La Contraloría General de la República, a través de su sede regional de la Región de Valparaíso, emitió cinco informes de auditoría que dan cuenta de deficiencias en la gestión de recursos públicos destinados a la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Las observaciones abarcan a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura, e implicaron la apertura de sumarios administrativos y el envío de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En su conjunto, los hallazgos subrayan la necesidad de reforzar controles, justificar decisiones de contratación en contexto de emergencia y asegurar trazabilidad en la entrega de ayudas.
Auditorías focalizadas en el uso de fondos de emergencia
Las fiscalizaciones se concentraron en la ejecución de recursos dispuestos para atender la emergencia y sus fases posteriores, desde la adquisición de bienes y servicios hasta la remoción de escombros y la entrega de ayudas. En cada caso, la Contraloría examinó procesos de compras, respaldos documentales, rendiciones, inventarios de donaciones y la pertinencia de los gastos. El resultado: una serie de observaciones por pagos no acreditados, posibles sobreprecios, irregularidades en adjudicaciones y debilidades en el control interno.
Según los informes, las principales brechas identificadas se relacionan con la justificación de tratos directos, la ausencia de documentación de respaldo suficiente, deficiencias en la trazabilidad de los beneficios entregados a damnificados y problemas de custodia de bienes donados. Estas situaciones, detectadas en distintos servicios y municipios, derivaron en acciones administrativas y la remisión de antecedentes a organismos competentes.
Delegación Presidencial Regional: pagos no acreditados y uso del trato directo
El Informe N°528/25 de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso identificó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones vinculados a adquisiciones efectuadas durante la emergencia. La auditoría advirtió posibles sobreprecios y el uso injustificado del trato directo, modalidad de contratación que, si bien es excepcional en contextos de urgencia, requiere sustento formal y técnico sobre su procedencia y razonabilidad. A partir de estos antecedentes, se dispuso un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
El énfasis del informe radica en la necesidad de respaldar de manera oportuna y completa cada desembolso, así como de acreditar la concurrencia de condiciones que habiliten decisiones extraordinarias de compra, aun en escenarios de emergencia. La consistencia documental y el análisis de mercado, según la auditoría, resultan clave para evitar sobreprecios y garantizar el correcto uso de los recursos públicos.
Municipalidad de Quilpué: gastos improcedentes y extravío de donaciones
En la Municipalidad de Quilpué, el Informe N°535/25 constató gastos improcedentes, entre ellos la compra de cocinillas sin certificación de la SEC, así como el extravío de bienes donados. También se observaron falencias en la entrega de ayudas a damnificados y en la gestión de personal destinado a labores de emergencia.
La certificación de productos y la custodia de donaciones son aspectos esenciales en la respuesta humanitaria, tanto para resguardar la seguridad de los beneficiarios como para asegurar trazabilidad y rendición de cuentas. La auditoría enfatiza que la falta de estos elementos genera riesgos operativos y abre la posibilidad de pérdida o uso indebido de bienes destinados a la población afectada.
Municipalidad de Viña del Mar: irregularidades en ingresos, gastos, donaciones y ayudas
El Informe N°503/25 sobre la Municipalidad de Viña del Mar evidenció irregularidades en ingresos, gastos, donaciones y ayudas entre febrero de 2024 y abril de 2025. El documento señala problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.
La ausencia de trazabilidad reduce la capacidad de verificar que los aportes lleguen a quienes los necesitan y, al mismo tiempo, dificulta la evaluación del impacto de la ayuda. La observancia de la normativa de compras —incluso bajo regímenes de emergencia— exige criterios de transparencia, competencia y eficiencia, aspectos que la auditoría consideró insuficientemente cumplidos en los procesos revisados.
Dirección Regional de Arquitectura: demoliciones pagadas y no ejecutadas
La Contraloría también fiscalizó a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, con foco en trabajos de demolición vinculados a la emergencia. El Informe Final N°805/25 identificó un pago superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas. En paralelo, el Informe Final N°500/25 constató pagos no acreditados por más de $782 millones en el sector El Olivar, además de irregularidades en adjudicaciones y falta de respaldo documental.
Estos hallazgos ponen en relieve la importancia de inspecciones en terreno, controles de avance y registros fotográficos o técnicos que permitan verificar, de forma inequívoca, la ejecución de los servicios contratados. La insuficiencia de evidencia de respaldo constituye una debilidad crítica al momento de emitir pagos y comprometer recursos fiscales.
Acciones administrativas y reforzamiento del control interno
Como consecuencia de las observaciones, se instruyeron sumarios administrativos y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que, en el marco de sus competencias, evalúen eventuales responsabilidades y acciones a seguir. Junto con ello, la Contraloría reiteró la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno para asegurar la correcta utilización de recursos públicos en contextos de emergencia.
El llamado alcanza a todas las entidades involucradas en la respuesta y recuperación post desastre: establecer procedimientos claros, documentar cada hito, y resguardar la trazabilidad de los recursos desde su origen hasta su destino final. En emergencias, la celeridad operativa debe ir acompañada de salvaguardias que permitan conciliar la urgencia con el cumplimiento estricto de la normativa.
Aspectos revisados y hallazgos principales
Los informes abarcaron evaluaciones sobre justificación de tratos directos, respaldo de pagos, registros de ingresos y gastos, inventarios y custodia de donaciones, criterios de adjudicación, y verificación de servicios ejecutados. Entre los hallazgos recurrentes destacan pagos no acreditados, posibles sobreprecios, irregularidades en adquisiciones, falta de trazabilidad en ayudas y debilidades documentales en la ejecución de demoliciones.
Implicancias y próximos pasos institucionales
Las medidas en curso incluyen sumarios para determinar responsabilidades y el envío de antecedentes a las autoridades competentes. La Contraloría enfatiza la urgencia de corregir brechas de control, reforzar la documentación de respaldo y asegurar que las decisiones adoptadas, aun bajo condiciones excepcionales, cuenten con sustento suficiente para resguardar el uso adecuado de fondos públicos.
Los antecedentes consolidados por la Contraloría Regional de Valparaíso configuran una radiografía clara de los riesgos que enfrentan las instituciones en situaciones de alta complejidad. La convergencia de necesidades urgentes, compras excepcionales y alta demanda operativa no exime el cumplimiento de los estándares de probidad y transparencia; por el contrario, los vuelve más indispensables. El desafío inmediato es traducir las observaciones en mejoras efectivas de gestión, de modo que la ayuda llegue con oportunidad, seguridad y trazabilidad a las comunidades afectadas, y que cada peso público invertido en la emergencia esté debidamente acreditado y controlado.
