El presidente de la República, José Antonio Kast, abordó este viernes la controversia surgida por un almuerzo con excompañeros universitarios realizado en el Palacio de La Moneda, en medio de cuestionamientos por un eventual uso de recursos públicos. El mandatario confirmó que la Contraloría General de la República ya inició diligencias para revisar los hechos y aseguró que su administración ha entregado la información requerida. Junto con ello, defendió que el encuentro no implicó desembolsos fiscales, con la salvedad del “servicio”, y recalcó que otras actividades efectuadas en la sede de gobierno no generaron gasto para el Estado. Además, se refirió al debate por los recursos de la Oficina del Presidente Electo (OPE) y afirmó que su funcionamiento se ajustó a prácticas de administraciones anteriores, cuestión que también es objeto de fiscalización.
Fiscalización en curso y respuesta del Ejecutivo
El jefe de Estado confirmó que la Contraloría inició indagatorias y que el Ejecutivo respondió a los requerimientos formulados por el órgano de control. “Respecto de la Contraloría, sí, vino el día de ayer. Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”, señaló el mandatario, enfatizando que se ha proporcionado la documentación solicitada. La revisión apunta a esclarecer si en las actividades realizadas en La Moneda —incluyendo el cuestionado almuerzo— hubo o no utilización de recursos públicos de forma improcedente. En esta línea, Kast subrayó que su gobierno ha actuado con disposición a la transparencia, a la espera de que el ente contralor concluya el análisis de los antecedentes y emita un pronunciamiento. “Esperamos que prontamente la Contraloría, con todos los antecedentes, dictamine”, añadió.
Antecedentes entregados: uso de espacios y actividades asociadas
Según detalló el propio presidente, la información remitida a Contraloría incluye antecedentes sobre el uso del casino del palacio, las actividades que involucraron a su esposa, la Primera Dama María Pía Adriasola, así como un cóctel y el almuerzo objeto de la polémica. Con ello, la administración busca dar cuenta del conjunto de eventos y servicios vinculados a la agenda del mandatario en La Moneda durante el periodo revisado. La inclusión de estos elementos busca ofrecer una perspectiva completa respecto del empleo de dependencias y apoyos logísticos. En paralelo, el Presidente planteó que otras actividades realizadas en la casa de gobierno no implicaron gasto fiscal, y reiteró que la evaluación de cada uno de estos puntos quedará zanjada en el dictamen de la Contraloría.
El almuerzo con excompañeros: financiamiento y alcance del “servicio”
El punto más controvertido ha sido el almuerzo con excompañeros universitarios en La Moneda. Al respecto, Kast afirmó que “no hubo financiamiento público en el almuerzo”, aunque reconoció un componente acotado asociado al “servicio”. “En el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”, indicó. Con esa precisión, el mandatario insistió en que el evento no significó un desembolso con cargo al erario más allá de ese ítem puntual. La aclaración se da en un contexto de escrutinio sobre los límites entre actividades privadas o personales y el uso de instalaciones y apoyos de la sede gubernamental, cuestión que será objeto del análisis técnico del órgano fiscalizador. La definición de ese alcance, sostuvo, será parte de la resolución que emita Contraloría.
OPE bajo la lupa: prácticas y continuidad con gobiernos anteriores
El presidente también se refirió a las críticas por el funcionamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE), instancia vinculada al proceso de instalación del gobierno. Kast aseguró que los recursos utilizados se ajustan a prácticas de administraciones previas y que la fiscalización en curso comprende una revisión de pagos efectuados entre enero y marzo de 2026. Según explicó, ese escrutinio abarca gastos relacionados con tareas de preparación y coordinación vinculadas al arranque de la gestión. El mandatario remarcó que, a su juicio, el empleo de recursos en la etapa previa al cambio de mando ha sido similar en distintos gobiernos, y valoró que sea la Contraloría la que establezca, con los antecedentes reunidos, los parámetros aplicables al caso.
Comparaciones operativas: el tamaño de los equipos
En su análisis, Kast puntualizó que, de acuerdo con su experiencia y apreciación, en administraciones anteriores —como las de Sebastián Piñera y Gabriel Boric— participaron cerca de 20 personas en dichas labores, mientras que en su caso fueron aproximadamente 10. La comparación, planteada por el propio mandatario, apunta a dimensionar el alcance operativo asociado a la instalación de cada gobierno. En ese marco, insistió en que los estándares aplicados a la OPE han mantenido continuidad con lo realizado en períodos previos, cuestión que actualmente está siendo verificada por el órgano contralor.
Tiempos y expectativas sobre el dictamen
De cara a los próximos pasos, el Presidente expresó su expectativa de que la Contraloría emita prontamente un dictamen una vez examinados todos los antecedentes. Recalcó que su administración ha respondido los oficios y que la documentación entregada abarca los aspectos sobre los que recaen las dudas públicas: uso de espacios en La Moneda, participación de la Primera Dama en ciertas actividades, realización de un cóctel y el almuerzo cuestionado, además del funcionamiento de la OPE en el periodo indicado. En tanto, la controversia mantiene en el centro del debate la necesidad de delimitar con precisión los criterios sobre uso de recursos y servicios en eventos asociados al quehacer presidencial.
Frases textuales relevantes
“Respecto de la Contraloría, sí, vino el día de ayer. Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”. “Esperamos que prontamente la Contraloría, con todos los antecedentes, dictamine”. “No hubo financiamiento público en el almuerzo”. “En el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”.
Elementos bajo revisión
Entre los antecedentes remitidos a Contraloría se cuentan el uso del casino de La Moneda, actividades que involucraron a la Primera Dama María Pía Adriasola, un cóctel y el almuerzo con excompañeros universitarios. La fiscalización también incluye pagos realizados entre enero y marzo de 2026 vinculados a la instalación del gobierno, en el marco del funcionamiento de la OPE.
Reflexión informativa final: La controversia por el almuerzo en La Moneda y el debate sobre la OPE confluyen en una misma clave: la definición precisa de los límites y estándares aplicables al uso de recursos públicos en actividades del entorno presidencial. Mientras la administración asegura haber actuado conforme a prácticas previas y entrega información a la autoridad fiscalizadora, el proceso en manos de Contraloría aparece como la vía institucional para despejar dudas, ordenar criterios y ofrecer certezas. El dictamen, esperado por el Ejecutivo, será determinante para establecer responsabilidades y orientar futuras actuaciones bajo parámetros claros y verificables.