La oposición prepara el libelo contra el ministro de Justicia
La oposición impulsa una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya presentación, según han señalado sus representantes, podría concretarse esta semana. El escrito se sustenta en argumentos jurídicos que atribuyen una eventual vulneración de normas nacionales e internacionales a la rebaja de penas para condenados por abuso sexual contra menores de edad y por violaciones de derechos humanos.
Cuestionamientos a la Ley de Garantías de la Niñez
Entre los principales fundamentos planteados por el diputado Raúl Soto y la diputada Gael Yeomans se encuentra una presunta infracción directa a la Ley de Garantías de la Niñez y a tratados internacionales ratificados por Chile.
Los acusadores sostienen que las resoluciones del Ministerio de Justicia habrían vulnerado el principio del interés superior del niño. Este criterio exige que toda decisión administrativa o judicial priorice la protección de la víctima menor de edad.
La acusación por presunta inejecución de leyes
El libelo también atribuye una posible inejecución de las leyes, debido a que no se habrían aplicado de manera efectiva las normas que restringen los beneficios y las rebajas de pena para quienes cometieron abusos sexuales contra menores.
La acusación busca encuadrarse en las causales previstas por el artículo 52 de la Carta Fundamental, que permite acusar a los ministros de Estado por infringir la Constitución o las leyes, así como por dejarlas sin ejecución.
Quienes respaldan la iniciativa afirman que los decretos que hicieron posibles las reducciones de condena entregan una base jurídica sólida para la presentación. A ese argumento suman el rechazo ciudadano y el impacto que las medidas tendrían sobre las víctimas.
Expertos advierten obstáculos jurídicos y políticos
El avance de la acusación enfrenta, sin embargo, importantes reparos. Sectores del oficialismo y analistas como el profesor Luis Felipe Vergara, de la Universidad Andrés Bello, advierten que el cuestionamiento podría ubicarse más en el ámbito del reproche ético y político que en el de una infracción legal estricta.
A esta discusión sobre la pertinencia del mecanismo se suma un factor decisivo: la falta de acuerdos y de votos suficientes en el Parlamento para asegurar la viabilidad de la acusación constitucional.
