modo en que se compatibiliza con la estabilidad del mercado laboral, un debate que, por su propia naturaleza, exige balancear gradualidad, costo de vida y condiciones de contratación sin perder de vista a los distintos segmentos de trabajadoras y trabajadores considerados por la propuesta.
