Parlamentarios oficialistas valoraron las gestiones de la Cancillería de Chile para retomar —al menos— las relaciones consulares con Venezuela, en medio de las dificultades que enfrenta el Gobierno para hacer avanzar su plan migratorio y las reconducciones de personas en situación irregular. Las declaraciones surgieron luego de que el canciller Francisco Pérez Mackenna definiera como una “primera prioridad” el restablecimiento de servicios consulares entre ambos países, un paso que el Ejecutivo considera clave para habilitar mecanismos de coordinación que hoy están suspendidos.
Gobierno busca reconstruir canales con Caracas
En una entrevista con la Agencia EFE durante una visita oficial a Nueva Delhi, el ministro explicó que La Moneda intenta reconstruir mecanismos básicos de comunicación e intercambio de información con Caracas, con foco en atender necesidades administrativas y migratorias de ciudadanos chilenos y venezolanos. El propósito inmediato es volver a contar con servicios consulares operativos que permitan solucionar trámites cotidianos y, a la vez, ordenar procesos sensibles para el Estado.
Pérez Mackenna subrayó la magnitud del desafío: “Hay más de 700 mil venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25 mil chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares”. A su juicio, ese vacío institucional afecta la vida diaria de miles de personas e impacta la capacidad del Gobierno para gestionar exigencias administrativas y de seguridad.
El canciller confirmó además que ya se iniciaron conversaciones con autoridades venezolanas en el marco de encuentros multilaterales como la CELAC, instancia que ha permitido sentar bases de diálogo y explorar fórmulas para la cooperación técnica indispensable en materia consular.
Clave para la estrategia migratoria y las reconducciones
El eventual restablecimiento de relaciones consulares es considerado pieza clave de la estrategia migratoria impulsada por el presidente José Antonio Kast, especialmente respecto de las reconducciones y expulsiones de migrantes venezolanos en situación irregular. Sin un canal consular activo, los procedimientos pierden eficacia y previsibilidad.
En la práctica, la ausencia de vínculos formales entre ambos Estados dificulta la verificación de identidad, la emisión de documentos y la coordinación de retornos. Reinstalar ese andamiaje permitiría destrabar procesos pendientes, facilitar homologaciones y agilizar la cooperación operativa entre autoridades, siempre dentro de las competencias y normativas de cada país.
El diseño técnico de estas medidas —sugieren desde el Gobierno— descansa en retomar conversaciones de trabajo que hagan viable el intercambio de información y la tramitación consular de casos, con estándares que aseguren trazabilidad y resguardo de derechos, y que, al mismo tiempo, respondan a requerimientos de control migratorio y seguridad.
Oficialismo respalda el acercamiento
Desde el oficialismo, las señales son de respaldo. El diputado republicano Stephan Schubert manifestó su confianza en las gestiones impulsadas por el Ejecutivo para mejorar las relaciones entre ambos países. Según indicó, el objetivo es facilitar el intercambio de información y simplificar trámites tanto para ciudadanos venezolanos residentes en Chile como para chilenos que viven en territorio venezolano.
En la misma línea, el senador Rojo Edwards sostuvo que restablecer relaciones consulares por motivos de seguridad y migración no implica emitir juicios políticos ni respaldar situaciones ajenas a ese ámbito, particularmente en materia de derechos humanos. “Lo que implica es garantizar la seguridad de los chilenos”, afirmó, poniendo el acento en la necesidad de dotar al Estado de instrumentos de coordinación que hoy no están disponibles.
En términos prácticos, la lectura del oficialismo coincide en que la reapertura de canales consulares es una medida de gestión pública, dirigida a resolver problemas concretos que afectan a personas y a la administración del Estado, y que no debe confundirse con un alineamiento político amplio.
Quiebre diplomático ocurrió en 2024
Las relaciones diplomáticas entre Santiago y Caracas se rompieron tras las elecciones venezolanas de 2024, luego de que el gobierno chileno, encabezado entonces por Gabriel Boric, cuestionara la transparencia del proceso electoral y denunciara irregularidades. La respuesta de Venezuela fue el retiro de su personal diplomático de Chile y la exigencia de salida de los representantes chilenos desde Caracas.
Desde entonces, miles de ciudadanos de ambos países han permanecido afectados por la falta de servicios consulares y de canales formales de cooperación. La imposibilidad de resolver trámites esenciales —como renovaciones de documentos, certificaciones o gestiones notariales— ha tensionado aún más una agenda bilateral ya marcada por el fenómeno migratorio.
Impacto directo para la ciudadanía y la gestión estatal
La suspensión de la red consular ha tenido efectos inmediatos para quienes residen fuera de su país de origen. En el caso chileno, los procedimientos administrativos que requieren confirmaciones cruzadas con autoridades venezolanas quedaron atrapados en la ausencia de un conducto regular. Para los venezolanos en Chile, la dificultad para acceder a documentación o acreditar antecedentes quedó igualmente condicionada a la inexistencia de una ventanilla consular operativa.
Volver a contar con servicios consulares —insiste la Cancillería— no solo daría una salida administrativa a esas necesidades, sino que ordenaría el flujo de información indispensable para planificar políticas públicas y ejecutar medidas con criterios verificables, especialmente en el ámbito migratorio.
Puentes a través de instancias multilaterales
El Ejecutivo ha indicado que los contactos con Venezuela se han producido en encuentros multilaterales como la CELAC, un espacio que, por su composición y dinámica, suele facilitar intercambios técnicos al margen de la agenda política interna de cada país. En este contexto, los ministerios y equipos diplomáticos buscan identificar áreas priorizadas —como la atención consular— y encontrar metodologías que permitan reactivar el diálogo de manera gradual.
La apuesta por circuitos multilaterales funciona como punto de partida para reinstalar confianzas y acotar el alcance de la cooperación a objetivos concretos. Según el canciller, el primer objetivo sigue siendo operativo: restablecer los servicios consulares y recuperar la coordinación básica que haga posible gestionar trámites y procedimientos pendientes.
Puntos clave del anuncio
El canciller Francisco Pérez Mackenna definió como “primera prioridad” el restablecimiento de los servicios consulares con Venezuela. En ese marco, destacó la dimensión humana y administrativa del tema: más de 700 mil venezolanos viven en Chile y alrededor de 25 mil chilenos residen en Venezuela, sin contar con una red consular que atienda sus necesidades. Las conversaciones ya se iniciaron mediante instancias como la CELAC, con miras a habilitar canales de coordinación e intercambio de información.
Respaldo político y foco en seguridad
El oficialismo expresó apoyo a la estrategia. El diputado Stephan Schubert remarcó la conveniencia de facilitar trámites y el flujo de datos entre ambos países, mientras que el senador Rojo Edwards advirtió que el restablecimiento consular no equivale a un aval político, sino a una herramienta para la seguridad de los chilenos y la gestión migratoria. El trasfondo incluye el quiebre diplomático de 2024, que dejó a miles de ciudadanos sin servicios consulares y sin canales formales de cooperación.
El proceso para recuperar la actividad consular entre Chile y Venezuela concentra expectativas por su impacto inmediato en la vida de las personas y en la efectividad de la política migratoria. La prioridad oficial es restituir capacidades básicas de coordinación, identidad y documentación, y reencauzar la cooperación por vías técnicas. Con apoyos explícitos desde el oficialismo y un diagnóstico compartido sobre la necesidad de ordenar los procesos, el éxito de la iniciativa dependerá de cómo se transformen los contactos multilaterales ya iniciados en medidas concretas que devuelvan previsibilidad y servicio a quienes hoy carecen de ellos.
