El Gobierno anunció una decisión clave para el futuro de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso, donde actualmente viven más de 10 mil personas. La autoridad confirmó la expropiación de 100 hectáreas del terreno con el objetivo de ejecutar un proyecto habitacional para quienes llevan años asentados en el sector. La medida, presentada por el Ministerio de Vivienda, busca dar un cauce institucional a una problemática extendida y de alta complejidad social, combinando intervención urbana, regularización y soluciones definitivas para miles de familias.
Gobierno opta por expropiación para la megatoma de San Antonio
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que la decisión de expropiar responde a la imposibilidad de concretar una compra directa en condiciones aceptables para el Estado. De acuerdo con la autoridad, los propietarios del paño demandaban valores considerados “muy elevados”, lo que forzó a transitar por la vía de una expropiación pagada conforme a la tasación comercial. En la práctica, esta fórmula reduce a casi la mitad el precio originalmente solicitado, ajustándolo a criterios técnicos y al estándar que rige para proyectos de interés social.
La megatoma de San Antonio ha sido objeto de atención pública por su extensión, por la cantidad de habitantes concentrados en un territorio con carencias de infraestructura y servicios, y por la urgencia de compatibilizar los derechos de propiedad con el acceso efectivo a la vivienda. La determinación gubernamental busca equilibrar estas dimensiones a través de un procedimiento reglado, con compensación económica a los dueños y una hoja de ruta para la urbanización y el reasentamiento.
Tasación comercial y costo fiscal del proyecto
Según información de Radio Bío Bío, el Estado desembolsará 0,23 UF por metro cuadrado, mientras que los propietarios pedían 0,44 UF. Esta diferencia sustantiva obedece a la tasación comercial aplicada por la autoridad, herramienta que permite objetivar el precio de mercado y reducir controversias respecto del valor del bien raíz. Con esta cifra, el monto total de la operación bordeará los $9 mil millones.
El financiamiento provendrá de recursos contemplados en el presupuesto 2025 destinados a asentamientos precarios. La definición de una fuente de financiamiento sectorial es relevante no solo para la viabilidad del proceso expropiatorio, sino también para ordenar su secuencia administrativa, priorizar etapas y comprometer temporalidades concretas para la habilitación del terreno y el inicio del proyecto habitacional.
Alcance social: comités de vivienda y familias beneficiadas
La expropiación de las 100 hectáreas permitirá dar una solución habitacional a 40 comités de vivienda, que agrupan a unas 3.700 familias. Este universo representa el foco central de la intervención y orienta el diseño del futuro proyecto: un conjunto que deberá contemplar urbanización, accesos, servicios básicos y distribución equitativa del suelo disponible para uso residencial.
Sin embargo, cerca de 400 familias no serán parte del beneficio inicial, quedando fuera en esta primera etapa. La autoridad ha explicitado que el plan se complementará con el desalojo de los terrenos no adquiridos, una medida que debe ejecutarse conforme a lo que disponga la justicia. La coexistencia de un componente habitacional y otro de restitución de terrenos introduce una doble línea de trabajo: por un lado, avanzar en la construcción de soluciones definitivas; por otro, resguardar el cumplimiento de la ley en las zonas que no serán incorporadas al proyecto.
Desalojo de zonas no adquiridas y coordinación institucional
El plan habitacional se articulará con un plan de desalojo para las áreas que no integren la expropiación. La coordinación será interinstitucional: involucra a reparticiones del Estado y al municipio de San Antonio, con un mandato claro de actuación según las resoluciones judiciales pertinentes. Este encuadre supone protocolos de intervención, medidas de resguardo y un cronograma sujeto al avance de la propia etapa expropiatoria, de modo que el retiro de familias no ocurra de manera desarticulada respecto del calendario de entrega de suelo para las nuevas viviendas.
El Ministerio de Vivienda ha señalado que el proceso se regirá por las reglas vigentes, lo que incluye la tasación, la compensación a los propietarios y la tramitación administrativa necesaria para tomar posesión material de los terrenos. La clave será sincronizar cada hito para evitar vacíos de gestión que puedan agravar la situación de las personas involucradas.
Expropiación como herramienta de interés social, según Interior
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recordó que la expropiación es un mecanismo habitual en proyectos de interés social. Al respecto, subrayó que “en el Gobierno anterior se realizaron 135 expropiaciones”, como antecedente de la pertinencia de esta vía para resolver desafíos urgentes en materia de vivienda y urbanización. Este punto, más allá de la cifra, instala un marco de normalidad institucional para un proceso que suele generar debate, poniendo el acento en su uso regulado y en su orientación a fines públicos.
Desde esta perspectiva, la expropiación no es un fin en sí mismo, sino un medio para habilitar suelo, garantizar su disponibilidad y avanzar en soluciones donde el mercado no ofrece respuestas adecuadas o donde los tiempos de negociación directa no se ajustan a la urgencia social.
Cronograma y próximos pasos hasta diciembre
El proceso avanza con una fecha clave: el 4 de diciembre, día en que las instituciones del Estado y el municipio de San Antonio deben entregar los terrenos destinados al plan de desalojo. Esta jornada funciona como un hito operativo para la intervención en campo y establece un punto de inflexión en la ejecución del cronograma.
Desde el Ejecutivo indicaron que el retiro de familias se coordinará directamente con el avance de la expropiación. En términos prácticos, esto se traduce en un despliegue progresivo, donde cada movimiento dependerá de la disponibilidad efectiva de suelo y de las resoluciones administrativas y judiciales que vayan habilitando las siguientes etapas. La planificación, por tanto, está alineada con una lógica secuencial que pretende minimizar disrupciones y asegurar que las acciones de desalojo no desborden las capacidades de acogida del proyecto habitacional.
Lo que se compra y para qué se usará el suelo
La adquisición forzosa de 100 hectáreas mediante expropiación pagada permitirá dotar de base territorial al proyecto habitacional comprometido. Bajo la figura de la tasación comercial, el Estado fija un valor objetivo por metro cuadrado para concretar la transferencia, con el propósito de transformar suelo informal en un espacio urbano planificado y con vocación residencial para comités de vivienda previamente identificados.
Qué ocurrirá con quienes quedan fuera del plan inicial
Las cerca de 400 familias no consideradas en esta fase no accederán al beneficio inicial y enfrentarán el desalojo de las zonas no adquiridas, en un procedimiento sujeto a lo que determine la justicia. El calendario de esos retiros, según las autoridades, irá en paralelo al avance de la expropiación, buscando evitar que el proceso se ejecute sin alternativas coordinadas o sin la debida preparación institucional.
La decisión de expropiar en San Antonio marca un giro relevante en la gestión de uno de los asentamientos informales más complejos de la región. La señal política es nítida: priorizar soluciones habitacionales mediante instrumentos legales vigentes, con una compensación al propietario acorde a la tasación comercial y con un esquema de financiamiento establecido en el presupuesto 2025 para asentamientos precarios. El equilibrio entre garantizar el derecho a la vivienda y respetar la propiedad requiere procesos largos y cuidadosos; sin embargo, el cronograma inmediato —con el 4 de diciembre como hito— sugiere que el Estado busca imprimir velocidad y certidumbre. El éxito del plan dependerá de la coordinación entre ministerios, municipio y justicia; de la ejecución oportuna del pago acordado de 0,23 UF por metro cuadrado; y de la capacidad de encauzar, con criterios de equidad y orden, la situación de quienes quedan fuera del beneficio inicial. En esa balanza, la referencia del Ministerio del Interior a las 135 expropiaciones de la administración anterior no solo contextualiza la medida: también la inscribe en una práctica institucional utilizada para enfrentar urgencias urbanas y sociales que no admiten más dilaciones.
