La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte inició una investigación formal luego de una denuncia penal presentada conjuntamente por la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y José Montalva. La causa busca esclarecer las millonarias pérdidas registradas en los Fondos D y E de las AFP, considerados históricamente entre las opciones más conservadoras del sistema previsional.
Fiscal regional quedó a cargo de las diligencias
Tras revisar los antecedentes y evaluar la gravedad de los hechos expuestos, el fiscal nacional resolvió remitir la totalidad de la información al fiscal regional Francisco Jacir Manterola. El persecutor quedó a cargo de dirigir las primeras diligencias instruidas por el Ministerio Público.
La investigación pretende establecer si en las decisiones de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones se configuró eventualmente el delito de administración desleal u otros ilícitos de carácter penal.
Las pérdidas que serán investigadas
De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, el perjuicio económico para el sistema se ubicaría entre US$7.700 millones y US$11.000 millones.
La denuncia relaciona estas pérdidas con la aplicación de estrategias operativas complejas sobre derivados de tasas de interés y posiciones de renta fija internacional. Según lo expuesto en la causa, dichas operaciones habrían afectado negativamente la rentabilidad acumulada y los saldos finales de los afiliados.
La causa se encuentra en una etapa inicial
Desde el Ministerio Público precisaron que la apertura de esta causa penal corresponde únicamente al comienzo de diligencias e investigaciones previas destinadas a esclarecer los hechos denunciados. Por ahora, la indagatoria deberá determinar si las decisiones financieras se mantuvieron dentro de los límites de gestión de riesgo permitidos o si existió un eventual “desacato directivo” respecto de los deberes de resguardar los recursos de los afiliados.
Parlamentarios piden sanciones y compensaciones
El diputado Daniel Manouchehri afirmó que “hay gente que está por jubilar y este ‘portonazo’ les ha sacado parte importante de sus ahorros. Exigimos que respondan con su patrimonio y, si hubo delitos, que los responsables paguen con cárcel”.
En tanto, la senadora Daniella Cicardini consideró que la decisión de la Fiscalía de acoger a trámite la denuncia constituye “buenas noticias para la búsqueda de sanciones, de justicia y de compensación para miles de trabajadores que estaban a punto de jubilar o afectados por la irresponsabilidad de las propias AFP al jugar con la plata de la gente”.
La parlamentaria agregó que, si se confirman responsabilidades por parte de los ejecutivos, estos deberán responder con sus bienes y cumplir penas privativas de libertad en caso de que se acredite la existencia de delitos.
