El triunfo presidencial de José Antonio Kast en las elecciones del 14 de diciembre instaló un clima de incertidumbre profunda para miles de migrantes en situación irregular en Chile. El presidente electo, que asumirá el 11 de marzo, prometió expulsar a cerca de 336 mil extranjeros indocumentados y endurecer de forma inédita la política migratoria, medidas que ya se sienten como una amenaza directa a la permanencia de quienes llegaron sin papeles o con visas vencidas.
Temor en los márgenes: la vida en pausa de quienes no tienen papeles
Para María F., dominicana de 48 años que vive del comercio informal, el resultado electoral fue una señal inequívoca. “Desde que supe que este señor iba a ser presidente, empecé a prepararme para irme. En cualquier momento me voy”, relata. Su testimonio expresa el pulso de un sector que se siente al borde del desarraigo, atrapado entre la inseguridad social y económica que, según describe, ya se venía deteriorando, y la expectativa de un cierre del espacio cívico que limite sus posibilidades de subsistencia. La rutina de muchos, como ella, quedó en suspenso: disminuir la exposición pública, evitar controles policiales y aplazar decisiones familiares se volvió parte de una cotidianidad marcada por el miedo.
El plan del nuevo gobierno: de la frontera a los servicios básicos
El programa de Kast propone un endurecimiento estructural de las normas de ingreso y permanencia. Entre sus ejes, se cuenta la eliminación de regularizaciones masivas, la restricción de acceso a salud, vivienda y educación para personas indocumentadas, sanciones a empleadores que contraten sin verificar estatus migratorio y la instalación de barreras físicas en la frontera, como muros, zanjas y cercos electrificados. En la práctica, esto implicaría desplazar la respuesta estatal desde dispositivos de integración hacia una política de disuasión y control. El alcance de estas medidas dependerá de su implementación administrativa y de los límites legales, pero el mensaje político ya es claro: se acabó la flexibilidad para ingresar y permanecer en el país sin autorización.
Apoyo ciudadano y percepciones sobre seguridad
Una parte del electorado respalda la idea de que la migración irregular es uno de los principales problemas de Chile. Jorge González, de 64 años, la asocia directamente con la delincuencia y afirma que este vínculo fue decisivo para su voto, aunque admite que habría preferido una postura aún más dura. La percepción de una relación entre criminalidad y migración ha crecido según encuestas, pese a la falta de evidencia concluyente que la sustente. En los días previos a la elección, el cuadro se tensionó con la militarización de la frontera con Perú, que dejó a decenas de personas varadas en la región de Arica, una señal temprana del viraje hacia una política más restrictiva.
La narrativa del crimen organizado y su efecto político
El discurso público que vincula migración y crimen se ha reforzado con la mención recurrente del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia en Chile desde 2020. Esta referencia ha permeado la discusión electoral e instalado la seguridad como lente prioritario para evaluar la política migratoria. En ese marco, la promesa de control aparece no solo como un acto administrativo, sino como una respuesta simbólica al temor ciudadano. Sin embargo, la ausencia de consenso empírico sobre el nexo entre migración irregular y aumento del delito introduce una tensión política que podría acompañar al próximo gobierno: cómo mostrar resultados en seguridad sin demonizar a la población migrante en su conjunto.
Deportaciones y diplomacia: el punto ciego venezolano
El presidente electo ha sostenido conversaciones con mandatarios de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Argentina para articular un eventual corredor humanitario de retorno. No obstante, la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela asoma como el principal obstáculo del plan, dado que una parte relevante de los migrantes irregulares proviene de ese país. Kast ha planteado que, mientras el régimen de Nicolás Maduro no acepte vuelos de retorno, se habilitarán centros de refugio temporales. Las tensiones escalaron luego de que Maduro emitiera advertencias públicas y Kast lo calificara de “narcodictador”. Para Robersy Vargas, venezolana de 32 años, la repatriación no es una alternativa: huyó de la escasez y el colapso económico, perdió sus documentos y hoy no puede regularizarse por el cierre del consulado venezolano. “Nos sentimos acorralados, sin saber a dónde ir”, describe, a la espera de señales concretas antes de tomar decisiones irreversibles.
Infancia y ciudadanía: debate sobre nacionalidad y cuidado estatal
Entre las propuestas más sensibles figura la revisión del criterio de nacionalidad por nacimiento, de modo que hijos de padres sin residencia obtengan la nacionalidad de sus progenitores y no la chilena. Incluso se ha mencionado que el Estado asuma el cuidado de menores si las familias se niegan a abandonar el país, ideas que han generado críticas desde sectores humanitarios y religiosos. En esa línea, el cardenal Fernando Chomalí ha llamado a regular adecuadamente la migración sin traspasar umbrales básicos de derechos humanos. El debate anticipa una discusión jurídica y ética de alto voltaje: cómo conciliar la soberanía para definir quién ingresa y permanece, con el interés superior de niños y niñas nacidos en territorio nacional o criados en Chile.
Datos, límites legales y convivencia social
Según datos oficiales, las personas sin autorización de residencia representan un 17,7% de los casi 1,9 millones de migrantes en Chile. Para Luz Estela Carabalí, colombiana con residencia regular, una expulsión masiva es “un delirio” y, más allá de su factibilidad, un discurso hostil puede deteriorar la convivencia social y acentuar la estigmatización. Jesús Alcántara, asesor migratorio peruano, atribuye el temor actual a la desinformación y al vencimiento de visas temporales, y recuerda que existen límites constitucionales y tratados de derechos humanos que condicionan cualquier reforma. “Por más que quiera cambiar la ley, hay un marco que no se puede cruzar”, señala, invitando a la calma mientras se define el rumbo del próximo gobierno.
Voces desde la frontera y el hogar
Las imágenes de quienes quedaron varados en Arica tras la militarización de la frontera con Perú resonaron entre familias que ya viven con lo mínimo. En los hogares, la conversación gira en torno a planes de contingencia: ahorrar lo justo para un eventual viaje, reorganizar trabajos informales, replegar a niños y niñas de espacios públicos. El testimonio de María F. concentra esa vivencia: la idea de una salida inminente se mezcla con la necesidad de sostener ingresos diarios. En paralelo, Robersy Vargas expresa el dilema de miles de venezolanos que, sin documentos y sin consulado operativo, no pueden regularizarse ni regresar. Ambos relatos condensan el tránsito entre el miedo y la espera, con la mirada puesta en decisiones administrativas que podrían redefinir sus vidas en semanas.
Expectativas políticas y señales pendientes
Las señales concretas del futuro gobierno son la variable más observada por personas migrantes y residentes. El abanico de anuncios –desde barreras físicas en la frontera hasta sanciones a empleadores y eventuales centros de refugio temporales– abre interrogantes sobre la velocidad y el alcance real de su implementación. La eventual coordinación de un corredor humanitario enfrenta el desafío mayúsculo de la ruptura con Venezuela, mientras el debate sobre nacionalidad por nacimiento perfila un choque de visiones en el Congreso y en la sociedad civil. En ese marco, quienes temen la expulsión equilibran el repliegue con la necesidad de información fidedigna, a la espera de que la transición del 11 de marzo entregue certezas jurídicas y operativas.
El nuevo ciclo político se define entre la promesa de orden y el resguardo de derechos. La profundidad de los cambios dependerá de su traducción en normas y procedimientos, pero también de la capacidad institucional para distinguir entre criminalidad organizada y movilidad humana. Mientras tanto, el país asiste a una conversación decisiva: cómo administrar la frontera sin fracturar la convivencia, y cómo responder al miedo sin convertirlo en política permanente.
