Una auditoría de la Contraloría Regional de Tarapacá ha puesto al descubierto serias deficiencias en la ejecución del contrato de “Restauración Arquitectónica del Teatro Municipal de Iquique”, un proyecto que culminó con una inversión total de $9.585 millones. El informe final N° 284, entregado en 2025, expone que la Dirección Arquitectónica (DARQ) aprobó las obras a pesar de la existencia de riesgos estructurales y de partidas pagadas que no fueron ejecutadas debidamente.
Un proyecto polémico
El mencionado proyecto fue realizado por la empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A. Chile, con financiamiento proveniente del Gobierno Regional y la Subsecretaría de las Culturas. La entrega definitiva se realizó en febrero de 2025. Sin embargo, la auditoría reveló que, a pesar de que el teatro fue oficialmente inaugurado, persistían fallas que no fueron reportadas oportunamente por la inspección encargada de verificar las obras.
Riesgos estructurales evidentes
Uno de los hallazgos más graves de la auditoría se centra en la estructura metálica del escenario, donde se detectó un traslape incorrecto entre los elementos metálicos, como pilares y vigas, lo que contraviene los planos de cálculo aprobados. Además, se constató que faltaban pernos en diversas uniones dentro de la estructura. A pesar de que estas partidas fueron pagadas en su totalidad durante los estados de pago N° 24 y 25 de 2023, sumando más de $570 millones, la inspección fiscal no advirtió estos defectos críticos. Sumado a esto, se evidenció la ausencia de pintura intumescente, un elemento clave para la protección contra incendios, incumpliendo así las especificaciones técnicas de seguridad.
Irregularidades financieras alarmantes
El informe también destaca irregularidades en la certificación de avances y pagos realizados. Por ejemplo, se aprobó el pago total de un transformador trifásico que costó más de $1 millón, el cual, cuando fue inspeccionado, se encontraba sin instalar en su soporte definitivo y solamente acumulado en un patio, lo que infringe el Reglamento para Contratos de Obras Públicas que exige pagar por avances efectivamente ejecutados.
Otro punto cuestionable es la plataforma salvaescaleras, costeada en $16,5 millones, cuya operatividad fue puesta en duda. A pesar de que esta obra fue entregada al municipio en diciembre de 2024, dos meses después el elevador se encuentra fuera de servicio, sin que la DARQ gestionara las garantías correspondientes para su reparación.
Gestión municipal bajo la lupa
La Contraloría ha señalado una gestión sumamente deficiente por parte de la administración municipal en la supervisión del contrato. Se constató que la inspección fiscal no impuso sanciones por los atrasos en el cumplimiento de órdenes, y se omitió el cobro de una multa que ahora asciende a UTM 2.787 (aproximadamente $190 millones), correspondiente a demoras en la resolución de observaciones técnicas que eran necesarias para garantizar la seguridad del proyecto.
En adición, el informe examina los recursos transferidos entre la Municipalidad de Iquique y la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Cormudesi) para un modelo de gestión del teatro, que ascendió a $20 millones. De esta suma, cerca de $14 millones fueron pagados a la Fundación Ópera de Cámara Chile, aunque el modelo entregado presentaba errores significativos que limitaron su uso completo, resultando en una instrucción de la Contraloría para corregir el producto o restituir los fondos.
Acción correctiva inminente
La gravedad de las irregularidades ha llevado a la Contraloría a ordenar el inicio de un procedimiento disciplinario. Esta acción busca determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. La Dirección de Arquitectura tiene un plazo de 60 días hábiles para solucionar las deficiencias estructurales identificadas y gestionar el cobro de las multas que no han sido aplicadas en la liquidación del contrato.
La situación desatada en torno al Teatro Municipal de Iquique no solo pone en riesgo la integridad de la infraestructura cultural de la ciudad, sino que también plantea serias dudas sobre la correcta administración y supervisión de los recursos públicos. A medida que se avanza en la resolución de estas irregularidades, la comunidad espera no solo la restauración arquitectónica del teatro, sino también un esclarecimiento de responsabilidades y una evidente mejora en la gestión de futuros proyectos culturales.
