La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos graves continúa generando divisiones en el Congreso. La oposición confirmó que impulsará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, iniciativa que sería presentada, a más tardar, el próximo martes.
La discusión también alcanzó a los parlamentarios de la Región de Coquimbo y volvió a poner bajo cuestionamiento la actuación del Gobierno, especialmente después de que se confirmara durante el viernes la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva.
Diputados opositores respaldan el libelo
Bernardo Salinas pide establecer responsabilidades
El diputado del Partido Comunista, Bernardo Salinas, defendió la necesidad de avanzar con el mecanismo constitucional. A su juicio, lo ocurrido no puede quedar sin consecuencias, ya que las decisiones administrativas adoptadas instalaron una percepción de impunidad.
El parlamentario también cuestionó la respuesta entregada por el Ejecutivo durante la sesión especial de la Cámara Baja. Según sostuvo, el Gobierno tuvo la oportunidad de presentar antecedentes y explicar lo sucedido, pero no logró responder satisfactoriamente las interrogantes planteadas por los diputados.
Salinas afirmó que el ministro tuvo la posibilidad de reconocer la gravedad de lo ocurrido, que calificó como un horror y no solamente como un error. Asimismo, señaló que el Presidente de la República podía remover tanto al titular de Justicia como a su subsecretario, entregando una señal de reparación y justicia.
El diputado agregó que la acusación constitucional seguirá adelante incluso si Rabat presenta su renuncia, porque considera necesario determinar las responsabilidades políticas y llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias. También describió la iniciativa como una reparación mínima para la dignidad y la conciencia colectiva de Chile.
Carolina Tello pide explicaciones a las víctimas
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, expresó una postura similar. Sostuvo que el país necesita conocer quiénes adoptaron las decisiones, bajo qué criterios se tomaron y dónde se ubican las responsabilidades políticas.
La parlamentaria recalcó que entre las personas beneficiadas hubo condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, además de individuos vinculados con otros ilícitos graves. Por ello, planteó que el ministro debe entregar explicaciones claras a las víctimas y a la ciudadanía, asumir su responsabilidad política y dejar el cargo.
Tello advirtió que una situación de esta gravedad no puede quedar sin consecuencias ni permitir que las víctimas vuelvan a ser invisibilizadas.
Nathalie Castillo cuestiona el respaldo presidencial
La diputada comunista Nathalie Castillo apuntó también al papel del Presidente José Antonio Kast. Cuestionó que el Mandatario mantenga su respaldo a Rabat pese a los cuestionamientos surgidos por las rebajas de condenas.
Castillo afirmó que las decisiones del ministro revictimizan a las familias y debilitan la confianza en la justicia. En ese contexto, llamó a las distintas fuerzas políticas a respaldar la acusación constitucional y sostuvo que también existe responsabilidad presidencial por mantener al secretario de Estado en su puesto.
Debate por el rol de la Corte Suprema
Erich Grohs pide revisar a todos los organismos involucrados
Desde una posición diferente, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs, planteó que las responsabilidades deben analizarse de manera amplia y no concentrarse únicamente en la figura de Fernando Rabat.
El parlamentario sostuvo que, si se examinan las responsabilidades por las rebajas de condenas, también deben revisarse las decisiones adoptadas por los ministros de la Corte Suprema que tomaron determinaciones similares.
Grohs señaló que una acusación constitucional debe sustentarse en fundamentos sólidos y aplicar un criterio coherente, para evitar que se convierta en una herramienta exclusivamente política. Además, propuso revisar cada responsabilidad bajo el mismo estándar y modificar las normas que permiten beneficios que considera injustificados para delincuentes peligrosos.
El diputado concluyó que la prioridad debe ser la protección de las víctimas.
