La decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, generó cuestionamientos entre parlamentarios de distintos sectores. La controversia se originó por la concesión de beneficios que implicaron la rebaja de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El Gobierno defiende la continuidad del ministro
Kast reconoció que se cometieron errores en el otorgamiento de estos beneficios, pero explicó que el Ejecutivo optó por corregir lo sucedido y evitar que vuelva a repetirse, en lugar de solicitar la renuncia del secretario de Estado.
La determinación presidencial no dejó conforme a varios legisladores, quienes también cuestionaron que no se hayan entregado disculpas explícitas a las víctimas y sus familias.
Críticas y exigencias desde el Congreso
Nathalie Castillo pide asumir responsabilidades
La diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, sostuvo que reconocer el error resulta insuficiente y pidió la salida de Rabat. A su juicio, el Gobierno debe asumir responsabilidades políticas y avanzar en medidas concretas para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes.
Manouchehri plantea una acusación constitucional
El diputado socialista Daniel Manouchehri planteó impulsar una acusación constitucional contra Fernando Rabat. El parlamentario cuestionó que el ministro continúe en el cargo y señaló que el Congreso debe analizar las herramientas de fiscalización disponibles frente a lo ocurrido.
Urqueta cuestiona los decretos firmados
La diputada del Partido de la Gente, Eileen Urqueta, también criticó la decisión de Kast. Aunque reconoció que admitir el error es necesario, afirmó que no basta y planteó que la responsabilidad política del ministro debe evaluarse a partir de los decretos que firmó.
Urqueta insistió además en la necesidad de ofrecer disculpas a las víctimas y sus familias. Advirtió que decisiones de este tipo pueden afectar a quienes han atravesado procesos judiciales por violencia sexual y manifestó su disposición a respaldar reformas que impidan la repetición de situaciones similares y fortalezcan la protección de las víctimas.
Una polémica que mantiene bajo presión a Justicia
El caso abrió un debate sobre los mecanismos para revisar los decretos y sobre las responsabilidades institucionales involucradas. Las eventuales acciones parlamentarias y las medidas que adopte el Ejecutivo definirán los próximos pasos de una controversia que mantiene bajo presión al Ministerio de Justicia.
