Parlamentarios oficialistas valoraron las gestiones encabezadas por la Cancillería de Chile para retomar —al menos— las relaciones consulares con Venezuela, en medio de las dificultades que enfrenta el Gobierno para avanzar en su plan migratorio y en las reconducciones de ciudadanos en situación irregular. Las declaraciones se produjeron luego de que el canciller Francisco Pérez Mackenna calificara como una “primera prioridad” el restablecimiento de los servicios consulares entre ambos países.
Gobierno busca reconstruir canales con Caracas
En entrevista con Agencia EFE, durante una visita oficial a Nueva Delhi, el ministro explicó que el Ejecutivo busca reconstruir mecanismos básicos de comunicación e intercambio de información con Caracas para atender necesidades administrativas y migratorias de ciudadanos chilenos y venezolanos. La meta, según el propio canciller, es reponer un andamiaje mínimo que permita resolver trámites cotidianos hoy interrumpidos por la ausencia de representación consular.
Pérez Mackenna subrayó la magnitud del desafío al recordar que “hay más de 700 mil venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25 mil chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares”. En ese marco, confirmó que ya se iniciaron conversaciones con autoridades venezolanas en el contexto de encuentros multilaterales como la CELAC, una vía considerada idónea para abrir espacios de coordinación sin reponer de inmediato la totalidad de los vínculos diplomáticos.
Impacto en la política migratoria y las reconducciones
El eventual restablecimiento de relaciones consulares es visto como un eslabón crítico para la estrategia migratoria impulsada por el presidente José Antonio Kast, particularmente en lo relativo a reconducciones y expulsiones de migrantes venezolanos en situación irregular. En la práctica, la falta de canales formales no solo demora procedimientos, sino que impide ejecutar con eficacia las decisiones administrativas que requieren cooperación del país de origen.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, la ausencia de vínculos diplomáticos y consulares complejiza acciones tan elementales como la verificación de identidad, la emisión de documentos y la coordinación de retornos hacia Venezuela. Sin esa coordinación, los esfuerzos por ordenar flujos migratorios y dar cumplimiento a las medidas de control que contempla el plan gubernamental quedan sujetos a barreras que son, ante todo, de carácter operativo y no únicamente político.
Respaldo oficialista y énfasis en la seguridad
Desde el oficialismo, las señales han sido de apoyo. El diputado republicano Stephan Schubert manifestó confianza en las gestiones del Gobierno orientadas a mejorar las relaciones entre ambos países, destacando que el objetivo es viabilizar el intercambio de información y facilitar trámites tanto para venezolanos residentes en Chile como para chilenos establecidos en territorio venezolano. El enfoque práctico —insisten en el sector— responde a necesidades concretas de las comunidades y a la urgencia de contar con interlocutores institucionales.
En la misma línea, el senador Rojo Edwards recalcó que restablecer relaciones consulares por motivos de seguridad y migración no implica, en ningún caso, respaldar situaciones vinculadas a derechos humanos en Venezuela. “Lo que implica es garantizar la seguridad de los chilenos”, sostuvo, marcando un deslinde entre la cooperación funcional para resolver problemas inmediatos y una toma de posición política sobre el cuadro interno del país caribeño.
Primeros contactos por la vía multilateral
El canciller confirmó que las conversaciones con autoridades venezolanas ya están en curso y se han dado al alero de foros regionales como la CELAC. En este tipo de instancias, el intercambio suele concentrarse en materias técnicas, especialmente cuando se trata de reactivar servicios consulares o construir puentes para el manejo conjunto de información sensible, como la que se requiere para la tramitación de documentos o la comprobación de antecedentes.
La opción multilateral aparece, así, como una ruta para superar bloqueos administrativos sin precipitar decisiones políticas de mayor calado. En términos prácticos, ese itinerario permitiría avanzar en protocolos acotados —verificación de identidad o coordinación de traslados— que, de consolidarse, abrirían el paso a una normalización gradual de funciones consulares elementales.
Antecedentes del quiebre diplomático en 2024
El telón de fondo de este acercamiento es el quiebre de relaciones diplomáticas entre Santiago y Caracas en 2024, ocurrido tras las elecciones venezolanas de ese año. El gobierno chileno, entonces encabezado por Gabriel Boric, cuestionó la transparencia del proceso electoral y denunció irregularidades. La respuesta de Venezuela fue el retiro de su personal diplomático de Chile y la exigencia de salida de los representantes chilenos desde Caracas.
Desde entonces, miles de ciudadanos de ambos países han resultado afectados por la falta de servicios consulares y de canales formales de cooperación. La carencia de oficinas y equipos consulares se tradujo en dilaciones, trámites pendientes y dificultades de coordinación en ámbitos que, como la migración, requieren interlocución permanente para resguardar derechos y cumplir la normativa vigente.
Claves de la “primera prioridad” definida por Cancillería
El restablecimiento de servicios consulares ocupa el primer lugar en la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores. La prioridad se sustenta en tres elementos explicitados por el canciller: la necesidad de mecanismos de comunicación e intercambio de información con Caracas; la atención de requerimientos administrativos y migratorios de chilenos y venezolanos; y la magnitud de las comunidades que hoy carecen de una red consular funcional. El inicio de conversaciones en marcos multilaterales como la CELAC pavimenta el camino para acuerdos de carácter operativo.
Lo que está en juego para chilenos y venezolanos
La reanudación de vínculos consulares es decisiva para regularizar y agilizar trámites: verificación de identidad, emisión de documentos y coordinación de retornos. Para el Gobierno, habilitar esos procedimientos es clave para la política migratoria y las reconducciones. Para los ciudadanos, implica recuperar un canal institucional que responda a necesidades concretas y disminuya la incertidumbre generada por la interrupción de servicios básicos desde 2024.
La apuesta del Ejecutivo por recomponer, al menos, la relación consular con Venezuela se configura como un paso pragmático ante un cuadro complejo: por un lado, un quiebre diplomático reciente que sigue proyectando efectos, y por otro, la urgencia administrativa y de seguridad que señalan las autoridades. El respaldo del oficialismo, los primeros contactos en foros regionales y la definición de esta agenda como “primera prioridad” marcan un giro hacia soluciones funcionales, cuyo alcance dependerá de la capacidad de ambos países para traducir las conversaciones en servicios concretos para miles de personas hoy a la espera de respuestas.
