El balance fiscal de 2025 se perfila más ajustado de lo previsto por el Gobierno y vuelve a instalar tensiones políticas y económicas de cara al cambio de mando. De acuerdo con proyecciones del Ejecutivo, el año cerraría con un déficit fiscal de hasta -2,7% del PIB, un resultado que implicaría el tercer incumplimiento consecutivo de las metas fiscales. El deterioro, que ya había sido anticipado en sucesivas revisiones, abre interrogantes sobre el margen real de maniobra del próximo gobierno en materia de gasto público.
En el transcurso del año, la autoridad corrigeó varias veces su escenario: desde un déficit originalmente proyectado en -1,6%, pasando por -2,2%, hasta alcanzar el nuevo rango más exigente. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, admitió que el cierre estará más próximo a -2,7%, cifra que deberá ser confirmada cuando la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregue el resultado final del ejercicio fiscal hacia fines de enero. Mientras tanto, el debate público se concentra en las implicancias políticas, la composición del gasto y las restricciones que heredará la próxima administración.
Escenario fiscal y revisión de metas: del -1,6% al -2,7%
La trayectoria del déficit para 2025 ha evolucionado en un marco de mayor tensión presupuestaria. Lo que empezó con un objetivo de -1,6% del PIB fue cediendo ante una realidad más compleja y, según la propia autoridad, se ubicaría ahora en torno a -2,7%. La confirmación oficial de la Dipres será clave para despejar el saldo final y, sobre todo, para clarificar la composición de los desvíos respecto de las metas previamente anunciadas.
Este resultado se convierte en el tercer incumplimiento consecutivo, un hito que intensifica las presiones internas y externas sobre la conducción fiscal. Más allá de las causas puntuales, el nuevo cuadro obliga a recalibrar expectativas y sugiere un cierre de año con menores holguras, forzando a la próxima administración a actuar con mayor cautela en la ejecución del presupuesto.
La “herencia fiscal” para el próximo gobierno
El concepto de “herencia fiscal” gana fuerza entre analistas y actores políticos como marco de interpretación del escenario que recibirá el presidente electo José Antonio Kast. Con un déficit mayor al estimado inicialmente, el margen para el manejo del gasto público se estrecha, y desde sectores de oposición ya se advierte que la realidad fiscal podría traducirse en recortes presupuestarios más profundos que los comprometidos en campaña.
Desde el oficialismo, en tanto, se ha buscado moderar las críticas, subrayando que, pese al desvío respecto de las metas, la administración Boric dejaría indicadores macroeconómicos en mejor pie que los recibidos, destacando entre ellos avances en el control de la deuda pública y otros equilibrios de carácter estructural. Esta visión tensiona el debate público sobre qué tan restrictivo será el punto de partida y hasta dónde se justifica una mirada predominantemente de ajuste.
Tensión en el Congreso: el reajuste del sector público bajo la lupa
La discusión fiscal escaló durante la tramitación de la ley de reajuste del sector público, donde bancadas de la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano manifestaron su rechazo, acusando al Ejecutivo de intentar traspasar un reajuste sin financiamiento al próximo gobierno. La controversia, que ya venía incubándose por la secuencia de revisiones del déficit, cristalizó en una crítica transversal desde la oposición.
En una declaración conjunta, parlamentarios de la Comisión de Hacienda cuestionaron la conducción del ministro Nicolás Grau y advirtieron sobre una eventual responsabilidad política. Argumentaron que, en la medida en que las advertencias sobre el deterioro fiscal se conocen hace meses, existe el derecho a presumir que el objetivo habría sido trasladar el costo político y fiscal a la administración entrante, lo que calificaron como un acto de irresponsabilidad y mala fe democrática. Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero reforzó ese enfoque, señalando que las consecuencias del manejo fiscal actual terminarán siendo asumidas por la ciudadanía y acusando al Gobierno de improvisación económica.
La respuesta del oficialismo y el énfasis en los equilibrios
Frente a la ofensiva opositora, voces del oficialismo han optado por recalcar la existencia de equilibrios macroeconómicos que —sostienen— quedarían mejor encaminados que al inicio del mandato. Entre ellos, se menciona el control de la deuda pública y otros aspectos del marco fiscal que, a su juicio, permitirían sostener una transición ordenada incluso en un entorno de déficit mayor al esperado.
La tensión entre ambas lecturas —una más contractiva, otra más defensiva— pone en el centro la credibilidad de las metas y la disciplina de la ejecución. El punto crítico será observar cómo se compatibiliza la conclusión del ejercicio 2025 con los compromisos vigentes y con la necesidad de preservar un rumbo fiscal que no agote el espacio del próximo gobierno para responder a las prioridades sociales y productivas.
Prioridades del equipo entrante: inversión, empleo y desregulación
Más allá del cruce político, el equipo del presidente electo ha enfatizado que su agenda inmediata buscará reactivar la inversión y el empleo. En un encuentro reciente en Icare, José Antonio Kast y su principal asesor económico —y eventual ministro de Hacienda— Jorge Quiroz delinearon los primeros ejes del nuevo ciclo económico, con un sello pro-competitividad y de simplificación normativa.
Entre las medidas anunciadas, Quiroz propuso una agenda de desregulación orientada a destrabar proyectos de inversión mediante la reducción de la “maraña regulatoria”, la eliminación de permisos y una profunda simplificación normativa. Como ejemplo, aludió al sector de la construcción, donde se buscaría disminuir drásticamente la cantidad de instructivos y circulares vigentes, junto con avanzar en la liberalización del suelo y la desregulación del urbanismo. Según el equipo entrante, estas medidas podrían impulsar con rapidez el crecimiento, cerrando la brecha entre la urgencia por dinamizar la actividad y las restricciones que impone el cuadro fiscal.
Lo que está en juego para 2025
El cierre de 2025 será una prueba de fuego para la coherencia entre objetivos fiscales y metas de crecimiento. La confirmación del déficit en torno a -2,7% del PIB obligará a sopesar con cuidado el ritmo y la secuencia de las reformas pro-inversión, particularmente si el nuevo gobierno busca preservar grados de libertad presupuestaria sin profundizar tensiones políticas. En ese tránsito, el rol de la Dipres en la entrega y lectura del cierre fiscal será determinante para el debate público y para la construcción de confianzas entre oficialismo, oposición y el equipo entrante.
De cara a los próximos meses, el punto de convergencia —más allá de la disputa política— será cómo compatibilizar estabilidad fiscal, credibilidad de las metas y reactivación. La discusión legislativa sobre el reajuste del sector público ya mostró que el margen de acuerdo es estrecho. La capacidad de alinear prioridades y tiempos será tan relevante como la consistencia técnica de las decisiones que se adopten.
En un escenario tensionado por cifras y expectativas, la herencia fiscal se transformó en el telón de fondo de un giro de ciclo. La administración saliente defiende sus equilibrios; la entrante, a través de Jorge Quiroz, prioriza la simplificación y el impulso a la inversión. Entre ambas visiones se definirá, en buena medida, el pulso económico del año y el espacio de acción del próximo gobierno.
Fechas y definiciones clave
- Cierre fiscal 2025: El resultado oficial será informado por la Dipres hacia fines de enero.
- Trayectoria del déficit: Revisión desde -1,6% a -2,2% y proyección cercana a -2,7% del PIB.
- Hoja de ruta entrante: En Icare, José Antonio Kast y Jorge Quiroz adelantaron ejes de reactivación con foco en desregulación.
Actores y posiciones
- Nicolás Grau: Reconoce proyección de déficit cercana a -2,7% y queda a la espera del cierre de Dipres.
- Oposición (UDI, RN y Republicanos): Rechaza el reajuste del sector público y acusa intento de traspasar costos al próximo gobierno.
- Agustín Romero: Sostiene que la ciudadanía asumirá las consecuencias y critica la improvisación económica.
- Oficialismo: Defiende avances en control de la deuda pública y mejores equilibrios macro que los heredados.
- Equipo de Kast: Prioriza inversión, empleo y desregulación para impulsar el crecimiento.
