Una denuncia por el supuesto uso no autorizado de una firma generó una controversia en el Senado, en medio de la discusión del Presupuesto 2027. El episodio se relaciona con la votación de la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno, programada para este miércoles, y podría eventualmente requerir la intervención del Ministerio Público.
Retiro de permisos de dos senadores
El senador socialista Juan Luis Castro, en su calidad de jefe del comité del Socialismo Democrático, gestionó el retiro de los permisos constitucionales de Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD). Ambos parlamentarios se encuentran acompañando al presidente José Antonio Kast en una gira por Asia y aseguran que no autorizaron esa actuación.
La situación de Órdenes adquirió especial relevancia, debido a que la senadora denunció que su firma habría sido utilizada sin autorización para dejar sin efecto un permiso constitucional que previamente había sido aprobado por la Sala.
La respuesta de Ximena Órdenes
En una carta enviada al secretario del Senado, leída por el senador Pedro Araya (PPD) y a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, Órdenes afirmó que desconocía por completo el documento mediante el cual se solicitó el retiro de su permiso.
«No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito».
Los permisos de ambos senadores fueron restituidos durante el miércoles. Pese a ello, el caso dejó de ser considerado únicamente un asunto administrativo debido a las dudas planteadas sobre el origen y el uso de la firma.
El vínculo con el Presupuesto 2027
Los permisos constitucionales pueden influir en el quórum requerido para determinadas votaciones, ya que permiten recalificar la cantidad de votos necesarios para aprobar una iniciativa. Al retirar los permisos de senadores ausentes, esa recalificación queda sin efecto y el Ejecutivo debe reunir más apoyos para aprobar medidas como la autorización de endeudamiento.
Fuentes del Senado sostienen que la decisión habría buscado ejercer presión sobre el Gobierno para conseguir mayores recursos en otras partidas presupuestarias. De esta forma, el respaldo a la solicitud de deuda habría quedado condicionado a esas negociaciones.
Dos versiones sobre la firma
De acuerdo con Radio Bío Bío, en el Senado circulan dos explicaciones sobre lo ocurrido con la firma de Ximena Órdenes. Una plantea que el documento fue presentado utilizando su firma electrónica sin consentimiento. La otra sostiene que la firma habría sido copiada desde otro documento e incorporada posteriormente al escrito, que luego habría sido fotocopiado.
Ninguna de estas versiones cuenta hasta ahora con acreditación judicial. Sin embargo, parlamentarios con conocimientos jurídicos advierten que el uso válido de la firma de otra persona requiere una autorización legal y el consentimiento expreso para el acto específico.
Eventuales consecuencias penales
Si se comprobara que la firma fue empleada sin autorización, podrían abrirse investigaciones por eventuales delitos. Por ahora, la controversia mantiene en discusión las responsabilidades que podrían derivarse de la gestión del retiro de los permisos constitucionales.
Fuente: BioBioChile.